Hoy se ha publicado en el diario El País una lista de pasajeros de los vuelos de Estado, facilitada por el Ministerio de Defensa, que incluye altos cargos, asesores, periodistas, empresarios, parlamentarios y parientes de políticos. Esta información es resultado de una lucha iniciada por Civio en 2015, reclamando que fuera pública por todos los cauces y llevando la pugna a los tribunales. Lucha que persiste porque, tras dos años pidiendo la información, Defensa aún no nos ha facilitado ningún dato.

La información que Defensa ha dado a ese diario es parcial. No contiene respuestas a algunas preguntas -¿a dónde viajan estas comitivas? ¿Por qué figuran parejas y parientes de altos cargos en ellas? Pero, lo más importante, no proporciona ningún dato anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en diciembre de 2014. Defensa se basa en un fallo de la Audiencia Nacional que -como hemos denunciado- deteriora gravemente el derecho de acceso a la información y de la transparencia de las instituciones, reinterpreta la ley y puede crear jurisprudencia. Por eso, debemos oponernos.

Con todo, queremos poner de relieve la situación perniciosa que ha creado el Ministerio de Defensa: al no respondernos, castiga a quienes están llevado su opacidad a los tribunales. Por eso mismo, lo seguiremos haciendo. Esperábamos que el ministerio cumpliera el fallo de la Audiencia Nacional que le insta a darnos la lista de pasajeros, pero el Gobierno ha preferido responder a un solicitud, idéntica, del diario El País, apoyada en la sentencia favorable a Civio. Y nosotros seguimos a ciegas.

En Civio entendemos que no es función de la Administración escoger a quién da o no la información. Nosotros la hemos solicitado y ella debe proporcionarla (máxime con una sentencia judicial favorable) o facilitársela a todos los ciudadanos a través de una web pública, la del ministerio. Denegársela a un solicitante y otorgársela a otro, arbitrariamente, no es respetar el derecho a la información pública que nos ampara a todos por igual. Es jugar a los favores -o castigos- según los intereses de siempre.

En nuestra opinión, detrás de esta actitud está una convicción, la de siempre, de que la información le pertenece a las administraciones y no a los ciudadanos. Ellas la gestionan y, por eso, pueden mercadear con ella a conveniencia. Aún no se han hecho a la idea de que los datos que atesoran son de todos, que su uso es público, y que tienen una ley que cumplir.

Es un episodio indignante, pero que no nos va a alejar de lo verdaderamente importante: se pretende dejar a todos los ciudadanos ciegos a cualquier información creada o recogida antes de diciembre de 2014. La ley impone excepciones a la información que se debe dar, pero la antigüedad de la misma -que sea posterior a la entrada en vigor de la norma- no es una de ellas. Hasta ahora, hemos obtenido datos anteriores a la ley sin problemas. Y por eso estamos luchando para seguir haciéndolo.