La ley del indulto se aprobó en 1870 y ha llegado hasta hoy, siglo y medio después, con apenas modificaciones. Su reforma, más tratándose de una figura heredada de épocas absolutistas, hace mucho tiempo que es imprescindible. Ahora, el Congreso se ha puesto a ello tras desatascar el trámite de una proposición de ley presentada por el PSOE hace más de dos años.

Desde Civio celebramos que, al fin, este tema se ponga sobre la mesa. No obstante, nos preocupa que el debate en ponencia -y, por derivación, en los medios de comunicación- acabe convirtiéndose en un mercadeo de tipos de delitos indultables y no indultables, y que se olvide cuál es la verdadera necesidad: una reforma a fondo que adapte esa figura a los niveles de exigencia democrática que exige la ciudadanía, para que deje de usarse de forma arbitraria y por intereses políticos según el Gobierno de turno.

Por eso, reclamamos que los grupos vayan más allá del interés electoralista del momento y se centren en una reforma del indulto centrada en poner coto a la discrecionalidad de este poder y aplicar la transparencia y rendición de cuentas para quien lo ejerza en todos los casos, para cualquier delito y más allá de la coyuntura del momento. Las reformas como esta no deben plantearse para resolver -o aparentar resolver- solo problemas a corto plazo.

Así, pedimos que en la ponencia se tengan en cuenta aquellas enmiendas que:

  • Ponen coto al poder arbitrario de indultar: haciendo obligatorio que el informe del juez sea favorable para conceder el indulto.
  • Exigen que la decisión deje de ser arbitraria y sin más límites que los formales: obligando a que la motivación de cada caso, detallada, sea pública, tal y como exige el Tribunal Supremo desde hace cinco años, y que se acompañe de toda la información necesaria para valorar si la decisión es justa, como el informe del tribunal. También a la hora de las denegaciones: el ciudadano tiene derecho a una negativa motivada y a tiempo.
  • Establecen controles más estrictos, con comparecencias públicas en el Congreso que den cuenta de detalles sobre la aplicación de esta figura y propicien el debate.

Aplicando los mismos principios, pedimos que no se aprueben aquellas enmiendas que:

  • Otorgan más poder a la figura: permitiendo, por ejemplo, la supresión de los antecedentes penales.
  • Mantienen expresiones genéricas para evitar rendir cuenta de las razones de cada indulto.
  • Vetan los indultos para algunos tipos de delito.

En definitiva, exigimos que los criterios de justicia y equidad que exige esta figura se cumplan de verdad, así como la debida motivación en todas y cada una de las decisiones que se toman desde lo público. Y eso aplica a todos los tipos de delito. No sirve de nada vetar algunos si luego hay barra libre para el resto. Y que la ley del indulto, que necesita una reforma urgente, no se use para arreglar aspectos de otras áreas, para tapar agujeros, y esta reforma se aproveche para reformar a fondo esta medida.

Aquí puedes consultar el documento completo de recomendaciones que hemos trasladado a los grupos presentes en la Comisión de Justicia del Congreso.

Por qué nos consideramos una voz autorizada en la materia

En febrero de 2013, Civio publicó una base de datos con todos los indultos concedidos en España desde 1996. Era la primera vez que esa información se hacía pública, y desde entonces ha sido la fuente de referencia en España sobre el uso que se hace de esta medida de gracia.

Fruto de nuestra investigaciones, hemos demostrado, por ejemplo, que los delitos contra el medio ambiente, delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación de funcionarios públicos y malversación suman los porcentajes más altos de medidas de gracia por condenas. También, que cuando el Gobierno ha asegurado que no ha indultado a corruptos, mentía. Desde 1996, se han concedido 227 indultos a condenados por corrupción. La mayoría de ellos perdona delitos de prevaricación y malversación.

El indultómetro ha trascendido en estos años de proyecto periodístico a eficaz herramienta de rendición de cuentas y control de los poderes públicos. Sacar a la luz por primera vez los datos de concesión de indultos tuvo un importante efecto. Desde que nació El indultómetro y empezamos a monitorear las cifras, el número de concesiones ha bajado significativamente. Y no somos los únicos en señalar este impacto directo. Como reconoció Juan Bravo Rivera, subsecretario de Justicia entre 2012 y 2014) sobre el descenso en el número de indultos en el libro ‘Yo te perdono’: “no es que haya habido dos o tres casos mediáticos, sino que ahora mismo tienes El indultómetro, que antes no existía”.

Hoy, El indultómetro es un caso de estudio internacional de cómo una base de datos generada por la sociedad civil ha sido utilizada con éxito como herramienta de incidencia pública. Por eso, la usamos muy activamente para pedir una reforma completa de la ley del indulto. Nuestras recomendaciones tuvieron un impacto reconocible en los programas electorales de los principales partidos en 2015. Sin embargo, desde entonces no ha habido voluntad política de acometer esta reforma. Por eso, el proceso que tiene lugar actualmente en el Congreso es una oportunidad que no debemos desaprovechar.