Llegó a Madrid la noche anterior, tras varios días de viaje en autobús desde Varsovia. A sus 62 años, esta mujer tuvo que huir de Mariúpol, donde vivía cerca del gran teatro destruido por los bombardeos del ejército ruso, nos comenta su hija, que la espera a la salida del centro de acogida de Pozuelo. Primero tuvo que ir a Berdiansk, ciudad contigua en el mar de Azov, en dirección a Crimea. Toda la zona ha sido ocupada por las tropas rusas. Desde allí se dirigió a la frontera con Polonia hasta llegar a su capital, donde puso rumbo a España. Más de 4.500 kilómetros después se reúne con su familia, que ha venido desde Alicante para recogerla. Ella es una de las 36.168 refugiadas por la invasión rusa de Ucrania que, hasta este lunes, han recibido la protección internacional en España. Son las únicas cifras oficiales disponibles de personas que han llegado, pero el número real sería superior. Desde el inicio de la guerra y hasta el cierre de este artículo, más de 4,2 millones de personas han huido de Ucrania, según ACNUR.

Los procedimientos de asilo y acogida son independientes, aunque están relacionados. El primero –el papeleo, los permisos de residencia y trabajo– es responsabilidad del Ministerio del Interior, que es quien concede o no la protección internacional, ya sea como refugiado, por protección subsidiaria o por razones humanitarias; el segundo, competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, trata la gestión humanitaria –alojamiento, manutención, atención sanitaria y asesoría legal, etc.– y, a menudo, lo gestionan las ONG.

El pasado 10 de marzo, el Gobierno puso en marcha el procedimiento para otorgarles el derecho de asilo en menos de 24 horas, tras la activación de la directiva europea sobre concesión de protección temporal ante flujos masivos de desplazados. Así, con el reconocimiento de su condición de refugiados, tras escapar de un infierno y aún con muchas dificultades por delante, al menos ya pueden residir, trabajar, recibir atención médica, escolarizarse e incluso conducir de forma legal en España. Aunque las 24 horas son desde que registran su solicitud, eso sí. Porque en el teléfono de citas previas habilitado por el Ejecutivo está dando fechas para junio, confirman en el consulado de Ucrania. No hay colas en las calles pero haberlas, haylas.

Este procedimiento exprés se salta varios de los pasos del ordinario y es, en la práctica, automático. Si se cumplen los requisitos, se emite la confirmación del asilo temporal una vez que la solicitud se graba en el sistema, sin que sea necesaria la instrucción de un expediente por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), la validación de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), que se reúne una vez al mes, y la posterior firma del ministro del Interior. Esta simplificación ha evitado añadir más expedientes al cauce habitual, ese al que deben acudir el resto de solicitantes de asilo, como sirios, venezolanos o colombianos, ya de por sí saturado. Y es que al cierre de 2021 la Oficina de Asilo y Refugio acumulaba 104.025 expedientes abiertos. Al ritmo de resolución de los últimos meses, este atasco supone el equivalente a 17,4 meses de trabajo, según datos de Eurostat recopilados por Civio (metodología). Esto sin contar con quienes esperan su primera cita con Extranjería, donde la dificultad de acceso ha generado un mercado de compraventa de turnos.

España es el tercer país europeo con mayor número de personas pendientes de respuesta, por detrás de Francia y Alemania. Y la cifra no para de crecer desde el año pasado. En apenas dos meses, se han acumulado 7.715 casos más hasta alcanzar, a 28 de febrero, las 111.740. En este tiempo, la Oficina de Asilo y Refugio recibió 17.320 solicitudes de asilo y resolvió 11.053, según datos de Interior. Aunque el ministerio, ante las preguntas de Civio, rechaza esta tendencia, los datos de Eurostat, que provienen del propio ministerio, la confirman.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021, por primera vez, los casos acumulados de solicitantes de asilo empezaron a caer. La plantilla de la Oficina de Asilo y Refugio, responsable de la instrucción de los expedientes, alcanzaba entonces los 260 empleados activos –venía de tener 53 en 2018–, entre funcionarios e interinos, según datos del Portal de Transparencia y, debido al estado de alarma y con una administración cerrada al público, apenas se registraron solicitudes de protección internacional en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, aunque tampoco se reunió la Comisión Interministerial, parte final del procedimiento ordinario. Después de este paréntesis, la curva de solicitudes pendientes ha vuelto a crecer.

Información y cita previa | Інформація та попередній запис | Информация и записи на прием +34 91 047 44 44

Cómo llegar a los centros para los refugiados de Ucrania | Як дістатися до центрів для переміщених осіб з Укнаїни в Іспанія | Как добраться до центров для беженцев из Украины в Испании: Ciudad de la Luz de Alicante, Palau 7 de la Fira de Barcelona, Pozuelo (Madrid) y Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Teléfonos 24 horas en todas las provincias | Цілодобові номери телефонів у кожній провінції Іспанії | Круглосуточные телефонные номера во всех провинциях Испании

Más info | Більше інфо | Больше инфо www.inclusion.gob.es

Asilo y acogida: sistemas estancos, hasta ahora

El centro de recepción, atención y derivación (CREADE) de Pozuelo, en Madrid, es un ir y venir de personas. Una familia con un niño llega sin cita pero con mochilas y bolsas. Les permiten pasar. Otro grupo de mujeres con varios menores, sin equipaje, se dan media vuelta, resignadas. Les remiten al teléfono de información para hacerse con un turno. Se acercan donantes –de ropa, pañales…– e interesados en ayudar, que piden información.

Elmira y Ana, con el grupo que han recogido en Pozuelo. | Fernando Sánchez

También hay salidas. Las de quienes abandonan el centro con sus maletas, con la burocracia terminada. Y quienes esperan fuera, como Ana y Elmira. “Rescaté a mi familia hace dos semanas, que fui con cinco policías municipales de Madrid, voluntarios, a la frontera con Polonia”, relata Elmira. Vienen con un amigo a recoger a su madre y a una mujer con sus dos hijos. Desde el estallido de la guerra, echan una mano a familiares y vecinos de su ciudad natal, Cherníhiv, al norte de Ucrania, cerca de Bielorrusia y Rusia. Les llevan a Lagartera, en Toledo, donde, gracias a un conocido, les prestan ayuda. “Cada una estamos en cinco grupos de Telegram”, dice Ana, donde circulan desde anuncios sobre traslados desde la frontera ucraniana a otros países hasta ofertas de trabajo para los recién llegados.

“¿Qué pasa con quién no tiene redes? ¿El sistema está preparado?”, cuestiona Virginia Álvarez, responsable de investigación en derechos humanos y asuntos internacionales de Amnistía Internacional, que se pregunta también si se han dimensionado los servicios sociales de los municipios que van a recibir a los refugiados. En 2016 publicaron un informe sobre el sistema de acogida y sus déficits y, por su experiencia, cree que no. “No es solamente darles una bolsita de bienvenida y hacerte la foto con ellos”, avisa Álvarez, sino “garantizarles una estabilidad”. Además, critica que “gran parte del peso de esta acogida está dejándose en manos de las organizaciones humanitarias y no de los gobiernos”. En Barcelona, Alicante y Málaga hay centros como el de Madrid, gestionados por las oenegés ACCEM, Cruz Roja y CEAR, donde ofrecen una atención integral. A diferencia de las 71 comisarías de la Policía Nacional (todas las capitales de provincia, más Ceuta, Melilla, Gijón, Vigo y Algeciras) habilitadas, donde solo pueden tramitar su petición de asilo, en los CREADE también reciben, si lo necesitan, asistencia humanitaria. Todo, de forma excepcional, en un mismo lugar.

El Gobierno, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, se comprometió con Bruselas a reformar los sistemas de asilo y de acogida. Moncloa reconoció la existencia de “prolongados tiempos de espera” y “bajas tasas de reconocimiento de los solicitantes de protección internacional”. Para cumplir este objetivo, una de las medidas fue la aprobación, la semana pasada, del reglamento sobre el sistema de acogida, pendiente desde 2009, por el se permite su acceso desde el momento de presentar la solicitud y cumplir así con las directivas europeas en materia de asilo, recuerda la portavoz de Amnistía Internacional. Entre otras cuestiones, este reglamento fija una valoración personalizada de quienes huyen de su país, algo que, hasta ahora, no siempre se cumplía. “En Canarias, donde tienes un solo traductor para un grupo de diez, son entrevistas colectivas, en las que ni siquiera se separan hombres y mujeres. ¿Cómo vas a identificar una víctima de trata? ¿O un hombre que esté huyendo por persecución por orientación sexual? ¿Cómo identificas todo eso?”, protesta Álvarez.

“Algunas nacionalidades van al peso”

¿El problema es la evidente falta de recursos o hay algo más? Para la portavoz de Amnistía Internacional, también lo es la “ineficiencia”. Y enumera algunas de sus consecuencias: la falta de coordinación entre distintos niveles administrativos, el desamparo de quienes esperan durante meses, la falta de seguimiento y la poca personalización de la respuesta: “A veces tenemos la sensación de que algunas nacionalidades van al peso, de que no hay una valoración individual”.

Georgina Molina, de Nicaragua, recibió el asilo político en su segundo intento, después de varios años de espera. Molina está de acuerdo con cómo se está tratando a los ucranianos, pero cree que debería ser igual con todos los refugiados. Esta psicóloga de 37 años fue víctima de torturas y extorsión policial por el régimen sandinista de Daniel Ortega y acusada de financiación del terrorismo por llevar comida a unos manifestantes en la universidad, asegura. Ante la pregunta de si percibe discriminación de trato, es tajante: “Uf, sí. Y la sentís. La sentís en la piel”. Renunció al sistema de acogida “por orgullo”, pero el de asilo, el camino burocrático, lo conoce bien. “Cuando trabajas con personas tenés que tener mucho cuidado y mucha formación en el sentido humanitario”, valora Molina, en referencia a las entrevistas tanto iniciales, en extranjería, como en la fase de instrucción, en la Oficina de Asilo y Refugio. “Yo me acuerdo que cuando me preguntaron ‘¿Por qué estás aquí?’ lo primero que le dije fue ‘bueno, yo soy feminista’. Y me dice ‘¡Ah! Sos feminista. Aquí vas a vivir bien de eso porque hay todo un chiringuito montado’”, relata. Tras una temporada en España entendió el sesgo del policía que le atendió. Y aún sigue molesta.

“Sentís la discriminación en la piel”

Georgina Molina, refugiada de Nicaragua

Coincide con ella Carmen Caraballo, de Venezuela. Fue un alto cargo en uno de los seis municipios de Caracas regido hasta 2018 por un partido opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, cuando les sucedió un alcalde del oficialismo, que les amenazó públicamente. Caraballo preparó su viaje a España en dos semanas, ante el temor de acabar en ‘la tumba’, una cárcel bajo tierra donde terminan “los perseguidos políticos” en la que “ha habido muchas muertes”, narra. “En la segunda entrevista que me hicieron [en España], lo primero que me dijo el funcionario fue ‘otra más’ y eso ya te rompe”, cuenta Caraballo, “yo quisiera estar en mi casa, al otro lado del océano, trabajando, con mi familia”. A diferencia de la nicaragüense, Caraballo sí que recurrió al sistema de acogida. Fue una etapa difícil, de miedos y desconfianza, explica. Tardó un año y medio en recibir la protección internacional. Al mirar atrás, y después de su experiencia en el sistema de acogida, “en el que hay muchísima gente profesional, que hace muy bien su trabajo” echa en falta “un trato más humano y empático” de los funcionarios del Ministerio del Interior. Cree que los trabajadores sociales deberían estar en la primera entrevista, “cuando vienes más vulnerable”, en la que se solicita el asilo. “Ahí tiene que estar alguien de acompañamiento al funcionario”, reflexiona Caraballo. Ambas coinciden en lo liberador de un resultado positivo. Y que sea, en cierta forma, un reconocimiento de la represión que sufrieron. “Que te den un papel que diga asilo político es sentir que se hizo medianamente justicia”, zanja Georgina Molina.

Los datos provienen de Eurostat. Hemos descargamos dos datasets completos en CSV: Solicitantes de asilo por tipo de solicitante, nacionalidad, edad y sexo - datos mensuales y personas con solicitud de asilo pendiente a final de mes por nacionalidad, edad y sexo - datos mensuales.

Y realizamos queries SQL sobre estos datasets usando q, para quedarnos con los totales de solicitudes y solicitudes pendientes para cada país, ignorando género y rangos de edades.

Para esta serie de artículos hemos usado los datos de los países miembros de la Unión Europea. Son datos históricos desde 2008. Los más recientes son del 31 de diciembre de 2021, porque es la última fecha en la que tenemos información de los 27, excepto Lituania, cuyas últimos datos son de septiembre de 2019. Los datos publicados están redondeados a múltiplos de cinco, por privacidad.

La cifra de meses de retraso la calculamos sumando las solicitudes recibidas en los últimos meses, yendo hacia atrás, hasta igualar las pendientes. Así, el número de solicitudes pendientes de resolver equivale al número de solicitudes recibidas en los últimos 12 meses.

Puedes descargar todos los datos que hemos usado, aquí.

La visualización está hecha en Observable usando D3.js.