El impacto de Civio en la primera norma estatal de lobby: más información, más actualizada y supervisado por el Consejo de Transparencia
El decreto ley publicado en el BOE incluye muchas de las recomendaciones de Civio, presentadas como enmiendas de distintas formaciones en la tramitación del proyecto de ley que se quedó atascado, hace un año, en el Congreso.
El Gobierno aprueba vía decreto ley la regulación del lobby para desatascar su tramitación en el Congreso
El proyecto de ley, que se llevó a la Cámara en enero de 2025, llevaba desde hace casi un año bloqueado en la comisión parlamentaria. Incluye algunas de las enmiendas presentadas por los grupos en ese proceso.
Ocho meses después de la sentencia del Supremo, seguimos sin tener acceso al código de BOSCO
Mientras, y aunque la jurisprudencia que creó la sentencia del pasado mes de septiembre es clara y se está usando en otras peticiones de código, algunas administraciones se niegan a aplicarla.
La larga travesía de más de un año, y sin final feliz, para saber quiénes son los asesores en los ministerios
La Dirección General de Función Pública, que tiene los datos, ignora al Consejo de Transparencia y se inventa un nuevo proceso para que respondan los ministerios: la mayoría de ellos oculta, como mínimo, algunos nombres .
Las excusas de la mayoría de ministerios para ocultar quiénes son sus asesores
Solo cuatro de los 22 responden con el listado completo de su personal eventual. La mayoría omiten a quienes están en niveles inferiores, en contra del criterio del Supremo. Y Presidencia e Inclusión dan un listado de puestos, pero sin nombres. Interior no responde.
Civio lleva a los tribunales que el Gobierno ignore al Consejo de Transparencia y oculte el nombre de los asesores
En julio de 2024, el CTBG decidió que tenían que darnos la lista del personal eventual, pero la Dirección General de Función Pública ha hecho oídos sordos. Por eso, presentamos recurso contencioso-administrativo por inactividad de la administración.
Más de un millar de resoluciones del Consejo de Transparencia han sido ignoradas desde 2016
Ministerios, gobiernos autonómicos y ayuntamientos han decidido hacer caso omiso de las resoluciones que les obligan a proporcionar información a la ciudadanía.
Los intereses comerciales y económicos: el motivo más repetido para vetar el acceso a información pública
Entre finales de 2014 y 2023 se han inadmitido más de un 20% de las solicitudes de transparencia. De las que han llegado a tramitarse, se rechazó el acceso total o parcial a la información en, al menos, un 4,6%.