La compra de nuevos medicamentos es como un agujero negro: una región donde los poderes que actúan son tan intensos que ni la luz puede escapar de ellos. Aunque la ley obliga a que todos los contratos públicos sean transparentes, en la sanidad pública la realidad es bien distinta. Desde 2017 hemos peleado para evitar la opacidad, buscando en miles de contratos públicos y compartiendo en abierto los datos sobre los precios reales de vacunas, del fármaco Sovaldi o de las terapias CAR-T. Y también luchando en tres juicios diferentes para que el dinero público que se destina a la compra de cada nuevo medicamento deje de ser un auténtico misterio, un agujero negro donde literalmente sea imposible que entre la luz.

Toda la información de nuestros juicios, en abierto

Desde el año pasado nos hemos personado en tres juicios diferentes, con la ayuda de nuestro abogado y patrono, Javier de la Cueva. Estamos batallando en los tribunales para defender que los precios reales y las condiciones de financiación de los medicamentos se consideren información pública. Lo hacemos en tres casos, además, donde son elevadísimos los precios máximos que está dispuesta a pagar la administración y cuyo importe no coincide con el que finalmente se acaba abonando: Yescarta (327.000 euros); Luxturna (345.000 euros por cada ojo; 690.000 euros en total) y Zolgensma (1.945.000 euros). Puedes acceder a la cronología y la documentación completas de los tres juicios aquí.

A partir de 2019, comenzamos a pedir al Ministerio de Sanidad, vía solicitud de acceso a la información pública, un documento importantísimo: la resolución que debe emitir antes de que un nuevo medicamento empiece a ser financiado por la sanidad pública. En este papel se plasman dos detalles esenciales: el precio real y las condiciones de financiación de cada nuevo medicamento, que han sido negociados en secreto entre la administración y cada compañía farmacéutica. Y es que ya no sólo vale saber el precio que abonan las arcas públicas por cada nuevo tratamiento, sino también las condiciones de pago que han sido pactadas con la industria sin luz ni taquígrafos. Pero, en todas las solicitudes al Ministerio de Sanidad, nos topamos con lo mismo: según contamos el pasado mes de julio, siempre hemos recibido un portazo como respuesta.

En 2020, obtuvimos la primera victoria: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se puso de nuestro lado y reconoció que los precios que se abonan por los medicamentos no deben ser confidenciales. Y en los dos años siguientes volvió a darnos la razón en sus resoluciones (que puedes leer aquí y aquí). Durante estos más de seis años de lucha, la respuesta del Ministerio de Sanidad y de la industria farmacéutica ha sido, como mínimo, sorprendente. Estas son algunas de las argucias que nos hemos encontrado por el camino:

  • La farmacéutica Gilead Sciences nos acusó de “antisistema”, alimentando la conspiranoia.

  • El bufete que representa a la multinacional Novartis pidió la modificación de la Ley del Medicamento para que la confidencialidad fuese absoluta respecto a la compra pública de fármacos.

  • Aunque el artículo 97 de la Ley del Medicamento dice que sólo es confidencial la documentación que la administración “obtenga” de los laboratorios mientras se negocia el precio, el Ministerio quiere que ese secretismo se aplique también a sus propias resoluciones.

  • Además, el Gobierno dice que dar acceso a esa información pública vulneraría los intereses económicos y comerciales, cuando los medicamentos que investigamos gozan de exclusividad comercial y, por ello, no tienen competidores en el mercado.

  • El Ministerio de Sanidad también alerta, sin pruebas, de que la transparencia vulneraría los intereses nacionales y haría subir el gasto farmacéutico.

  • En resumen, lo que hacen es repetir, punto por punto, los argumentos de la industria farmacéutica: que la confidencialidad es necesaria porque, así, cuanto más rico es un país, más dinero paga por los medicamentos (spoiler: sabemos que no).

Desde Civio pensamos que, por culpa de ese oscurantismo, el Gobierno no sólo negocia a ciegas, sino que también lo hace peor. Por este motivo, seguiremos peleando, como llevamos haciendo desde 2017, para combatir la falta de transparencia, vigilar a los poderes públicos y exigir rendición de cuentas, también en los temas sanitarios. Vamos a seguir luchando, cueste lo que cueste, llegando al Tribunal Supremo si hace falta, para conocer en detalle no sólo el precio, sino también las condiciones de financiación acordadas en secreto. Y para que podamos compartir estos datos en abierto, contribuyendo al debate informado sobre el acceso a la salud, es decir, sobre lo que realmente nos importa a todas y todos.