Nuestro impacto y el de nuestros donantes

Civio ha supuesto un antes y un después para la transparencia y para el acceso a la información en España. La prueba son los avances reales, el impacto positivo para toda la sociedad, que estamos logrando desde 2012 con nuestra forma de hacer periodismo e incidencia.

Ante todo, somos servicio público. Esto es lo que hacemos posible -y cómo, paso a paso- con el empuje imprescindible de nuestros socios y socias.

Hacemos más difícil la corrupción y el mal uso de contratos públicos Ayudamos a que las ayudas públicas lleguen a quienes las necesitan Frenamos el uso masivo y opaco de los indultos Destapamos y evitamos abusos e injusticias Cambiamos leyes para lograr una transparencia real y eficaz Ganamos en los tribunales para mejorar nuestro derecho a saber Eliminamos barreras entre administraciones y personas Liberamos información y datos inéditos al uso público

  • Hacemos más difícil la corrupción y el mal uso de contratos públicos

    Los casos más graves de corrupción de los últimos años están vinculados a la contratación pública, y no es casualidad. El proceso completo de un contrato nunca ha sido transparente, y nadie lo vigilaba sistemáticamente para detectar irregularidades. Pero, en 2017, nuestras investigaciones sobre contratos públicos saltaron de los titulares al Congreso. De sacar a la luz abusos a cambiar la ley.

    • Vigilancia diaria

      Desde 2013 escrutamos el BOE y otras fuentes para informar sobre nuevos contratos públicos, conocer a fondo su funcionamiento y comprender el origen de las irregularidades. Por ejemplo, en la adjudicación de campañas de publicidad institucional que esquivaban la ley.

    • Investigando a fondo

      En 2016 presentamos Quién cobra la obra, la primera gran radiografía de los contratos de obra pública en España. Más de 8.000 adjudicaciones de obra pública -por unos 39 millones de euros- analizadas para saber qué empresas se los llevaban, cómo y qué factores podían entrañar riesgos de corrupción. Comprobamos que información esencial para vigilar abusos nunca llegaba al conocimiento público.

      Ese sería el germen de otras investigaciones que vendrían después. De aquella sobre los contratos menores y el conocido fraccionamiento o troceo para adjudicar expedientes a dedo a la más reciente sobre el uso de los contratos de emergencia en pandemia. Seguro que no te imaginabas que, al amparo de la emergencia sanitaria, se compraban camellos para la cabalgata de Reyes o pistolas taser. Hasta que lo demostramos, nosotros tampoco.

    • Servicio público

      En los meses posteriores, abrimos decenas de bases de datos al uso colectivo. Como esta de adjudicaciones sospechosas de haber sido fraccionadas. Y, créenos, se usan. También compartimos datos y métodos de análisis con agencias anticorrupción, ya que sus recursos nunca son suficientes para el gran reto que tienen por delante. Y durante meses reunimos a expertos, responsables públicos, colectivos de la sociedad civil y ciudadanía para aprender sobre cómo mejorar la contratación pública en España. Todo lo aprendido, que fue mucho, es público.

    • Influencia (es decir, lobby)

      Pero de poco sirve denunciar malas prácticas si no contribuimos a evitarlas. Y en 2017 el momento era clave: España debía adaptar su contratación pública a las normas europeas, así que cogimos todo lo aprendido, le dimos forma de recomendaciones y de enmiendas muy concretas, y acudimos al Congreso de los Diputados. Nuestro objetivo: elevar las obligaciones de transparencia y de prevención de la corrupción en el nuevo texto.

      Entre 2016 y 2017 mantuvimos cinco reuniones, y una videoconferencia, con los principales partidos con representación parlamentaria. Y, como para exigir transparencia hay que predicar con el ejemplo, tanto las fechas como quiénes asistieron a estos encuentros y los documentos que intercambiamos son públicos en nuestro propio registro de reuniones.

    • Impacto

      El esfuerzo tuvo premio: varias de nuestras propuestas se convirtieron primero en enmiendas para ser debatidas, y después en ley.

      La nueva norma incluyó artículos escritos por Civio de puño y letra, sacados directamente de las enmiendas que sugerimos a los partidos meses antes. El más importante: que todo el proceso de un contrato -de los estudios previos a las modificaciones, ejecución y más- tenga que ser más transparente. También se creó un organismo de vigilancia anticorrupción -la actual Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON)-, aunque sin toda la independencia y recursos que reclamábamos.

    • ¿Y ahora?

      Hoy seguimos trabajando en nuevas formas de investigar y controlar desmanes en el uso de los contratos públicos. Nuestro empeño está en que la ley se cumpla sistemáticamente y de forma íntegra, pues sabemos que muchos organismos solo están publicando una parte de la información a la que están obligados. También en reclamar más independencia y recursos para el ente que debe velar por el cumplimiento de la ley y detectar irregularidades. Ya hemos puesto la base, pero toca ser persistentes y no permitir ni un paso atrás.

    • Ayudamos a que las ayudas públicas lleguen a quienes las necesitan

      Las ayudas públicas no sirven si no llegan a quienes más las necesitan. El bono social de electricidad es un ejemplo sangrante. Una normativa muy compleja, y un proceso de solicitud que no gestiona la administración sino las propias empresas de electricidad, generan indefensión en cientos de miles de hogares vulnerables.

      • Vigilancia diaria

        Debería ser un imperativo social que los colectivos vulnerables reciban toda la información necesaria sobre las ayudas sociales a las que tienen derecho y, además, que sea fácil de comprender. Como no es así, escrutamos el BOE a diario para informar sobre cada nueva ayuda -atendiendo a la letra pequeña y a lo que entra en vigor, no a las promesas- y explicar de forma clara los criterios para recibirla. Por ejemplo, con el bono social. Así, denunciamos que casi dos millones de hogares podían perder su derecho a esta ayuda si no se acogían al nuevo modelo. El Gobierno acabó prorrogando el plazo.

      • Servicio Público

        El problema era la falta de información y las trabas en el proceso de solicitud. Para remediarlo, creamos una aplicación online que ayuda a comprobar si una persona tiene derecho al bono y le facilita los impresos necesarios. La hicimos en colaboración con la CNMC y la pusimos a disposición de ayuntamientos, organizaciones de consumidores, entidades sociales, etc, llegando rápidamente a muchos miles de personas.

      • Litigación estratégica

        BOSCO es un software que ha diseñado el Gobierno y puesto en manos de las empresas eléctricas para determinar quién tiene acceso al bono social y quién no. En 2018 descubrimos un error de diseño que hacía que se denegase el bono a personas que sí tenían derecho. El Gobierno nos ha asegurado que ya lo ha solucionado. No obstante, para poder comprobar si es cierto o si persisten otros fallos, decidimos llevar a los tribunales la negativa a permitirnos escrutar el código fuente de BOSCO.

        Un tribunal nos ha denegado en primera instancia el acceso al código, y además nos ha condenado en costas. Ni que decir tiene que ya hemos recurrido y que haremos todo lo posible por revertir esta sentencia y lograr transparencia en este y otros programas informáticos que hacen las Administraciones Públicas y regulan derechos de los ciudadanos. Toda la información sobre este proceso judicial es pública y puedes encontrarla aquí.

      • Influencia (es decir, lobby)

        Cada vez que tenemos la oportunidad, reclamamos mejoras en la tramitación de ayudas clave como esta, más claridad y facilidad en los procesos y transparencia en su funcionamiento.

        Tras mucha insistencia, el Gobierno asumió nuestras propuestas para mejorar el bono social en su Estrategia contra la Pobreza Energética.

      • Impacto

        Nuestra aplicación para saber quién tiene derecho al bono social ya ha registrado cerca de medio millón de consultas. Nada nos hace sentir más orgullosos que cuando alguien nos confirma que ha logrado una prestación que necesitaba gracias a nuestra ayuda.

      • ¿Y ahora?

        Seguimos facilitando el acceso a esta y en otras ayudas públicas. En 2021, en el momento de mayor incertidumbre de la pandemia, creamos un asistente online para comprobar qué ayudas frente a la COVID-19 aplican a cada hogar y cómo solicitarlas. También resolvimos miles de dudas a través de un consultorio individualizado. Supone un esfuerzo enorme, pero hemos comprobado que merece mucho la pena. Si las administraciones públicas no lo hacen, lo haremos desde Civio.

      • Frenamos el uso masivo y opaco de los indultos

        Sucesivos gobiernos han utilizado la figura del indulto de forma masiva durante años. ¿Masiva? Sí, incluso 1,5 al día durante algunos periodos, colando nombres controvertidos. Y nadie había investigado sistemáticamente este hecho, sobre el que el Gobierno no tiene ninguna obligación legal de rendir cuentas. Sin conocer los datos, no había control posible.

        • Vigilancia diaria

          Empezamos a investigar los indultos en 2013. Y no porque estuvieran en el centro del debate público como ahora, sino precisamente porque no lo estaban, aunque se concedieran a cientos -a miles- en algunos años.

          Analizando el BOE, comenzamos a informar sistemáticamente de todos y cada uno de los nuevos indultos que se iban concediendo. Perdones a empresarios, a cuerpos de seguridad, a miembros del partido… Y colando a menudo nombres y casos poco justificables.

        • Investigando a fondo

          Todo empezó a cambiar cuando lanzamos El Indultómetro. El total de perdones concedidos, los delitos más indultados y cómo los había usado cada gobierno empezaron a ser, por primera vez, de conocimiento público.

          Demostramos que delitos contra el medio ambiente, delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación de funcionarios públicos y malversación suman los porcentajes más altos de indultos por condenados. Tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo público o la sustracción de dinero de las arcas de las administraciones.

          Y, cuando sucesivos ministros de Justicia, de Ruiz-Gallardón a Catalá, decían que nunca había indultado a un corrupto, fue muy fácil demostrar que mentían. Desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por delitos asociados a corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. La mayoría por prevaricación y malversación.

        • Influencia (es decir, lobby)

          Seguro que quienes redactaron la ley ‘provisional’ del indulto en 1870 no se imaginaban que llegaría casi inalterada hasta hoy.

          En 2019 pedimos en el Congreso que se pusiese coto a la discrecionalidad de este poder y se aplicase la transparencia y la rendición de cuentas para quien lo ejerza en todos los casos, para cualquier tipo de delito.

        • Impacto

          […] No podemos tampoco tomar decisiones a espaldas de lo que ocurre fuera […] No porque haya habido dos o tres casos más mediáticos, sino porque ahora mismo tienes El Indultómetro, que no existía […] Hay muchos espacios de gestión pública que antes se tramitaban poco, discretamente, y ahora hay más transparencia y más foco mediático expuesto por ellos.

          Juan Bravo Rivera (subsecretario de Justicia 2012-2014), en el libro 'Yo te perdono', sobre el descenso en el número de indultos.

          Desde que datos como estos llegan a la sociedad, el número de concesiones ha bajado significativamente. Y no lo decimos solo nosotros: Juan Bravo Rivera, subsecretario de Justicia entre 2012 y 2014, ha acreditado públicamente el impacto del Indultómetro.

          A resultas de este proyecto, no es posible indultar de espaldas a la ciudadanía, como hasta ahora.

        • Destapamos y evitamos abusos e injusticias

          Muchas de nuestras informaciones han llevado a responsables públicos e instituciones a dar marcha atrás y enmendar los problemas que estamos sacando a la luz. Estos son solo algunos ejemplos.

          • Injusticia por diseño

            El software que usan las empresas eléctricas para determinar quién tiene derecho o no al bono social para hogares vulnerables tenía un fallo de diseño. Tras sacarlo Civio a la luz, el Ministerio para la Transición Ecológica se responsabilizó y tuvo que arreglar esta injusticia.

          • Exclusiones discriminatorias

            El Ministerio de Interior impedía entrar en la Policía a toda persona afectada por endometriosis y otras enfermedades, sin considerar si el caso era incapacitante o no. Desde que sacamos a la luz estas exclusiones generalizadas, que expertos consideran desfasadas o discriminatorias, en el Congreso y dentro de la Policía se están dando pasos para excluir solo casos inhabilitantes. En el caso del Congreso, remitiendo directamente a nuestras informaciones.

          • Actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente

            En 2018, publicamos que en España había más de 200 municipios que había sufrido incendios forestales todos y cada uno de los años entre 2001 y 2015. De los seis en los que más hectáreas se quemaron en relación a su superficie, cinco se encontraban en el interior de Cantabria. A raíz de aquella información, la Fiscalía de Medio Ambiente inició comprobaciones de oficio para averiguar si aquellas localidades contaban con planes de prevención de incendios y los cumplían.

          • Senadores desindexados

            El Senado llevaba tiempo obstaculizando la indexación de información clave sobre los senadores en buscadores de internet. La intención era muy clara: hacer más difícil de encontrar datos clave como sus vínculos con empresas privadas o sus declaraciones de bienes, actividades e intereses. Civio lo sacó a la luz y la Cámara Alta tuvo que poner fin a esa práctica deliberadamente opaca.

          • Gallardón y la LOPD

            El Ministerio de Justicia, con Ruiz-Gallardón al frente, incluía en sus ficheros de funcionarios expedientados su afiliación sindical, vulnerando claramente la Ley de Protección de Datos. Pero tuvo que dar marcha atrás tras sacarlo Civio a la luz.

          • Autobombo con dinero público

            La Comunidad de Madrid licitó una campaña de publicidad institucional para presumir de política fiscal antes de unas elecciones. Civio fue quien primero informó de que era ilegal y el asunto llegó a la Asamblea de Madrid. Finalmente, el Gobierno autonómico tuvo que eliminar el autobombo y cumplir la ley, evitando así el mal uso de fondos públicos.

          • Cambiamos leyes para lograr una transparencia real y eficaz

            Tratamos de influir en aquellas políticas y normas relacionadas con nuestras áreas de actuación. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, la aplicación de la Ley de Transparencia o la regulación de los grupos de interés son algunos ejemplos en los que ya hemos logrado importantísimas mejoras.

            • Ley de Transparencia estatal

              En 2013 contribuimos a evitar, presionando con miles de firmas, que Casa Real, partidos, sindicatos y patronal quedasen fuera de la Ley de Transparencia, como establecía un borrador preliminar. Hoy seguimos exigiendo mejoras esenciales en su texto.

            • Ley de Contratos del Sector Público

              En 2017 el Congreso reformó la ley, y la mayoría de las recomendaciones de Civio entraron de forma directa o indirecta en ella. Algunas, de nuestro puño y letra. Destacan dos: todo el proceso -desde los estudios previos a las modificaciones y la ejecución de un contrato- tiene que ser más transparente, y se constituye, por primera vez, un órgano de vigilancia de la contratación pública. Nuestra prioridad ahora: que la ley se cumpla.

            • Ley de Transparencia de Cataluña

              Influyendo en el proceso de tramitación, fuimos determinantes para que la norma incluyera la publicación del reparto por cabeceras de la publicidad institucional.

            • Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid

              Influimos en el proceso y contribuimos a que información como las agendas de trabajo y reuniones de altos cargos, viajes, gastos de protocolo y dietas, personal eventual, medios de comunicación que reciben publicidad institucional; o la ejecución presupuestaria detallada sea pública por ley.

            • Estrategia contra la Pobreza Energética

              Insistimos para que incluyera la necesidad de simplificar el proceso de solicitud del bono social de la luz y de dar información clara al ciudadano, entre otras cosas.

            • Registros de grupos de interés

              Civio ha jugado un papel importante en la puesta en marcha de registros de lobbies en la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hoy nos esforzamos por conseguir lo mismo en la Administración General del Estado y en el Parlamento.

            • Agendas de trabajo y reuniones de altos cargos

              Nuestras recomendaciones están incluidas en los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y en propuestas de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.

            • Ganamos en los tribunales para mejorar nuestro derecho a saber

              Una de las cosas que nos hace diferentes es que defendemos el derecho de acceso a la información en los tribunales si hace falta. Lo hacemos, aunque implique años de litigio y de gastos de procedimiento, porque cada victoria sienta un precedente jurídico que hace que sea más difícil denegar una información en el futuro. Se trata, por tanto, de victorias que nos benefician a todos.

              • Derecho a acceder a información anterior a la Ley de Transparencia

                Una importante sentencia del Tribunal Supremo, favorable a Civio, ratificó que las administraciones públicas sí están obligadas a dar a los ciudadanos información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Una interpretación completamente desnortada de la Audiencia Nacional trataba de impedir el derecho de acceso a la información anterior a 2014.

                Aquí, toda la información del caso.

              • Derecho a saber quiénes son los asesores y personal eventual

                Una sentencia del Tribunal Supremo, favorable a Civio, antepone el interés público sobre el interés individual a la protección de datos cuando se trata poder conocer el nombre y cargo de todas las personas que trabajan en la administración pública.

              • Derecho a conocer las solicitudes de indulto de las cofradías

                Desde 2019 estamos en pugna con el Ministerio de Justicia, que se niega a informar sobre las solicitudes de indultos que las cofradías piden con motivo de Semana Santa. Una sentencia de la Audiencia Nacional, favorable a Civio, desestima un recurso de apelación de Justicia para no facilitar esa información. Esta información era pública con gobiernos anteriores. Ya tenemos dos sentencias favorables y no vamos a dar ni un paso atrás.

              • Derecho a conocer cómo funcionan los sistemas informáticos de las AAPP

                En Civio entendemos que el derecho a saber también alcanza a aquellos programas informáticos hechos por las administraciones y que a diario toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos, sus derechos y sus deberes. Por ello, nos hemos visto obligados a recurrir la negativa del Consejo de Transparencia a obligar a hacer público el código de un programa que decide quién resulta beneficiario del bono social eléctrico. Un tribunal nos ha denegado en primera instancia el acceso al código, y además nos ha condenado en costas. Ni que decir tiene que ya hemos recurrido y que haremos todo lo posible por revertir esta sentencia.

              • Eliminamos barreras entre administraciones y personas

                Nos encanta crear proyectos y tecnologías al servicio de las personas. Iniciativas como ‘Dónde van mis impuestos’, ‘Tu derecho a saber’ o nuestros asistentes para acceder a ayudas sociales son herramientas de uso cívico pioneras en España. Y, lo más importante, se usan. Mucho.

                • Pedir información nunca fue (ni será) tan fácil

                  En 2012 creamos, junto con Access Info Europe, Tu derecho a saber, una plataforma que ayudaba a solicitar información a cualquier institución pública, incluso antes de tener una Ley de Transparencia. Con ella canalizamos cerca de 2.000 solicitudes de información en los tres años y medio que estuvo operativa.

                • Los presupuestos, a un clic

                  Desde 2011, apostamos por la tecnología y la visualización de datos para facilitar la comprensión de la información presupuestaria. Dónde van mis impuestos es una plataforma de Civio que muestra los presupuestos de una forma visual e interactiva. Y lo hace tan bien que más de una veintena de administraciones, desde gobiernos autonómicos como Aragón o Castilla la Mancha a ayuntamientos como Madrid o Barcelona la usan. Gracias a ella, más de 17 millones de ciudadanos pueden consultar fácilmente a qué políticas se destinan sus impuestos.

                • Asistente online para ayudas del COVID

                  El asistente online de ayudas frente al coronavirus ha sido utilizado más de 65.000 veces. Y nuestra guía de ayudas relacionadas con el coronavirus ha sido consultada en más de 10.000 ocasiones.

                • ¿Tienes derecho al bono social?

                  Nuestra aplicación para comprobar quién tiene derecho al bono social de la luz ha sido utilizada en más de medio millón de ocasiones, con 20.000 impresos descargados para solicitarla.

                • Tú preguntas, Civio responde

                  En pandemia abrimos un consultorio individualizado para resolver las dudas de nuestros lectores sobre temas tan importantes como sus derechos, restricciones y cumplimiento de las medidas oficiales. Resolvimos más de 2.900 consultas. Aquí puedes consultar algunas de ellas. Gracias infinitas por la confianza.

                • Liberamos información y datos inéditos al uso público

                  Si algo nos caracteriza es abrir y publicar información inédita. Y, en particular, datos esenciales para comprobar el buen -o mal- funcionamiento de lo público y de nuestras instituciones. Estos son algunos ejemplos.

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                  Periodismo y acción para vigilar lo público

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