La historia es bien conocida: David, sin apenas armas, se enfrenta al todopoderoso Goliat hasta que termina venciéndole. El relato, de origen bíblico, tiene un significado evidente: incluso en las luchas desiguales, aun teniendo casi todo en contra, siempre existirán posibilidades de conseguir la ansiada victoria. Precisamente la metáfora de David y Goliat se nos venía a la cabeza hace unos días, cuando conocimos la última maniobra para ocultar el precio de los medicamentos.

El despacho de abogados Faus Moliner daba a conocer las propuestas que había enviado al Ministerio de Sanidad para modificar la Ley de Garantías de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Lo ha hecho dentro del cauce legal (es decir, dentro del periodo de consulta abierta), pero con un propósito claro. Este bufete, que representa los intereses legales de varias farmacéuticas, pretende que el coste que pagan las administraciones por los medicamentos sea secreto. Y, además, busca que el precio máximo (PVL), es decir, el tope que se podría desembolsar por cada fármaco, y las condiciones de financiación de cada tratamiento, también resulten opacos para la ciudadanía.

Nada de esto es fruto de la casualidad. Sus propuestas en este ámbito van dirigidas contra una diana en particular: el artículo 97 de la Ley de Garantías de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Dicho precepto establece que la información que proporcionan los laboratorios al Ministerio de Sanidad durante el proceso de fijación de precios sea confidencial. Pues bien, durante años, el artículo 97 había sido el pilar sobre el que se habían apoyado sucesivos gobiernos y la propia industria farmacéutica para mantener en secreto cuánto nos cuestan en realidad medicamentos con un precio muy elevado.

Hasta que llegó Civio. Hace unos meses conseguimos demostrar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) un error claro: que históricamente el artículo 97 no se había interpretado de forma adecuada. En otras palabras, logramos que el CTBG asumiera nuestro razonamiento: la cláusula del artículo 97 sólo implica la confidencialidad de la información que los laboratorios proporcionan al Ministerio de Sanidad, pero no puede significar que el precio y las condiciones de financiación de los fármacos, en tanto que son cuestiones decididas por los poderes públicos, permanezcan en secreto.

Como ya os contamos, el Ministerio de Sanidad ha llevado a juicio la resolución del CTBG para impedir el acceso a esta información pública. Y, por supuesto, también ha demandado Novartis, la compañía que comercializa el fármaco en cuestión. Casualmente, el bufete que representa los intereses legales de Novartis es el propio despacho Faus Moliner, el mismo que le ha propuesto al Ministerio de Sanidad que se cambie el artículo 97. Y que repite, ya sea en artículos de opinión o en charlas, que es mejor que el precio de los medicamentos sea secreto (spoiler: eso solo les beneficia a los laboratorios).

Recordamos:

Para ello, el despacho alude continuamente a la resolución favorable a Civio, porque es nuestro trabajo lo que ha motivado que cambie la interpretación del CTBG sobre el artículo 97. Es decir, hemos abierto una vía para poder conocer el precio real que pagamos por los fármacos. De ahí que ahora busquen cambiar la Ley del Medicamento.

Nos encontramos ante una batalla doble, que no sólo se va a librar en los tribunales, sino también en los despachos. Estamos convencidos de que la transparencia en el acceso a la salud tiene un gran interés público: que toda la ciudadanía sepa cuánto dinero de las arcas públicas se destina a los medicamentos. Y que esta información resulta cada vez más necesaria ante el aumento constante de los precios de los fármacos, incremento que en el futuro puede poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Para continuar esta lucha de David contra Goliat, te necesitamos más que nunca. ¿Nos ayudas a defender la transparencia de lo público ante quien haga falta?

 

Gracias por tu compromiso.