Civio ha presentado una aportación al anteproyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que estuvo abierto a audiencia e información pública hasta el pasado mes de diciembre.

El anteproyecto aborda numerosas cuestiones. Nuestra aportación -que, como siempre, hacemos pública- se centra en la modificación del artículo 67 de la vigente Ley 16/2003. Este artículo establece los mecanismos actuales para que la sociedad participe en el Sistema Nacional de Salud a través de diversas vías. El anteproyecto del Gobierno propone reformar este artículo para que haya nuevos miembros en uno de los órganos, el Comité Consultivo, que depende del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El anteproyecto propone ampliar este Comité Consultivo, cuya función es informar y asesorar sobre el Sistema Nacional de Salud, incluido en temas relacionados con prestaciones sanitarias, financiación y gasto farmacéutico. Hasta ahora, sus miembros eran: Administración General del Estado (6 representantes), Comunidades Autónomas (6 representantes), Administración local (4 representantes), organizaciones empresariales (8 representantes) y organizaciones sindicales (8 representantes). Con el nuevo texto, se pretende que las organizaciones de pacientes y ciudadanas más representativas estén en el Comité Consultivo.

Lo que hemos propuesto desde Civio es que todos los miembros del Comité Consultivo deban hacer pública una declaración de conflictos de intereses de los últimos cinco años, desglosando las cantidades económicas recibidas de la industria farmacéutica en el caso de que los vínculos sean financieros. Dicha declaración debería publicarse en la web del Ministerio de Sanidad y ser accesible por parte de cualquier ciudadano.

¿Por qué pedimos esto? Pues porque las investigaciones que hemos realizado en los últimos años han desvelado, por ejemplo, que 390 organizaciones de pacientes recibieron 5,9 millones de euros de la industria farmacéutica en 2016 -aquí mostramos y analizamos todas las transferencias-, junto con otros vínculos que hay con profesionales sanitarios, hospitales, sociedades científicas y médicas y universidades. Además, hay evidencia científica en otros países que plantea que los vínculos económicos de la industria y las asociaciones pueden provocar sesgos en las opiniones emitidas, por ejemplo, en relación con la introducción de nuevos medicamentos.

Por eso, aunque consideramos positiva que haya mayor participación social en este comité, resulta imprescindible garantizar la transparencia y el interés general en la asesoría y el trabajo de este órgano.

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