Nuevo frente judicial abierto para Civio. Esta vez, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se niega a que las sanciones de la Inspección de Trabajo sean públicas. Para ello, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha recurrido ante los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿El objetivo? No rendir cuentas sobre la actividad sancionadora de la Inspección de Trabajo, aunque, eso sí, de vez en cuando sí se filtren algunas multas, como la que recibió Glovo por importe de 79 millones de euros.

Todo empezó a finales del año pasado, cuando Civio realizó una solicitud de acceso a la información pública para conocer el listado de sanciones interpuestas entre 2017 y 2021 por la Inspección de Trabajo. Además, queríamos saber quiénes eran las empresas infractoras, a qué se dedicaban, por qué les sancionaban y qué cantidad económica tenían que pagar como multa. Nuestro objetivo era ir más allá de las filtraciones puntuales y ofrecer transparencia en un tema caracterizado por una gran opacidad.

En enero de 2022, la Inspección de Trabajo resolvió nuestra petición evitando darnos la información y remitiéndonos a sus memorias estadísticas anuales. Allí aparecen cifras globales sobre su actividad, pero no los datos que pedimos. Entre otras razones, el Ministerio de Trabajo señaló que tenían una obligación de confidencialidad, que Civio no tenía la condición de interesado en ninguno de los procedimientos y, por último, que el acceso a la información podía interferir en la investigación de posibles infracciones.

Poco después, reclamamos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Nuestras razones eran claras: lo que solicitamos son las sanciones firmes, por lo que los procedimientos de investigación ya habían terminado. Además, defendimos que el resultado de las actuaciones de la Inspección de Trabajo no podía mantenerse en secreto, sino que la obligación de confidencialidad solo debía afectar a la información que obtuvieran los inspectores e inspectoras, por ejemplo, al recibir una denuncia.

En septiembre de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos dio la razón y estimó la reclamación de Civio. Por tanto, el listado de sanciones debe ser considerado como información pública, a la que podemos tener acceso, y tiene un interés público muy relevante. Al mismo tiempo, ordenó que el Ministerio de Trabajo contestara de nuevo a nuestra solicitud, aunque esta vez dando un plazo a las empresas sancionadas para que tuvieran la oportunidad de formular alegaciones.

Pero, en lugar de cumplir la resolución, el Ministerio se mantiene en sus trece: ha optado por llevar el caso a los tribunales para evitar que las sanciones de la Inspección de Trabajo desde 2017 sean públicas. Y todo ello pese a que su labor, muchas veces sin los recursos suficientes, sea importantísima: por ejemplo, actuando ante las denuncias que reciben cuando algunas empresas contratan falsos autónomos o cuando otras compañías carecen de medios adecuados para prevenir riesgos laborales.

Este tipo de infracciones suponen evidentes perjuicios para miles de personas: por ejemplo, cuando alguien trabaja sin contrato y, por tanto, no puede disfrutar de los derechos que le corresponden. A su vez, el incumplimiento de la legislación también tiene efectos nefastos para toda la sociedad. Pongamos otro ejemplo: solo en 2020, se cometieron treinta mil infracciones en materia de seguridad social, que derivaron en sanciones por más de 116 millones de euros. Justo el año anterior, el agujero del sistema de Seguridad Social era enorme, con un patrimonio negativo de 53.160 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.

El impacto negativo de estos incumplimientos en materia laboral y de seguridad social produce auténtico vértigo. Y desde Civio entendemos que esta información no debería permanecer en secreto. Por eso, vamos a seguir peleando, cueste lo que cueste, para que estos datos salgan a la luz. Exactamente igual que hicimos en el pasado con las multas que pone la Agencia Española de Protección de Datos o con los resultados de las inspecciones higiénico-sanitarias en Madrid.

Ahora, más que nunca, necesitamos tu apoyo para continuar esta lucha en los tribunales. Y, por eso, hoy te pedimos que te unas a Civio para poder defender la transparencia de lo público ante quien haga falta. ¿Nos ayudas?