Solo diez ayuntamientos multados en una década de los cientos que no rindieron cuentas

Ocho alcaldes y dos interventores han sido sancionados por el Tribunal de Cuentas en los últimos diez años. Los regidores lo fueron por no entregar, de manera reiterada, sus cuentas públicas. Se trata de una mínima parte de los ayuntamientos que no rinden cuentas dentro del plazo legal. Y es que las cifras de quienes se saltan la fiscalización de sus ingresos y gastos son muy superiores. Así, el pasado mes de junio, Civio contó que más de 500 consistorios no habían rendido sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y que tres de cada cuatro lo había hecho fuera de plazo en la última década. Por su parte, los interventores de Arrecife (Las Palmas) y Villanueva del Ariscal (Sevilla) fueron sancionados por no enviar información obligatoria sobre control interno.

Las diez sanciones de la última década suman, en total, 5.253,55 euros, según el Tribunal de Cuentas. A unas multas bajas, hay que añadirle efectos escasos. En 2018, el fiscalizador solicitó a 26 ayuntamientos, bajo amenaza de multa, las cuentas de cuatro ejercicios. Todos, salvo ocho, respondieron al ultimátum. En solo uno de estos ayuntamientos parece que el correctivo tuvo efecto: José Ramón Becerra (PP), entonces alcalde de Prado del Rey (Cádiz), fue sancionado con 450€ por no entregar dos cuentas generales. Desde la sanción, este municipio de 5.600 habitantes ha ido remitiendo sus cuentas, llegando, incluso, a hacerlo dentro del plazo legal en los últimos años.

La otra cara de la moneda la representan ediles como el de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), y el de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín (PSOE), que continúan en el cargo. O exregidores como Trinidad Herrera (PP), que fue alcaldesa de Almuñécar hasta el pasado mes de junio, cuando fue elegida diputada del parlamento andaluz, y Ricardo Antonio Sánchez (PP), el actual delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, que fue alcalde de Mairena del Alcor hasta su nombramiento por parte del Ejecutivo de Moreno Bonilla, apenas unos días antes de la sanción. Todos estos municipios aún no han dado cuenta de tres o más ejercicios. Los primeros siguen al frente de la alcaldía; los segundos, en otros puestos, le dejaron el marrón a sus sucesores.

No sancionamos porque es difícil de gestionar

Informe tras informe, el Tribunal de Cuentas ha criticado la impunidad de los municipios que incumplen la ley y ha reclamado medidas para hacerle frente. Entre las que están a su alcance está la de multar con entre 60,10 y 901,52 euros a quienes ignoren sus requerimientos, como es este caso. Estos importes se fijaron en pesetas en 1988 y nunca se han actualizado. Si ajustásemos estas cantidades a la inflación, el rango debería ir de los 164,19€ a los 2.466,56 euros. Sin embargo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comentó en su última comparecencia ante diputados y senadores que el de las multas podría no ser el mejor sistema para conseguir la rendición de cuentas. Y apuntó a la retención de fondos públicos para los ayuntamientos incumplidores. Una posibilidad que, pese a estar aprobada desde 2011, nunca se ha puesto en práctica.

El trámite se inicia con una comunicación del Tribunal de Cuentas al Gobierno sobre los ayuntamientos incumplidores. El fiscalizador, en respuesta a una petición de información, afirma haber enviado 22 escritos entre 2015 y 2021, mientras que el Ministerio de Hacienda reconoce una cifra menor. Sea como fuere, con la pelota en su tejado, es Hacienda quien debe decidir si congela o no las transferencias a los municipios señalados por del Tribunal. “No se ha efectuado ninguna retención”, contesta el ministerio de María Jesús Montero a Civio, y defiende que su aplicación “no tiene carácter imperativo”. Es decir, Hacienda explica que la Ley no les obliga a sancionar, sino que se les da esa posibilidad, y optaron por no hacerlo. Además, continúa, “no tendría efectos” con los municipios a los que ya se les retienen fondos públicos “para compensar las deudas que mantengan con acreedores públicos”. Es decir, no se sanciona porque es muy complicado.

El Tribunal de Cuentas también les consultó sobre el uso de esta medida en 2020. Y Hacienda dio entonces otras excusas: la decisión de no retener fondos públicos “se basa en dificultades de gestión”. El ministerio argumentaba –en un párrafo de 11 líneas pero de una sola frase– que serían necesarias mejoras en las aplicaciones informáticas y agilizar los procedimientos de identificación, retención y liberación de pagos, para ajustarlos a unos plazos administrativos “tasados y muy breves”. Y añadía que la posible litigiosidad provocaría “una situación disfuncional”.

La tercera medida que propone el Tribunal de Cuentas para aumentar la rendición de cuentas depende del poder político. Además de dotar de más recursos humanos y materiales a los órganos de intervención (el ejecutivo), recomiendan que para acceder a subvenciones o ayudas públicas un ayuntamiento esté al día con el control externo –y, en consecuencia, la transparencia– de sus cuentas. Por tanto, es necesario modificar ciertas normas (el legislativo). Los datos demuestran que esto funciona: Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, con esta medida en marcha, tienen niveles de rendición de cuentas superiores al 90%. En el resto de comunidades, la situación es diferente. Los porcentajes más bajos se encuentran en Andalucía, algo que su Cámara de Cuentas denuncia y pide solucionar. De hecho, los ocho alcaldes sancionados eran andaluces.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, repite en cada informe las mismas recomendaciones desde hace años, pero son los poderes públicos quienes pueden hacer frente a esta situación. “Es necesaria una mejor gestión, planificación, rendición de cuentas y control”, asegura Roser Maestro, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, “pero no puede perderse de vista quiénes son los grupos que gobiernan mayoritariamente en esas mismas administraciones”, advierte, “para no caer en generalidades con todos”. Para esta diputada de Izquierda Unida, la problemática se debe a las “políticas de recortes y asfixias de medios impuestas por el PP” que se traduce en menos empleados públicos y al aumento de los procedimientos y la legislación, asegura. Por su parte, los portavoces del otro socio de la coalición, María Ángeles Marra (PSOE), y del primer partido de la oposición, Miguel Ángel Paniagua (PP), no hicieron ninguna valoración al cierre de este artículo.