Vivir sin derechos: apátridas, las personas invisibles

Imagínate que no puedes tener un contrato de trabajo, ni acceder a las ayudas de los servicios sociales; ni siquiera al sistema de salud. Y olvídate también de viajar, de matricularte en la universidad o de casarte. Es lo que viven miles de personas que no son reconocidas como nacionales de ningún Estado, los apátridas. Una situación que Nina Murray, jefa de políticas e investigación en la Red Europea sobre la Apatridia (ENS por sus siglas en inglés), resume en tres palabras: “No tener derechos”.

Muchas de las personas apátridas proceden, según explica Murray, de estados que han desaparecido. O han sido desplazadas de sus hogares por la guerra u otros motivos. Otras no tienen nacionalidad a causa de la legislación del país en el que nacen: por ser hijos de apátridas o de personas de países que no reconocen a los descendientes de sus ciudadanos nacidos fuera de su territorio. En otros casos, son apátridas porque el país en el que viven no reconoce como estado a su país de origen, como pasa en buena parte de Europa con las personas originarias de Palestina o de la República Saharaui.

En 2013, Acnur se marcó un plan de acción para acabar con la apatridia en 2024. Sin embargo, cuando ya casi se cumple el plazo marcado, las cifras de personas sin nacionalidad recogidas por esta agencia a mediados de 2023 siguen lejos de este objetivo: en la Unión Europea se contaban alrededor de 381.000 personas apátridas. Una cifra que, según señala el propio órgano de Naciones Unidas, está basada en los datos facilitados por los distintos gobiernos y ONG, por lo que la cifra real es mucho mayor. Y son precisamente las personas no incluidas en la estadística, esas personas invisibles, las que viven una situación más difícil.

Desde mediados del siglo pasado, dos convenciones de la ONU tienen como objeto garantizar unos mínimos derechos a estas personas. Primero, la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los apátridas, que define qué personas entran en esta categoría y ordena a los países firmantes que les proporcionen el acceso a unos derechos básicos que sean, al menos, los mismos de los que disfrutan las personas extranjeras con residencia legal. Después, la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia, que pone topes a los requisitos que deben cumplir los apátridas para acceder a la nacionalidad. Pero, según recoge el último informe sobre apatridia de la Red Europea de Migraciones (EMN por sus siglas en inglés), Francia, Grecia y Eslovenia siguen a día de hoy sin ratificar la convención de 1961, y Chipre, Estonia y Polonia ni siquiera se han adherido a la de 1954.

El primer paso: ser reconocido como apátrida

A pesar de que la convención de la ONU que ordena la identificación y los mínimos derechos de la población apátrida data de 1954, Acnur no ha tenido cifras de cuantas personas encajan en este perfil hasta medio siglo después, en 2004. En ese año, contaba cerca de 625.600 apátridas en la Unión Europea, incluyendo cifras aportadas solo por trece países. De ellas, la inmensa mayoría —más de 602.700— residían en Letonia y Estonia, aunque muchas de ellas tenían una consideración ligeramente diferente: son “no-ciudadanos”, la mayoría procedentes de la antigua Unión Soviética, con ciertos derechos reconocidos, entre ellos disponer de un pasaporte.

El reparto actual de los apátridas identificados es muy diferente: Letonia y Estonia siguen siendo los países de residencia de la mayoría de apátridas europeos —casi 255.700 de los 381.000 que Acnur contaba a mediados de 2023—, pero sus cifras son mucho menores. En otros países, sin embargo, el número de apátridas ha aumentado: Suecia ha pasado de 5.300 en 2005 —primer año con datos— a 40.400 y Dinamarca de 446 también en 2005 a más de 11.400.

Pero, aunque la convención de 1954 ordena a los países adheridos identificar a las personas apátridas para dotarlas de derechos básicos, no marca los mecanismos que se deben seguir en cada país para llevarlo a cabo. “En muchos países no hay un procedimiento para determinar quién es apátrida, por lo que se hace muy difícil identificar a las personas que deben tener esos derechos”, lamenta Nina Murray.

Según muestra el último informe de la Red Europea de Migración, solo ocho países de los 27 que conforman la Unión Europea han desarrollado procedimientos concretos para determinar la apatridia —Bulgaria, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo y España—, dándoles acceso automáticamente a ciertos derechos básicos. Sin embargo, en la práctica, muchas veces este procedimiento se convierte en un laberinto sin salida.

En Italia, según Acnur, a mediados de 2023 residían 3.002 personas apátridas identificadas, tres veces más que hace 20 años. Allí existen dos vías para ser reconocido como apátrida: la administrativa y, si la solicitud es desestimada, la judicial. Murray explica que la vía administrativa requiere tener residencia legal. “Esto es un claro problema para la gran mayoría de las personas apátridas en el contexto migratorio”, alerta.

En el caso de España, Acnur cifra que hay 8.524 apátridas —frente a los 14 que contaban en 2004—, la inmensa mayoría de ellos de origen saharaui, según los informes Asilo en cifras del Ministerio de Interior. En este país, los solicitantes del estatuto de apátrida tienen que presentar una solicitud ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), la Oficina de Extranjería o en una comisaría en el plazo de un mes desde su llegada al país, explicando los motivos por los que no tienen nacionalidad y facilitando documentos que puedan demostrarlo. El Ministerio del Interior es el responsable de responder en un plazo de tres meses. Tras ello, si todo sale bien, tendrán una tarjeta que les acreditará como apátridas y permiso de residencia y trabajo. Pero, en la práctica, es más difícil. “La dificultad principal es el acceso a la oficina de asilo, porque no hay citas; y la segunda es el tiempo que tardan en resolver los expedientes”, explica Sidi Talebbuia, abogado de origen saharaui.

Talebbuia señala que el plazo habitual en el que la administración española resuelve las solicitudes está entre uno y dos años, y, a diferencia de los solicitantes del estatuto de refugiados, durante ese tiempo de espera no tienen acceso a derechos. “Hay muchas personas que están en un limbo legal”, afirma. “Estar en ese limbo supone tener que trabajar en negro, no poder acceder a los servicios sociales, por ejemplo, no poder acceder a la tarjeta sanitaria, según qué comunidad autónoma; y, aunque puedes estar en el país, si sales no tienes derecho a volver a entrar”, añade.

Además, según asegura Talebbuia, la administración española está denegando el estatuto a personas de origen saharaui procedentes de Mauritania en base a que este país les ha proporcionado un documento de viaje que para España es una prueba de que son nacionales mauritanos. “Para desvirtuar esa presunción de nacionalidad, Mauritana está aportando un certificado que confirma que esta persona no es nacional mauritano, pero es muy difícil conseguirlo porque se hace personalmente en Mauritania a través de un juez del país, no lo realiza directamente la administración”, detalla el abogado.

Hace 20 años se dio un problema parecido con las personas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados en Argelia, que hoy, según afirma Talebbuia, son la gran mayoría de las personas apátridas en España. Él mismo, ya nacionalizado español, creció en uno de ellos antes de ser acogido por una familia sevillana. El problema lo solucionaron varias sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que confirmaban el derecho de estas personas al estatuto. “Con la jurisprudencia del Supremo, a todos los saharauis que se encontraban aquí que fueron pidiendo o presentando de nuevo las solicitudes se les fue concediendo”, confirma el abogado.

Pero para Talebbuia, mucho mejor que facilitar el estatuto de apátrida sería que España reconociera a la República Árabe Saharaui Democrática, como ha hecho recientemente con Palestina. Según el Centro de Estudios del Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela, a día de hoy hay 47 Estados que reconocen la República Árabe Saharaui Democrática. “El hecho de que se reconozca su verdadera nacionalidad implica el acceso a otro tipo de derechos, como poder viajar documentado con su propio pasaporte y no tener que depender de un tercer estado”, destaca Talebbuia. Él mismo afirma que tiene un pasaporte saharaui y hasta el 2015 entraba en España con él. “Luego lo bloquearon”, añade.

En otros quince países europeos ni siquiera hay un procedimiento específico para reconocer el estatuto de apátrida, aunque hay otras vías generalmente más difíciles. Es el caso de Suecia y Alemania, que, a pesar de ello, son los dos países con más apátridas reconocidos, solo por detrás de Letonia y Estonia.

Murray explica el laberinto burocrático que puede suponer conseguir el estatuto de apátrida en Alemania. Acnur cifra en cerca de 30.000 las personas apátridas allí y, según la Oficina Federal alemana de Estadística (Destatis), la mitad de ellos proceden de Siria. A ellas hay que añadir otras 97.150 personas con nacionalidad indeterminada que Acnur no incluye en estas cifras pero que sí declara Destatis. “Vemos personas que, por ejemplo, piden asilo y después de un tiempo Alemania intenta expulsarlas, pero no pueden porque no saben a qué país expulsarles. Es ya al final de todo este proceso cuando, quizás, puede que les reconozcan como apátridas y consigan algún derecho”, explica.

“Cuando estábamos en Siria, solíamos decir que cuando consiguiéramos llegar a Alemania por fin tendríamos derechos, pero la realidad resultó ser todo lo contrario”, lamenta Abdul Raheem Younis, de origen sirio y residente en Alemania desde hace nueve años. En su caso, no tiene nacionalidad porque es de padre apátrida y madre siria, y la legislación de este país no permite que las madres transmitan su nacionalidad a sus hijos. Pero Abdul no está incluido entre las 30.000 personas apátridas identificadas en Alemania, ni tampoco entre las más de 97.000 personas con nacionalidad indeterminada. En su permiso de residencia aparece como sirio, pero Siria no le facilita ningún tipo de documentación. “Las autoridades alemanas nos tratan como si tuviéramos ciudadanía siria y nos exigen que proporcionemos todos los documentos sirios, pero las personas apátridas de Siria no poseemos nada más que un documento firmado por el jefe de la aldea local en el que se indica nuestro nombre, apellido y dirección de la persona; en Siria no tenemos derechos civiles”, resume Abdul.

Segundo paso: dar una nacionalidad a la población apátrida

El segundo convenio de la ONU sobre la población apátrida, el de 1961, tiene como objeto concretar medidas para disminuir el número de personas en esta situación, facilitando que adquieran una nacionalidad. 20 Estados europeos lo han firmado —el último de ellos España, en 2018—. Pero, según recoge Globalcit, de ellos solo 18 países contemplan procesos de acceso a la nacionalidad con menos requisitos para estas personas. En algunos, la diferencia es importante, como Irlanda, donde se contempla una vía a discreción del gobierno para concederles la nacionalidad sin necesidad de que hayan vivido un plazo de tiempo previo en el país. O Bélgica, donde en vez de cinco años de residencia, les piden dos. En otros países la diferencia es bastante mínima, como en Alemania, donde hasta ahora se les piden seis años en vez de ocho, pero que con la reforma de la ley que entra en vigor en junio pasarán a tener que justificar cinco años de residencia, como el resto de la población extranjera. Otros nueve países de la Unión Europea, entre los que se incluye España, Portugal o Rumanía, no contemplan ninguna vía que facilite la nacionalidad a las personas apátridas.

En 2022, según los últimos datos de Eurostat, los 27 Estados de la Unión Europea le concedieron la nacionalidad a un total de 7.296 personas que hasta entonces eran apátridas. Desde 2013, primer año con datos, son poco más de 67.600, aunque más de la mitad de ellos fueron solo en Suecia.

Nacidos en el país: apátridas o ciudadanos

La gran mayoría de países europeos facilitan la nacionalidad a las personas nacidas allí que, de otra manera, serían apátridas. En concreto, todos menos Chipre y Rumania. Eso sí, la forma de facilitar este acceso a la nacionalidad varía mucho de país a país, y solo doce de ellos la dan de forma automática y sin imponer otros requisitos. Entre ellos están España, Francia o Italia.

Rosario Porras es abogada en In Género, organización que da apoyo legal a trabajadoras sexuales, uno de los colectivos más afectados por las políticas migratorias. “A veces me encuentro con mujeres que van a dar la luz y les explico que, por la ley de su país, como su hijo no tendría la nacionalidad, España le reconoce la nacionalidad española para no dejar que sea apátrida”, explica. “Pero esto no significa que hayan llegado embarazadas para dar aquí a luz y ya lo tengan todo resuelto, como muchas veces se vende, hay que hacer trámites”, añade. En concreto, en estos casos, en España el registro civil abre un expediente de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción, y, tras ello, lo que sí se facilita para la madre es el permiso de residencia por arraigo familiar.

Cuando en 2016 nació su hija, a Perla no le hacía falta el permiso de residencia. Había llegado a España diez años antes desde Paraguay y, según confirma, siempre ha tenido en regla sus papeles con la ayuda del asesoramiento legal de Porras. Paraguay es uno de los países que no reconocen la nacionalidad a los hijos de sus ciudadanos si nacen en el exterior, así que, cuando su hija nació, pidió que la inscribieran con nacionalidad española por simple presunción en el registro civil de Valdepeñas, la ciudad en la que vive, para evitar que fuera apátrida. Para ello, tuvo que presentar un certificado de la administración de Paraguay que confirmara que la niña no estaba inscrita allí como paraguaya. Seis meses después, le confirmaron la nacionalidad. Un plazo que, en estos casos, según confirma Porras, se ha reducido actualmente a las dos semanas.

Pero incluso en países donde estos niños tienen la nacionalidad de forma automática, no siempre en la práctica se respeta. En agosto de 2023 la Oficina de Migración de Bélgica, entidad dependiente del Ministerio de Interior de este país, ordenó a los ayuntamientos la retirada de la nacionalidad de los niños allí nacidos con padres palestinos argumentando que las personas procedentes de Palestina estaban abusando de la ley para la reagrupación familiar a través de la nacionalización de sus hijos. “Fue una acción ilegal, ya que este organismo no tiene competencia para hacer esto”, destaca Murray, que calcula en cientos las familias afectadas por esta decisión.

En otros países se ponen condiciones para su acceso a la nacionalidad. En Alemania, por ejemplo, tienen que demostrar al menos cinco años de residencia legal en el país antes de poder solicitarla, lo que puede suponer otro laberinto burocrático. Según Destatis, en 2022 había en Alemania 4.860 apátridas que habían nacido allí. O Austria, donde no pueden solicitarla hasta que cumplen 18 años, y justificando al menos diez años de residencia legal.

“La convención para reducir los casos de apatridia de Naciones Unidas de 1961 no permite ningún requisito: si el niño nace apátrida es suficiente para que deba acceder a la nacionalidad”, recuerda Murray. “Es obvio, un niño no debería vivir su vida sin su infancia, sin derecho a una nacionalidad y a una identidad legal”, concluye.