Aragón y Castilla y León albergan una tercera parte de los vertederos de residuos peligrosos de toda España

Santovenia de Pisuerga es un pequeño municipio de poco más de 4.600 habitantes al norte de Valladolid. A un lado tiene el río que le da el nombre. Al otro, a apenas tres kilómetros de las primeras casas, un polígono industrial en el que se aloja un macrovertedero con una capacidad de más de un millón de metros cúbicos de residuos peligrosos. Cada año reciben entre 60.000 y 85.000 toneladas de aceites, amianto, pilas, aparatos electrónicos y todo tipo de materiales de desecho fácilmente inflamables, explosivos, tóxicos o cancerígenos. Lleva en funcionamiento desde 1993 y, actualmente, la empresa que lo gestiona, Cetransa —con participación mayoritaria de Urbaser—, está tramitando una nueva prórroga para alargar su vida diez años más, según publica El Día de Valladolid.

“Ha tenido muchos problemas durante los 30 años que lleva de explotación”, afirma Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. Ceballos recuerda cómo en 2001 el Tribunal Supremo declaró ilegal este vertedero y lo mismo hizo el Tribunal Constitucional en 2013; problemas legales que el gobierno castellano-leonés solventó declarando la instalación de interés regional.

Además de este vertedero, hay otras dos instalaciones en esta región destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos, ambas ligadas a empresas privadas dedicadas a la fundición de plomo. Una de ellas, en Medina del Campo (Valladolid), es propiedad del grupo estadounidense Clarios. La otra, en San Esteban de Gormaz (Soria), es parte del grupo Exide, también estadounidense. Ambas se dedican al reciclado de baterías usadas, un tipo de residuo peligroso que importan de países europeos.

A estos tres vertederos de residuos peligrosos se podría sumar otro más en San Justo de la Vega (León), junto al de residuos municipales que ya alberga la localidad. Una nueva instalación que, según detalla Ceballos, está planificada en una zona de agua subterránea y superficial en la que se pretende almacenar hasta 5 millones de toneladas de residuos, un millón de ellos peligrosos. “Es una instalación bastante problemática por su emplazamiento y porque no tiene la cobertura del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que dice que no hace falta ninguna instalación más de vertido de residuos peligrosos para la comunidad autónoma”, señala Ceballos, quien añade que la cantidad de residuos que se pretende verter en este nuevo vertedero no se genera en Castilla y León: “La expectativa es importar residuos desde otros puntos, ya que esto está muy cerca de Galicia y de Asturias”.

Aún sin contar con esta posible nueva instalación, Castilla y León es una de las comunidades autónomas con más vertederos de residuos peligrosos, junto a Aragón, que también cuenta con uno de uso general y otros dos para uso exclusivo de empresas privadas —la francesa Derichebourg y la española Alibérico— dedicadas al reciclado de chatarra, según se señala en sus autorizaciones ambientales. Ambas comunidades autónomas suman una de cada tres instalaciones de este tipo que hay en todo el país. Una concentración que Ceballos relaciona, al menos en el caso de Castilla y León, con la laxitud de la política autonómica de residuos y con la despoblación. “Los promotores privados no esperan recibir respuesta social, así que llevan más de dos décadas planteando proyectos de vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, pero hemos conseguido bloquear varios de ellos a través de la movilización social e interponiendo recursos administrativos o judiciales”, concluye Ceballos.

En España hay un total de 17 vertederos que almacenan residuos peligrosos, según la información remitida a Civio por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Son instalaciones que tienen que contar con el visto bueno de la comunidad autónoma y respetar las directrices que marca el real decreto sobre eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Además de las seis instalaciones de este tipo que suman Castilla y León y Aragón, hay otros ocho vertederos de residuos peligrosos ubicados en Andalucía, Asturias, Galicia y Madrid—dos en cada comunidad autónoma—, y tres más en Cataluña, Islas Baleares y Castilla-La Mancha.

Pastos contaminados con cal viva

En abril de 2022, Alejandro Casto, ganadero de la parroquia de Seixas, vio como la hierba de la que pastaban sus vacas estaba manchada de un polvo blanco. Avisó al ingeniero técnico que está obligado a contratar para poder recibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que, en un informe al que ha tenido acceso Civio, le ordenó que “bajo ningún concepto” utilizara esta hierba para la alimentación de las vacas, ya que estas podrían fallecer, y que se deshiciera de ella.

El informe señalaba que la hierba estaba manchada con cal viva procedente de los procesos de inertización de los residuos peligrosos que almacena el vertedero de As Somozas (A Coruña), a escasos 400 metros de su finca. A finales de ese año, volvió a encontrarse la hierba de color blanco y tuvo que volver a destruir todo ese forraje. Intentó comunicarlo a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático gallega, pero, según afirma, no le hicieron caso: “Me tuvieron allí durante hora y media pero nada, que no miraban el informe, que no tenían nada que mirar porque los informes que le llegan son todos favorables”, asegura Castro.

El vertedero de As Somozas está en el norte de A Coruña, a escasos 30 kilómetros de la ría de Ferrol y a tan solo 200 metros del espacio natural protegido Ortigueira-Mera, incluido en la Red Natura 2000, según se admite en su declaración de impacto ambiental. Es uno de los dos vertederos de residuos peligrosos que hay en Galicia, junto al depósito del Complejo Medioambiental de Cerceda, también en A Coruña y a escasos 80 kilómetros de As Somozas.

Estos episodios de contaminación no son casos puntuales, según afirma Roberto Videla, de Ecologistas en Acción. Esta organización, junto a la asociación de consumidores Acoaga, ha presentado una denuncia por emisiones ilegales contra la Sociedade Galega de Residuos Industriales SA (Sogarisa), empresa que es parte del Grupo Rodonita y que explota este vertedero, que está actualmente investigando el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol. “Si una emisión de cal a medio kilómetro puede matar a un animal de 500 kilos, pues no quiero saber cómo nos puede afectar a las personas que vivimos a 2 kilómetros”, alerta Videla, que recuerda que la autorización ambiental de esta instalación no contempla emisiones a la atmósfera ni vertidos. La investigación judicial está actualmente a la espera del informe del Seprona, pero ellos también van a presentar un informe con las pruebas que han podido recoger con la ayuda de los vecinos de la zona.

Palomino, de la patronal ASEGRE, asegura que “es una situación absolutamente excepcional que se produzcan escapes contaminantes”. Desde esta organización defienden que es habitual que las plataformas vecinales y ONG ecologistas se interesen por este tipo de instalaciones y afirman que los operadores colaboran con las administraciones públicas facilitando la información que se les requiere y con las inspecciones y visitas necesarias. “Las instalaciones de gestión de residuos, como instalaciones industriales que son, reciben quejas, que las instalaciones atienden y resuelven en la medida de lo posible”, concluye Palomino.

Valdemingómez: 30 años de lucha vecinal contra un vertedero

Cuatro de los 17 vertederos de residuos peligrosos que hay en todo el país están gestionados o participados por Urbaser, empresa que desde 2022 pertenece al fondo de inversión estadounidense Platinum Equity. Son, junto al ubicado en Santovenia de Pisuerga, el de Palma de Mallorca y los dos de la Comunidad de Madrid: el Depósito de Seguridad de Residuos Industriales de San Fernando de Henares y el Depósito de Cenizas de Valdemingómez, una instalación con una capacidad de 500.000 metros cúbicos, según su autorización ambiental.

Hace poco menos de dos años, vecinos y colectivos ecologistas denunciaron que en el vertedero de cenizas de Valdemingómez había cientos de sacas de cenizas tóxicas al aire libre. “Estaban descubiertas, pero, tras las primeras denuncias que hizo la Federación de Asociaciones de Vecinos, han puesto un plástico encima y sobre algunas han echado tierra”, explica Javier Navascúes, de Rivas Aire Limpio, una de las organizaciones que pide el cierre del complejo de Valdemingómez. Un parche que Navascúes califica de “chapucero” pero que al menos dificulta algo que la lluvia arrastre estos residuos tóxicos hacia las aguas subterráneas y el río Manzanares, que pasa a apenas un par de kilómetros de la instalación y se une al Jarama antes de desembocar en el Tajo. Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo afirman a Civio no tener constancia de que se hayan realizado estudios sobre la posible contaminación de este río por los vertidos de este vertedero.

Las cenizas que almacena este depósito de seguridad son las resultantes de la incineradora de Las Lomas, una de las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez, complejo situado a poco más de dos kilómetros de Ensanche de Vallecas por un lado, a menos de tres kilómetros de Rivas Vaciamadrid por el otro y a unos pocos cientos de metros de la Cañada Real, distancias que no cumplen las recomendaciones del ministerio. Es un macrovertedero que recibe en torno a 1,3 millones de toneladas de residuos domésticos cada año y tiene una capacidad total de 22,7 millones de metros cúbicos de residuos.

“De repente, te viene un olor nauseabundo; hay gente a la que le genera dolor de cabeza, le pica la piel o le afecta a la garganta”, denuncia Rosa Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos PAU Ensanche de Vallecas. Hace 16 años que la asociación recoge datos sobre malos olores y, finalmente, durante el gobierno madrileño de Manuela Carmena, Pérez señala que se hizo un estudio sobre este tema y en los años posteriores se han implementado medidas. “Pero, a día de hoy, a pesar de que se han reducido, seguimos teniendo malos olores”, afirma Pérez. Es uno de los problemas más notorios que sufren a raíz del complejo de Valdemingómez, pero no el más importante. Rosa apunta como más peligroso las emisiones de la incineradora. “En la incineración de residuos se generan unas sustancias, las dioxinas y furanos, que son acumulativas y persistentes, y eso nosotros lo estamos incorporando a nuestro organismo durante las 24 horas del día”, expone Pérez.

En 2021, un informe publicado por Zero Waste Europe mostraba que los huevos y vegetación de la zona de la Cañada Real presentaban tres veces más dioxinas y furanos que los de zonas más alejadas. “Son huevos que no se pueden comercializar”, señala Pérez. Pocos años antes, en 2017, el Ayuntamiento también accedió a hacer un informe sobre cómo afectaban las emisiones de Valdemingómez a los vecinos de la zona, finalmente publicado en 2019. El informe, que se hizo sobre datos de mortalidad en Madrid, por zonas, entre los años 2010 y 2014, concluía que no se puede probar que haya mayor mortalidad en las inmediaciones de Valdemingómez. “El truco de eso es que se hizo solo estudio de mortalidad, no se hizo estudio de morbilidad”, subraya Pérez, que recuerda que fue a finales de 2006 cuando Ensanche de Vallecas comenzó a tener habitantes. “Es un periodo de tiempo muy corto para que se haya contraído una enfermedad por este motivo y la persona haya muerto”. El propio informe señala que la Consejería de Sanidad no facilitó para este estudio datos de morbilidad disgregados por zonas y recomienda que se realice un estudio que analice si existe más incidencia de determinadas enfermedades en las inmediaciones de Valdemingómez.

Vertederos ilegales con residuos peligrosos

A estos 17 vertederos de residuos peligrosos se suman otras 195 instalaciones para residuos no peligrosos y 149 más de inertes —varios de ellos son diferentes depósitos del mismo complejo—, según datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Son instalaciones sin licencia para albergar residuos peligrosos, pero, en ocasiones, lo hacen.

Pasó en el vertedero de Zaldibar, ya cerrado y donde murieron dos trabajadores sepultados por un derrumbe de 800.000 metros cúbicos de basura en febrero de 2020. Tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco constataba que el vertedero almacenaba también 13,3 toneladas de residuos peligrosos, a pesar de no tener licencia para ello. Una parte de ellos venían de Francia, según afirmaba Carlos Arribas, responsable de residuos de Ecologistas en Acción, en un reportaje emitido en abril por RTVE. “Los vertederos ilegales de residuos y, en general las gestiones ilegales de residuos, son los principales culpables de la percepción negativa que pueda existir del sector”, añade Palomino.

Solo en 2022, la administración interceptó 12 desplazamientos ilegales de residuos peligrosos con origen o destino final en España, según la información facilitada por la administración en la web del Convenio de Basilea. Uno de esos cargamentos, proveniente de Italia, tenía 20.000 toneladas de residuos de baterías de litio. En 2021, el número de cargamentos ilegales superó la veintena. La gran mayoría eran exportaciones de residuos peligrosos de España a otros países como Mauritania o Nigeria. Al menos cuatro de estos cargamentos fueron devueltos a España tras ser interceptados en países de transición.

Además de las instalaciones legales, en España existen al menos 195 vertederos ilegales. Son espacios públicos o privados que no deberían almacenar ningún tipo de residuos, como una cantera de Guillena (Sevilla), que fue utilizada como cloaca por un empresario que en febrero de este año fue condenado a dos años y medio de cárcel por delitos contra el medio ambiente, o el entorno del río Jarama a su paso por San Fernando de Henares, de donde Canal de Isabel II retiró en julio 2.900 toneladas de residuos, amianto incluido.

El listado completo del emplazamiento de estos vertederos ilegales —que pueden contener todo tipo de residuos— está en manos de la Comisión Europea, que ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este asunto. Los 195 están repartidos por todo el territorio nacional, según fuentes de la Comisión: 63 en Castilla y León, 59 en Extremadura, 24 en Andalucía, 22 en las Islas Canarias, 14 en Madrid, 5 en Aragón, 5 en Castilla-La Mancha y 3 en el País Vasco. No obstante, en 2018, cuando la institución europea comenzó el procedimiento contra España, el número de vertederos ilegales identificados por esta superaba los 1.500.