A mediados de septiembre, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) envió una comunicación interna en la que reconocía que, en los últimos cinco años y hasta diciembre de 2023, había activado su protocolo por acoso sexual y por razón de sexo en 12 ocasiones. Un documento escrito en el aniversario de la desaparición de Mari Carmen Fernández Vázquez el 10 de septiembre de 2023 mientras trabajaba como camarera en el buque oceanográfico García del Cid. En 2019, Mari Carmen había puesto una denuncia ante el CSIC por haber sufrido acoso sexual por parte de otro de los miembros del buque y, aun así, terminó siendo destinada al mismo barco con la persona a la que había denunciado, como contaba Faro de Vigo.

El CSIC no es el único organismo público donde existen casos de acoso sexual. Y, sin embargo, hasta marzo de 2024, la Administración General del Estado no contaba con un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que cubriese a todas las personas que trabajan en la administración. Hubo un intento fallido de aprobar un protocolo de este tipo en 2011, que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015, como explica Ángela Bernardo en el libro “Acoso: #Metoo en la ciencia española”. La Ley de igualdad entre hombre y mujeres aprobada en 2007 definía las conductas tipificadas en estos tipos de acoso y ya exigía, por entonces, que se creara un protocolo y que lo adaptaran los distintos organismos públicos. Aunque el protocolo no se ha aprobado hasta 2024.

Antes de la entrada en vigor de este protocolo, la mayoría de ministerios asegura no haber registrado en los últimos años ni una sola denuncia de este tipo por parte de sus trabajadoras y trabajadores. Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujer, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras (CCOO), apunta a que la única diferencia con el protocolo actual es que “ahora hay un procedimiento con el que se puede instar internamente. Ahora bien, los acosos han existido, siguen existiendo y siguen estando igual de invisibilizados que estaban antes del protocolo”.

Situaciones que son acoso sexual o por razón de sexo

Un dossier del sindicato de funcionarios pone algunos ejemplos de lo que es acoso sexual: insinuaciones, comentarios obscenos, envío de imágenes o mensajes con contenido sexual, acercamientos no solicitados, excesivos o innecesarios. También forzar a la víctima a elegir entre someterse a requerimientos sexuales o perder condiciones de trabajo. El acoso por razón de sexo se da cuando ocurren reiteradamente situaciones como desautorizar decisiones, asignar tareas denigrantes o con actuaciones que pretender aislar a la víctima siempre determinadas por el sexo de la misma, por cuestiones relacionadas como embarazo, maternidad o paternidad, conciliación, etc.. Otros hechos constitutivos de acoso son amenazas, agresiones, gritos, insultos y ataques a la vida personal o a la reputación de la víctima.

Muchas personas que han sufrido este acoso no han dado el paso de denunciar, explica Eva Fernández, secretaria de Igualdad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). “En muchos casos lo que ha pasado es que no se han atrevido a denunciar porque no sabían ante quién. La gente lo que hace al final es pedir un traslado, cogerse una baja… la víctima es la que es encima doblemente victimizada porque pierde lo que tiene por culpa de lo que le está pasando”, explica Fernández. Y añade que, en otras ocasiones y al no haber un protocolo que seguir, “se ha hecho una especie de apaño” hablando con las partes y no sancionando a nadie. Esto sí cambia con las nuevas reglas: deberá existir una unidad responsable de recibir estas denuncias y se podrá hacer a través de una dirección de correo electrónico o un buzón físico. Esta unidad deberá ponerlo en conocimiento de una asesoría confidencial, dentro de las siguientes 24 horas, que deberá emitir un informe en 10 días y decidirá si se archiva la denuncia o si se inicia un expediente disciplinario. El o la denunciante tendrá otros 10 días para presentar alegaciones. Entonces será el Comité de Asesoramiento -compuesto por cuatro personas- el que realice otro informe en un máximo de otros 20 días. En todo este proceso el o la denunciante podrá estar acompañada por una persona de confianza.

Antes de la entrada en vigor de este protocolo, ya hubo gente que se atrevió a denunciar. Delia Gutiérrez estuvo más de un año luchando para que se admitiera a trámite su denuncia por acoso laboral y por razón de sexo contra un alto cargo. Presentada en julio de 2022, fue inadmitida a trámite en agosto, pero gracias a un recurso de amparo comenzó a investigarse en noviembre porque el director general de Servicios veía necesarias una “mayor cantidad de averiguaciones sobre el caso”. El resultado no fue mejor: archivo de la denuncia, recurso, estimación parcial del recurso y archivo final. “Ha sido un proceso a lo largo de años y en estas cosas cuesta identificar lo que te pasa o reconocerte como víctima, cuesta hablar de ello, cuesta que se entienda porque son cosas que no son tan tan visibles”, cuenta Delia, y añade: “Desde el momento en que dices ‘voy a sacudir esto, voy a quitarme algún peso de encima’ o a buscar algún apoyo, es muy difícil y te sientes muy perdida”. La denuncia se presentó ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico para que fuera investigado como acoso laboral y por razón de sexo. La investigación se centró en el posible acoso laboral pero se descartó que este acoso pudiese ser condicionado por el hecho de ser mujer. En ese año, este ministerio solo contabilizó esta denuncia entre las de acoso sexual y por razón de sexo. También investigó una denuncia por acoso sexual realizada por personal externo en 2019, registró otra de acoso sexual en el año 2021 y una de acoso por razón de sexo en 2023.

Entre los ministerios que sí han facilitado datos, además del de Transición Ecológica, y tienen registro de denuncias por acoso sexual o por razón de sexo, se encuentra el de Cultura; y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registraron sendas denuncias de acoso por razón de sexo en 2023. El de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió otra por acoso sexual en 2021. También el Ministerio de Economía, que no hace distinción en sus datos entre acoso sexual y por razón de sexo, señala que recibió una denuncia de este tipo en 2016 y otras dos en 2017. El Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una denuncia por acoso sexual o por razón de sexo en 2020 y dos en 2021. En el lustro que va entre 2018 y 2023, el Ministerio de Interior registró, en Instituciones Penitenciarias, siete denuncias por acoso sexual y tres por acoso por razón de sexo. Desde la entrada del protocolo en marzo de 2024, el Ministerio de Defensa, por su parte, dice haber activado el mismo en tres ocasiones.

El resto de ministerios -14 de 21- dicen no haber registrado denuncias de este tipo en los últimos años. Por ejemplo, el ministerio al que está adscrito el CSIC, el de Ciencia, Innovación y Universidades, dice no tener ninguna denuncia entre 2020 y 2023 en sus servicios centrales. Aunque aquí no incluye datos de otros organismos autónomos adscritos como el propio CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Investigación ni tampoco de las universidades públicas. Los datos que los ministerios han facilitado a Civio cubren épocas diferentes y están registrados de forma dispar (puedes conocer el detalle en la metodología).

Y, ¿qué pasa con este tipo de denuncias? Fueron archivadas la denuncia de acoso por razón de sexo de Cultura y una del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No llegaron a tramitarse tampoco las dos de Asuntos Exteriores. En Transición Ecológica, se archivó la de Delia y otra por razón de sexo en 2023. De las diez registradas en Instituciones Penitenciarias sabemos que fueron archivadas, al menos, seis.

El resto de denuncias se admitieron a trámite y al menos dos tuvieron sanción administrativa, excepto una de Economía del 2017, donde la denunciante desistió. La denuncia por acoso sexual de Transición Ecológica que se registró en 2021 tuvo un expediente incoado que terminó siendo archivado por sentencia judicial. Entre las denuncias de Instituciones Penitenciarias, hubo dos de acoso sexual en las que se inició un expediente disciplinario y una que fue objeto de denuncia judicial.

Otra de las actuaciones que establece el protocolo es la prohibición de represalias a aquellas personas que denuncien, comparezcan como testigos o participen en una investigación. Delia, por su parte, cuenta haberlas sufrido mientras duraba el proceso y de forma posterior: “Por ejemplo, que me invitaran a participar en un evento y no me dieran permiso para asistir” o haber sufrido un cambio de su puesto de trabajo mientras estaba en comisión de servicios sin haber sido informada. Además, considera que no se respetó otro de los principios que ahora contempla el protocolo, el de la confidencialidad: “Una cosa así te estigmatiza y yo he sentido que, entre otras cosas, no se ha guardado la debida confidencialidad”.

Las denuncias por acoso laboral tampoco prosperan

La denuncia de Delia pasó a engrosar la lista de aquellas que no prosperan y terminan archivándose. Esta es la situación que más se repite también en los casos de acoso laboral. La última memoria que publicó el Ministerio de Función Pública en 2021 cifraba en 51 las denuncias de empleados públicos por acoso laboral durante ese año, de las cuales el 43% no se admitió a trámite. De las que pasaron el primer filtro y fueron investigadas se archivaron 21 denuncias más. Al final, de esas 51 denuncias iniciales solo se abrieron dos expedientes disciplinarios, dos denuncias judiciales y en una se confirmó el acoso. Estos números se repiten en años anteriores; en 2020 se pusieron 65 denuncias de las que más del 47% no se admitieron a trámite y otro 36% fueron archivadas. En el caso de acoso laboral, a diferencia de lo que ocurría con el acoso sexual o por razón de sexo, sí existe un protocolo desde 2011. Con datos más actualizados de algunos ministerios, sabemos que entre 2022 y 2024 ha habido, al menos, 60 denuncias por acoso laboral más.

Estas denuncias se tramitan por la vía administrativa en un primer momento pero, a veces, terminan en los tribunales. De hecho, son numerosos los casos que han acabado así. En ciertas ocasiones, el acoso sexual se convierte en acoso laboral: una sentencia del Tribunal Militar Central en 2020 condenaba a un teniente coronel a dos años y tres meses de prisión por acoso sexual y profesional a una subordinada. El teniente había enviado mensajes y un vídeo de carácter sexual a la víctima y, cuando ella le reprochó tal hecho, comenzó el acoso laboral, que se alargó durante meses. El último informe de Observatorio de la Vida Militar indicaba que, en 2022, se dictaron cuatro sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o actos de abuso sexual” y dos sentencias condenatorias por “abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual y profesional, amenazas o coacciones”. En ese mismo año, se interpusieron 38 denuncias por acoso laboral, sexual o por razón de sexo dentro de las Fuerzas Armadas de las que 18 se incoaron por vía penal y 29 por vía administrativa. La mayoría de ellas fueron presentadas en el Ejército de Tierra y todos los denunciados, menos uno, son hombres.

Los ministerios y organismos han tenido hasta el pasado 28 de septiembre para adaptar e implantar el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo para sus trabajadores, dentro del periodo de seis meses que establecía la Ley de igualdad entre hombres y mujeres en 2007. En todos estos años, hasta la aprobación de este protocolo, el acoso en la administración pública ya estaba ocurriendo y afectando a la carrera profesional y a la vida de las personas que lo han sufrido. Y las consecuencias son evidentes: “Tu carrera declina de una manera absurda y sin sentido”, cuenta Delia.

Ángela Bernardo y Eva Belmonte han ayudado en la edición del artículo.

Los datos sobre denuncias por acoso laboral, sexual o por razón de sexo presentados en este artículo han sido facilitados por los propios ministerios a través de solicitudes de transparencia. En un primer momento, en noviembre de 2023, Civio solicitó al Ministerio de Función Pública los datos desagregados por año y por ministerio de este tipo de denuncias, recogidas en las fichas que deben mandar los organismos a Función Pública de forma anual para que este realice sus memorias. Función Pública rechazó dar datos sobre denuncias de acoso sexual y por razón de sexo porque no tenía obligación de recogerlos desde que el Tribunal Supremo anulara la aprobación del protocolo en 2015.

Civio reclamó ante el Consejo de Transparencia alegando que, aunque no se recogieran y publicaran los datos, esos datos existían y debían facilitar que los distintos ministerios nos los dieran. El Consejo estimó nuestra reclamación e instó a Función Pública a que le trasladara nuestra petición a los diferentes organismos. Esto resultó en 23 solicitudes de transparencia realizadas por Función Pública, en nombre de Civio, cada una a un ministerio.

La información recibida de cada ministerio fue muy dispar:

  • Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: en la primera resolución dice no tener “ninguna apertura de procedimiento por situación de acoso” en 2023. Para acceder a los datos de años anteriores, Civio hace una nueva solicitud. En esta segunda resolución dan datos del periodo de 2019 a 2022 de acoso laboral por un lado -24 denuncias- y acoso sexual y por razón de sexo por otro -3 denuncias-. También incluyen el número de denuncias inadmitidas y tramitadas y qué ha ocurrido con ellas.
  • Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: la solicitud la divide en siete, una para obtener los datos del ministerio, otra para el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una para Patrimonio Nacional, otra para el Boletín Oficial del Estado (BOE), otra para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, otra para el Centro de Estudios Jurídicos y a la Mutualidad General Judicial. El ministerio proporciona datos sobre el Ministerio de Justicia y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales de 2016 y del extinto Ministerio de Justicia de 2015. Sobre los datos más actualizados dice que “en las fichas del periodo solicitado no se reflejan las situaciones a las que se refiere la solicitud”. Desconocemos si esto significa que no ha habido denuncias por acoso laboral, sexual o por razón de sexo o que no se han recogido. Patrimonio Nacional, por su parte, dice que entre 2013 y 2023 no ha habido “ninguna denuncia ante situación de acoso y/o violencia en el trabajo”. Desconocemos si esto incluye solo acoso laboral o también sexual o por razón de sexo. El CIS dice no haber registrado ninguna denuncia entre 2020 y 2023. El BOE tampoco ha registrado ninguna hasta la fecha. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales dice no haber registrado ninguna denuncia de ningún tipo de acosos “desde el inicio de la recogida de datos” y hasta la fecha. Y el Centro de Estudios Jurídicos, que tampoco ha recibido ninguna denuncia entre 2015 y 2023. El resto de organismos no había enviado la información a la fecha de publicación del reportaje.
  • Ministerio de Hacienda: en la resolución dice no tener denuncias por acoso laboral, ni por acoso sexual “en el periodo solicitado”. Preguntado de forma posterior a través de email, corrigen la información y dan datos de denuncias de acoso laboral entre los años 2014 y 2023.
  • Ministerio de Trabajo y Economía Social: da datos completos de los tres tipos de acoso por organismo dentro del ministerio (Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) y el propio ministerio) y entre los años 2020 y 2023.
  • Ministerio de Defensa: en la resolución da datos de denuncias desde las entradas en vigor de los dos protocolos. Ofrece datos de acoso laboral desde 2011 y de acoso sexual y por razón de sexo desde marzo de 2024.
  • Ministerio de Interior: responde facilitando datos sobre la Dirección General de Política Interior (2018-2023), la Dirección General de Tráfico (2013-2023) y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2018-2023). De estas tres instituciones solo refiere haber recibido denuncias por acoso sexual o por razón de sexo Instituciones Penitenciarias. La Secretaría de Estado de Seguridad redirige la solicitud a las Memorias Anuales de Función Pública, donde solo se recogen datos totales y de acoso laboral.
  • Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: facilita datos para el periodo 2019-2023, pero la parte de acoso sexual y acoso por razón de sexo no viene rellena en ninguno de los años por lo que no podemos conocer si no hubo denuncias o si no las recogieron.
  • Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes: en la resolución indica el número de denuncias por acoso laboral de 2022 y 2023. Sobre las de acoso sexual y acoso por razón de sexo dice no tener constancia de denuncias “en el periodo indicado”.
  • Ministerio de Industria y Turismo: en la resolución explica que “entre 2015 y la fecha de entrada de la presente solicitud, conforme a la documentación que obra en esas unidades, no se ha activado el protocolo aprobado para casos de acoso sexual y por razón de sexo, ni recibido denuncia alguna sobre esta materia”. También aclara que hasta noviembre de 2023 la Secretaría de Estado de Comercio pertenecía a este ministerio pero después pasó a depender del de Economía, Comercio y Empresa.
  • Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: ofrece datos junto al Ministerio de Transición Ecológica entre 2015 y 2018. A partir del 2019, y hasta el 2023, dan datos por separado de los tres tipos de acoso.
  • Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: en su resolución dice que no ha habido ninguna denuncia por acoso de ningún tipo “en la última ficha” enviada a Función Pública, por lo que creemos que los datos solo son relativos a 2023.
  • Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: explica que “desde su constitución, este departamento no ha recibido ninguna denuncia por situaciones de acoso (laboral, sexual o por razón de sexo)”.
  • Ministerio de Cultura: proporciona datos sobre los tres tipos de acoso entre 2019 y 2023.
  • Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: aporta datos de acoso laboral por un lado y acoso sexual o por razón de sexo por otro. Para todos los años entre 2019 y 2024.
  • Ministerio de Sanidad: dice que “según los datos que constan en el Ministerio de Sanidad, entre los años 2020 a 2023, ha habido una denuncia de acoso laboral en el año 2022”. El INGESA, por su parte, dice inadmitir la solicitud porque la información solicitada no obra en su poder.
  • Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: indica que desde la creación del ministerio en 2023 no se ha remitido esta información a Función Pública.
  • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: explica que “no ha tenido ninguna denuncia de acoso laboral ni acoso sexual o por razón de sexo en los servicios centrales del MCIN en 2023”. También señalaron que no disponen de datos del extinto Ministerio de Universidades. Civio realizó una segunda solicitud para conocer años anteriores y facilitaron el número de denuncias para 2020, 2021 y 2022, que fue cero.
  • Ministerio de Igualdad: explica que en el ministerio “no se han producido denuncias ante situaciones de acoso tanto laboral, como sexual y por razón de sexo”.
  • Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: proporciona información sobre las denuncias para el periodo 2020-2023.
  • Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública: no ha respondido a la solicitud.
  • Ministerio de Juventud e Infancia: explica que desde la creación del ministerio no ha habido ninguna denuncia de acoso de ningún tipo.
  • ​​Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: responde a la solicitud dando datos para los años que van entre 2019 y 2023 y registra denuncias de los tres tipos de acoso.

La mayoría de ministerios que da datos sobre estas denuncias también los da sobre el número de denuncias inadmitidas y aquellas que han sido tramitadas -y posteriormente, archivadas, con expediente incoado o con sanción administrativa. Con esta información, no podemos saber a ciencia cierta que las denuncias que son presentadas en un año son las mismas que después son inadmitidas o tramitadas, pero, en la mayoría de casos esos dos números coinciden. Hay dos excepciones. Una son los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023, que señala que hubo una denuncia inicial de acoso por razón de sexo, una denuncia archivada y un expediente disciplinario iniciado en ese periodo. No podemos saber si se trata de la misma denuncia con diferentes estados o la consecuencia de dos denuncias diferentes. También ocurre con los datos del Ministerio de Economía para 2016; registra una denuncia presentada, un expediente incoado y una sanción disciplinaria. Puede que se trate de la misma denuncia o de dos denuncias diferentes.

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