El Ayuntamiento de San Fernando de Henares compra chalecos antibalas israelíes pese al embargo

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) ha comprado a Guardian Homeland Security, la empresa implicada en el polémico contrato de balas israelíes anulado hace solo unos días, 18 chalecos antibalas para la policía local. El contrato, con un presupuesto de 14.000 euros, se acabó adjudicando por 9.306 (sin impuestos), 517 euros por cada prenda.

El acuerdo se firmó el 25 de septiembre, el mismo día que entró en vigor el decreto ley que prohíbe la importación y exportación de material de Defensa israelí, y se publicó ayer en la Plataforma de contratos del sector público. La compra se articula vía contrato menor, al ser inferior a 15.000 euros, por lo que el procedimiento tiene muchos menos controles. También se presentó otra empresa, pero lo ganó Guardian Homeland Security por ser la “mejor oferta presentada y admitida”.

En abril, esta empresa saltó a los titulares por un contrato de 6,6 millones de compra de balas para la Guardia Civil. En ese caso, actuaba como representante de la firma israelí IMI Systems. Pese a que la polémica surgió en abril, y la promesa del Gobierno de que cancelarían el contrato llevaba meses en el aire, no fue hasta el pasado 29 de septiembre, ya con el paraguas legal del decreto ley de embargo, cuando se anuló de forma oficial.

Pero el papel de Guardian Homeland Security y sus vínculos con Israel van más allá de una mera representación en un contrato puntual. Tal y como aparece en su página web, es la “representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar”. Además, cuenta con la autorización del Ministerio de Defensa israelí como empresa exportadora. Y, según contaron por entonces varios medios, como Efe, fue creada por exmiembros de varias agencias de seguridad israelíes y su administrador, Ilan Arzooan, es un exagente de la inteligencia israelí. Los chalecos que aparecen en su catálogo son, según su propia web, “made in Israel”.

No es la primera vez que administraciones públicas españolas compran chalecos antibalas a esta empresa. De hecho, Interior justificó un contrato similar para la Guardia Civil, en plena polémica por la compra de balas, alegando que no se trataba de armamento, sino material de protección, según publicó El País. También compró prendas de protección a la misma empresa, entre otras administraciones, el Gobierno vasco, según publicó El Salto.

De hecho, el Ejército de Tierra también acordó el pasado 23 de septiembre la compra de una estructura modular para los entrenamientos en la Escuela militar de montaña y operaciones especiales, en Huesca, por poco menos de 15.000 euros y también vía contrato menor. El acuerdo se firmó el mismo día que se aprobó el decreto ley en el Consejo de ministros. Pero no estaba en vigor. Se publicó en el BOE el 24 y empezó a ser efectivo el día siguiente, el 25.

Así, la diferencia es que todos estos contratos se firmaron antes de entrada en vigor del decreto ley que veta la importación y exportación de material de defensa desde o hacia Israel.

¿Afecta el veto a este contrato? Si son chalecos fabricados en Israel, como afirman en su página web, y van a ser importados tras la fecha de aplicación del decreto ley el pasado 25 de septiembre (esto es, que no estuvieran ya en España), en principio sí. Su importación debería prohibirse. El contrato establece que la compañía tiene 60 días para suministrar las prendas.

El decreto ley veta la entrada y salida de productos incluidos en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, entre los que están los equipos de protección como cascos, trajes blindados o antibalas, salvo “cuando acompañen a su usuario para su protección personal”, esto es, cuando lo lleven puesto.