El Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) ha comprado a Guardian Homeland Security, la empresa implicada en el polémico contrato de balas israelíes anulado hace solo unos meses, 63 chalecos antibalas para la policía local. El contrato, con un presupuesto de 40.367,76 euros, se acabó adjudicando sin apenas rebaja, 40.320 (sin impuestos), 640 euros por cada prenda.

La compra se articuló vía procedimiento abierto simplificado y abreviado y en el proceso se presentó también otra empresa que, pese a ofrecer un mayor descuento, no pasó el filtro por, según el análisis de la policía local, incumplir los requisitos técnicos sobre la forma y los materiales de los chalecos antibalas.

El acuerdo de adjudicación, firmado por el alcalde, Oliver Klein (del Nou Moviment Ciutadà), está fechado el pasado 28 de noviembre, poco menos de dos meses después de que se publicara la licitación el 1 de octubre. Ambas fechas son posteriores al 25 de septiembre, el día que entró en vigor el decreto ley que prohíbe la importación y exportación de material de Defensa israelí.

¿Afecta el veto a este contrato? Si son chalecos fabricados en Israel, como afirman en su página web, y van a ser importados tras la fecha de aplicación del decreto ley el pasado 25 de septiembre (esto es, que no estuvieran ya en España), en principio sí. Su importación debería prohibirse. El contrato establece que la compañía tiene cinco meses para entregar, al menos, 50 de estos chalecos.

El decreto ley veta la entrada y salida de productos incluidos en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, entre los que están los equipos de protección como cascos, trajes blindados o antibalas, salvo “cuando acompañen a su usuario para su protección personal”, esto es, cuando lo lleven puesto.

A principios de octubre, Civio publicó la noticia de un contrato casi idéntico, también tras la entrada en vigor del embargo, pero en este caso del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). Pocos días después de hacerse público, el consistorio lo anuló.

Homeland Security, una larga historia de contratos y anulaciones

En abril, Homeland Security saltó a los titulares por un contrato de 6,6 millones de compra de balas para la Guardia Civil. En ese caso, actuaba como representante de la firma israelí IMI Systems. Pese a que la polémica surgió en abril, y la promesa del Gobierno de que cancelarían el contrato llevaba meses en el aire, no fue hasta el pasado 29 de septiembre, ya con el paraguas legal del decreto ley de embargo, cuando se anuló de forma oficial.

Pero el papel de Guardian Homeland Security y sus vínculos con Israel van más allá de una mera representación en un contrato puntual. Tal y como aparece en su página web, es la “representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar”. Además, cuenta con la autorización del Ministerio de Defensa israelí como empresa exportadora. Y, según contaron por entonces varios medios, como Efe, fue creada por exmiembros de varias agencias de seguridad israelíes y su administrador, Ilan Arzooan, es un exagente de la inteligencia israelí. Los chalecos que aparecen en su catálogo son, según su propia web, “made in Israel”.

Texto de la página web de Guardian Homeland Security sobre sus chalecos, donde se puede leer ‘Made in Israel’.

Estas no son las primeras veces que administraciones públicas españolas compran chalecos antibalas a esta empresa. De hecho, Interior justificó un contrato similar para la Guardia Civil, en plena polémica por la compra de balas, alegando que no se trataba de armamento, sino material de protección, según publicó El País. También compró prendas de protección a la misma empresa, entre otras administraciones, el Gobierno vasco, según publicó El Salto.

De hecho, el Ejército de Tierra también acordó el pasado 23 de septiembre la compra de una estructura modular para los entrenamientos en la Escuela militar de montaña y operaciones especiales, en Huesca, por poco menos de 15.000 euros y también vía contrato menor. El acuerdo se firmó el mismo día que se aprobó el decreto ley en el Consejo de ministros. Pero no estaba en vigor. Se publicó en el BOE el 24 y empezó a ser efectivo el día siguiente, el 25.

Así, la diferencia es que todos estos contratos se firmaron antes de entrada en vigor del decreto ley que veta la importación y exportación de material de defensa desde o hacia Israel.

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