Más contratos de obra pública a una constructora catalana salpicada por tres casos de corrupción

Esta es la historia de una constructora catalana, Rubau, que aparece intermitentemente en las páginas del BOE. En lo que llevamos de 2012, suma cinco contratos de obras publicados en el boletín oficial. Ninguno baja del millón de euros y uno de ellos, del que es adjudicataria junto a otra constructora (Coprosa) y una empresa de minería y obra civil (Insersa), sobrepasa los 100 millones. El presidente de Construcciones Rubau es Jorge Rubau Comalada, uno de los patronos de la Fundació Príncep de Girona.

Hoy mismo se ha publicado la formalización de un contrato para que la protagonista de esta historia se haga cargo de la implantación del carril bus del Passeig Joan de Borbó, en Barcelona, unas obras que costarán 1.747.920 euros, encargadas por la Autoridad Portuaria de la capital catalana, la misma entidad que da pie al inicio de esta historia.

El caso del dique este del puerto de Barcelona

En 2001, una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copisa, Ferrovial-Agroman, FCC y Construcciones Rubau se llevó el contrato para la ampliación del dique este del puerto de Barcelona por 165 millones de euros (83 de ellos a cargo de los fondos de cohesión europeos). Dos años después el presupuesto se amplió a 197 millones y, en 2010, Hacienda inició una investigación sobre el proyecto, ya que sospechaba que la UTE había incluído en las cuentas 850 toneladas de piedras que nunca se utilizaron en las obras.

El fiscal les acusó de fraude fiscal y malversación de fondos públicos y en el caso acabaron imputados varios responsables de las empresas implicadas y el director de obras del dique este del puerto. En paralelo, la Autoridad Portuaria de Barcelona presentó una demanda civil contra el grupo de constructoras por “engordar” el presupuesto de la obra pública 40,7 millones de euros.

De rebote, el ‘caso Millet’

Ese mismo año se destapó uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Cataluña: el saqueo del Palau de la Música por Fèlix Millet y el uso de la institución para la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que la policía dio por acreditada en su último informe, en el que afirma que Ferrovial financiaba al partido del president Artur Mas a través de la institución cultural. Según las investigaciones, el contacto de Fèlix Millet en Ferrovial era Pedro Buenaventura, consejero director general de la empresa durante los años en los que ocurrieron los hechos. Cuando Buenaventura declaró en la comisión parlamentaria para negar las acusaciones, en julio de 2010, ya habían pasado cuatro años desde que abandonó el staff directivo de Ferrovial. En 2006, Rubau Construcciones le fichó como consejero delegado.

La investigación policial considera probado que CDC se financió a través de Ferrovial a cambio de la adjudicación a la constructora de proyectos de gran envergadura como la Ciudad de la Justicia de Barcelona o la línea 9 del metro. De las adjudicaciones de obra pública, según las mismas fuentes, el 4% se repartía entre el partido y el propio Millet.

El ‘clan de los asfalteros’ o el ‘caso GISA’

En 2011 saltaba a la prensa una nueva trama corrupta en la que un grupo de empresas, denominada por algunos el clan de los asfalteros, pactaba precios para repartirse el pastel de las obras públicas en Girona. El ‘caso GISA’ (Gestió d’Infraestructures, empresa pública de la Generalitat) arrancó con la detención de Jordi Vergé, gerente de carreteras de la entidad pública en Girona, por aceptar sobornos del clan. También fueron detenidos Anna Sánchez Soldevilla y Xavier Esgleas Tarifa, cargos de Construcciones Rubau, una de las empresas implicadas en la presunta trama, que la Oficina Antifraude de Cataluña sigue estudiando. Esgleas, apoderado de Construcciones Rubau, es considerado por los investigadores como el coordinador del cártel de empresas junto a Joan Mozo, consejero delegado de otra de las constructoras implicadas, Rubau Tarrés, cuyo presidente, Josep Rubau Bosch (¿les suena el apellido?), también fue imputado en el caso.

Decenas de millones en contratos solo en 2012

El 27 de enero de 2012 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicaba la adjudicación a Rubau Construcciones de las obras de desdoblamiento de la C-31 entre Platja d’Aro y Palamós por casi ocho millones de euros (7.999.574, exactamente el mismo precio por el que se había presupuestado la licitación, la oferta de la constructora no rebajó ni un euro su oferta). Ya en el BOE, el 20 de marzo se publicaba la adjudicación de la construcción de un edificio de 67 viviendas en Santa Coloma. Adivinen el adjudicatario.

El 12 de mayo, Adif publicaba un contrato de más de 100 millones de euros por las obras de un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia a una UTE formada por Insersa (15%), Coprosa (50%) y Rubau (35%). A la constructora catalana, en solitario, también se le encargaron mejoras en otro tramo de la misma línea, esta vez por casi dos millones.

El pasado agosto, por algo más de un millón de euros, se llevó un contrato de urbanización para la Autoridad Portuaria de Barcelona. Y así hasta hoy, que el nombre de esta constructora gironina vuelve a relacionarse con la gestora del puerto de la capital catalana. Aunque, esta vez, sin demandas civiles de por medio.

Buenas noches.