La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sigue un procedimiento de reintegro por alcance por irregularidades contables en el Ayuntamiento de Toledo durante los años 2002 y 2003. El órgano pretende aclarar si hubo responsabilidad de la administración municipal (entonces en manos del PP) sobre pagos “contrarios a la legislación vigente” durante esos dos ejercicios.

Este juicio contable surge de un informe del Tribunal de Cuentas, realizado en 2008, en el que se pone de manifiesto que no existió un registro general de facturas durante esos dos ejercicios y que algunos de los pagos realizados no contaban con la factura que los justificara. En el mismo documento se señala que no se realizaron los correspondientes procesos selectivos para tres plazas de empleo público ofertadas en 2002 y ninguna en 2003. Una de las recomendaciones del Tribunal era que todos los gastos se reflejen en la contabilidad y que este registro se realizara, además, en el ejercicio en el que se llevaran a cabo, unas normas contables que no cumplía el Ayuntamiento de Toledo.

Tras la publicación de dicho informe, el presidente del grupo municipal popular, Lamberto García Pineda, aseguró que las recomendaciones del órgano fiscalizador de las cuentas públicas eran meramente técnicas. Cuatro años después, el Tribunal va más allá en la investigación y ha decidido poner en marcha un procedimiento de alcance promovido por el Ministerio Fiscal, una especie de juicio que se lleva a cabo tras entender que pueden existir infracciones constitutivas de alcance o malversación de fondos públicos, tal y como se regula en la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

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