El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado ayer en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Así, podrán utilizar este servicio, independientemente de su renta, víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas; menores y discapacitados que denuncien un abuso o maltrato y heridos graves en accidente de tráfico que queden en situación de discapacidad. Además, el Gobierno modifica los umbrales de renta máximos que permiten a un cuidadano hacer uso de este derecho. Así, según las palabras de Santamaría y de algunos medios, ese tope de ingresos se eleva y más personas pueden acceder. Pero esto no es del todo cierto.

En realidad, el máximo de ingresos que pueden tener aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar se ha visto reducido. El articulado que recoge hoy el BOE marca unos umbrales de renta según el tipo de unidad familiar: para personas solas, dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiles (IPREM); para unidades familiares de menos de cuatro miembros, 2,5 veces el IPREM; para las que superen los cuatro miembros, 3 veces ese indicador. Hasta ahora, el tope de ingresos era, para todos, de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cifra algo superior al IPREM.

Así, este cambio en los cálculos de renta perjudica a aquellos que no estén integrados en una unidad familiar, cuyo umbral ha bajado de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM). Las personas que pertenezcan a una unidad familiar sí verán aumentado el tope de ingresos que no pueden superar para acceder. Por ejemplo, el de una familia de tres miembros pasa de 3.871,8 euros mensuales (dos veces los 645,3 euros del SMI para 2013 multiplicado por los 3 miembros) a 3.993,8 (2,5 veces los 532,1 euros del IPREM x 3). En el caso de una familia de, por poner otro ejemplo, de cinco miembros, el tope sube desde los 6.453 euros mensuales (2 x 645,3 x 5) a 9.679,5 euros (3 x 645,3 x 5).

Además, el Real Decreto-Ley incluye un añadido para el acceso a la justicia gratuita: “Se tendrán en cuenta los signos externos que manifiesten su real capacidad económica”.

Buenos días.

Déjanos decirte algo…

En esta información, y en todo lo que puedes leer en Civio.es, ponemos todo el conocimiento acumulado de años investigando lo público, lo que nos afecta a todos y todas. Desde la sociedad civil, 100% independientes y sin ánimo de lucro. Sin escatimar en tiempo ni esfuerzo. Solo porque alguien tiene que hacerlo.

Si podemos informar así, y que cualquiera pueda acceder sin coste, sin barreras y sin anunciantes es porque detrás de Civio hay personas comprometidas con el periodismo útil, vigilante y al servicio de la sociedad en que creemos, y que nos gustaría seguir haciendo. Pero, para eso, necesitamos más personas comprometidas que nos lean. Necesitamos socios y socias. Únete hoy a un proyecto del que sentir orgullo.

Podrás deducirte hasta un 80% de tu aportación y cancelar cuando quieras.

¿Aún no es el momento? Apúntate a nuestro boletín gratuito.