El Instituto Social de las Fuerzas Armadas ha contratado a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades, propiedad del vicepresidente de la CEOE, Artur Fernández, para el servicio de hostelería en la Residencia Jorge Juan de Alicante, dependiente del Ministerio de Defensa. En total, la formalización de la adjudicación, que publica hoy el BOE, tiene previsto gastar 3.643.200 euros para este servicio.

La empresa tiene pendientes unos pagos de 400.000 euros a la Seguridad Social por deudas contraídas con el organismo. Además, trabajadores y extrabajadores del grupo dirigido por el número 2 de la patronal han denunciado recientemente la práctica habitual de pagos en dinero negro dentro de la corporación. Tras estas informaciones, el Congreso decidió no renovar el contrato para el servicio de hostelería del edificio con el Grupo Cantoblanco, pero otros organismos continúan contratando a esta empresa.

El contrato es para dos años (de marzo de 2013 a febrero de 2015) e incluye un presupuesto de 1.925.000 euros anuales. El contrato, como la mayoría de los que se redactan para ofrecer servicios de hostelería en edificios públicos (véase el caso de La Moncloa), cuenta con una parte variable (el ingreso por menú o por ventas en cafetería) y una parte fija (limpieza y mantenimiento del establecimiento) que compensa a los empresarios participantes a la hora de ofrecer precios más bajos en sus productos que si los vendieran en un restaurante/cafetería al uso.

En este caso, el Estado paga 1.663.200 euros al Grupo Cantoblanco por la limpieza y prevé un gasto de hasta 1.980.000 euros en el servicio de restauración. La cantidad total dependerá del número de menús servidos durante estos dos años, a un precio de 17,82 euros por desayuno, almuerzo y cena, tal y como se muestra en los pliegos técnicos del contrato.

A la licitación se presentaron sólo dos empresas: la firma de Fernández y Serunión, S.A. Grupo Cantoblanco se hizo con el contrato gracias a superar en la proposición económica a su competidora. En concreto, consiguió la puntuación máxima: 100 puntos (97 por condiciones económicas y 3 por mejoras propuestas al servicio). Serunión se quedó en 97,27 sobre 100 ya que su propuesta de precios se quedó en 84,27 sobre 97 puntos.

Los pliegos establecen que podrán participar en la adjudicación empresas “no incursas en la prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional”.

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