Interior ha publicado la formalización del contrato de mantenimiento de las jefaturas provinciales y oficinas locales de Tráfico en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja por 1.122.367,27 euros a la empresa Mancobra, S.A.

Los trabajadores de esta empresa en Puerto Real llevaron a cabo una huelga a finales de enero para reclamar el pago de retrasos en sus nóminas y horas extras de dos años y que, según CCOO, suponen una media de 800 euros por trabajador. Pero el nombre de esta firma y el Grupo Cobra, al que pertenece, ha ocupado titulares durante años por asuntos más graves: Antoni Nadal Moreno, entonces director en Canarias de ambas marcas, es uno de los imputados en el caso Faycan, pendiente de juicio.

Según el auto de instrucción, Cobra y Moncobra son dos de las empresas que, presuntamente, pagaron comisiones al alcalde, los concejales y varios técnicos municipales del Ayuntamiento de Telde de 2003 a 2006 a cambio de la contratación de obras y servicios. Las adjudicaciones se otorgaban a través de procedimientos negociados sin publicidad y, si el valor del contrato superaba los umbrales previstos por ley, se “fraccionaba sin razón”. En el caso de que fuera inevitable sacar la obra o servicio a concurso público, el ayuntamiento filtraba los pliegos con anterioridad a las empresas “amigas” y los técnicos que debían calificar las propuestas empresariales hacían el resto, según las conclusiones del juez instructor. En total, la trama se habría hecho con alrededor de un millón de euros en comisiones que, aunque se negociaban para el PP, acabaron en los bolsillos de los cargos públicos ahora imputados.

Antonio Nadal Moreno, directivo de Cobra y Moncobra en Canarias, está imputado por cohecho en este caso. En el auto se argumenta que estas empresas pagaron entre el 6 y el 8% del valor de las obras adjudicadas en comisiones al equipo municipal y calcula que estos porcentajes sumarían más de 100.000 euros. Los pagos se realizarían a través de Juan Francisco Gordillo Chamarro, contratado como comercial de las firmas e hijo de Francisco Gordillo Suárez, asesor de la concejal Maria Antonia Torres, todos ellos imputados en el caso.

El juez de instrucción destaca, además, que “la situación tenía un modus operandi tan habitual y asumida por las empresas ‘amigas’, que la misma mercantil COBRA S.A., plasmó objetivamente una cuenta de gastos para Canarias, que solo en el año 2005 dejó unos pagos para el Ayuntamiento de Telde en concepto de comisiones por un valor de 107.600 euros” [sic], en cuya cuenta de beneficiarios por el cobro figuraban técnicos municipales.

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