La falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos es más una cuestión de actitud que de medios. A nadie se le escapa que el retraso acumulado del Tribunal de Cuentas pervierte la idea de una rendición de cuentas realmente efectiva pero, pese a esas trabas, lo cierto es que la institución reclama en cada uno de sus informes medidas para acabar con esa opacidad endémica. Peticiones que no suelen ser atendidas.

La última de estas reclamaciones viene acompañada del informe de fiscalización sobre las elecciones municipales de 2011, publicado el pasado mes de octubre y del que se destacó, entre otras cosas, el hecho de que PP y PSOE cargaran los bocadillos como gasto electoral. En la Comisión Mixta del Congreso para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, convocada a raíz de ese documento y cuyo balance ha publicado hoy el BOE, la entidad reclama al Gobierno que imponga sanciones a las entidades financieras y proveedores de partidos políticos que no colaboran con el órgano fiscalizador.

El Gobierno, como solución al problema, propone al tribunal que “identifique” a esas entidades o empresas que incumplen sistemáticamente su deber de colaboración y que, pese a todo, siguen teniendo relaciones económicas con los partidos políticos.

En esa misma comisión, el Tribunal de Cuentas recuerda a las formaciones políticas la obligatoriedad de informar, a tiempo, de las condonaciones de deuda que les otorguen las entidades financieras; y les insta a que “garanticen el principio de concurrencia de empresas” en el procedimiento de adjudicación de aquellos gastos electorales que sean más significativos, entre otras recomendaciones encaminadas a garantizar la transparencia en sus cuentas.

El plan de contabilidad debe incluir a las fundaciones

El mismo BOE recoge las características detalladas del plan de contabilidad que deberán presentar las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas a partir del 1 de enero de 2014. El Tribunal de Cuentas recuerda que los partidos tendrán que incluir en sus cuentas, que deberán presentar como máximo seis meses después del fin del ejercicio, a las fundaciones y asociaciones juveniles vinculadas. Además, recuerda una vez más que el balance debe incluir las condonaciones de deuda y un registro claro de los ingresos, tanto públicos (subvenciones) como privados (donaciones).

Eso sí, en línea con los parámetros que marca la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, el desglose de esas donaciones privadas seguirá siendo un misterio y no podremos saber qué empresas y particulares invierten en campañas o funcionamiento ordinario de las formaciones políticas.

La insistencia del Tribunal de Cuentas sobre la transparencia de las condonaciones de deudas a los partidos políticos le llevó a pedir al Banco de España datos sobre este trato de favor de las entidades financieras para poder realizar un informe. Pero el Banco de España le negó esta información.

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