El BOE recoge hoy el Real Decreto Ley de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, que entra en vigor mañana con carácter de urgencia, pese a que tendrá que ser refrendada en Las Cortes, y que incluye, pese a su variedad, la gran mayoría de las medidas anunciadas ayer en Consejo de Ministros.

Aunque el título se refiere a la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los incentivos al mantenimiento y la creación de rutas aéreas y la obligación por parte de las compañías de permitir a los pasajeros residentes en las islas y Ceuta y Melilla acreditar su condición de forma telemática para acceder a descuentos, las medidas económicas que se nombran en la coletilla del título son las más relevantes.

Ya en el preámbulo se admite que dos de esas decisiones -el límite de sueldos para alcaldes y el impuesto de sociedades- tendrían que haberse incluido en los presupuestos generales del Estado para 2014. Como no fue así, se aprueban ahora en este real decreto ley, ya con el año en curso.

El tope salarial de los miembros de las corporaciones locales se ha establecido en un baremo vinculado a la población. Así, los alcaldes y concejales de los grandes municipios (más de 50.000 habitantes) no podrán cobrar más de 100.000 euros anuales. En los pequeños (de 1.000 a 5.000 habitantes) el salario máximo de los representantes municipales será de 40.000 euros. Además, el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014 el tipo del 21% -el mismo que el de la renta- para el impuesto de sociedades.

Otras dos de las decisiones que incluye esta norma potaje tienen efectos a 1 de enero de 2014, esto es, se aplican con efecto retroactivo. Ambas afectan a la cotización de los trabajadores. La primera aplica para 2014 la subida a la cotización de los autónomos que ya se aprobó en el Real Decreto del 21 de diciembre. Quienes hayan tenido diez o más trabajadores a su cargo durante 2013 y coticen por la base mínima deberán pasar a hacerlo al grupo 1 del regimen general, es decir, pasarán de pagar 261 euros al mes a 314.

La segunda reduce la cotización de los trabajadores temporales a tiempo parcial de un 9,30% (2013) a un 8,30% y los equipara a los temporales a tiempo completo. Eso sí, la carga de ese porcentaje que recae sobre el trabajador -un 1,60%- se mantiene, la reducción se aplica sólo a lo que paga el empresario.

Además, este Real Decreto Ley incluye un crédito extraordinario de 175 millones de euros para costear el Plan Pive 5, que se financiará a cargo de la deuda pública y la reducción del 21 al 10% del IVA a la importación y compra de obras de arte.

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