Actualización: Este es el artículo original publicado el 6 de octubre. El 31 de ese mismo mes, la Comunidad de Madrid suprimió los objetivos de autobombo de la campaña a raíz de esta denuncia.

El BOE recoge hoy la licitación de un contrato para la difusión (esto es, la compra de espacios en medios) de una campaña para “fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias” en la Comunidad de Madrid, según su título oficial. Pero los anuncios también deberán publicitar la gestión del gobierno madrileño, “poniendo en valor la política fiscal llevada a cabo que ha hecho que los madrileños sean los ciudadanos que menos impuestos pagan en toda España”.

De hecho, los pliegos también destacan que es importante que la campaña refleje que existe “una política fiscal de impuestos reducidos para incentivar la economía y prestar mejores servicios a los ciudadanos”. La ley que regula la publicidad institucional prohíbe explícitamente este tipo de anuncios: “No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por los integrantes del sector público. Aunque esta norma está destinada a regular la publicidad institucional en organismos estatales, las prohibiciones afectan a todos los organismos públicos, como afirma este análisis de la propia Comunidad de Madrid.

La campaña, que durará tres semanas, se difundirá entre la fecha de firma del contrato y el 15 de marzo, a poco más de dos meses de las elecciones autonómicas en Madrid y otras comunidades, además de municipales.

El presupuesto estimado para la compra de espacios en medios de comunicación es de casi un millón de euros. Las empresas que deseen participar en el concurso tienen hasta el 3 de noviembre para presentar sus ofertas.

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