El BOE recoge, durante todo el año, las cuentas de los diferentes organismos públicos y sus informes de auditoría. En la gran mayoría de los casos, la opinión de los auditores es favorable (todo parece correcto) o favorable con salvedades (encuentra algunos fallos contables, algunas veces relevantes, como en el caso del Instituto Cervantes).

En muy contadas ocasiones, el auditor -que en este caso es la misma Intervención General del Estado- se niega a dar su opinión. Así ha pasado con las cuentas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, publicadas hoy en el BOE junto al informe de auditoría correspondiente.

El auditor critica que el organismo no haya presentado el inventario de sus bienes y existencias, aunque ha gastado más de un millón de euros desde 2007 para realizar ese inventario y no es la primera vez que se les reclama. De hecho, este hecho se ha puesto de manifiesto en todas las auditorías a las que se ha sometido la Confederación desde que se creó.

No es una cuestión menor: el inmovilizado y las existencias (238 millones) constituían más del 90% del activo total de la entidad (263 millones) a 31 de diciembre de 2013. Así las cosas, la conclusión no puede ser otra que  “fundamentos de la opinión: denegada”.

Buenos días.