El BOE de hoy recoge las conclusiones del Tribunal de Cuentas tras el informe de fiscalización de las obras del AVE Madrid Barcelona, en las que el organismo “lamenta y denuncia la deficiente redacción de los proyectos, tramitación, planificación y ejecución de las obras por parte de CIF y ADIF”.

El informe, que analiza las cuentas desde el 1 de enero del 2002 hasta la puesta en marcha del servicio, en febrero de 2008, destaca que en esos años el coste se disparó un 43,2%, pasando de los 2.600 millones adjudicados a 3.722. Además, destaca que el coste final de toda la obra fue un 31,4% superior al precio de adjudicación de los contratos originales. Este desvío supone pasar de los casi 6.823 millones firmados con las empresas contratistas a unos 8.967 millones.

El documento afirma que se realizaron 366 prórrogas y ampliaciones de plazo, lo que significó un incremento de media de 13,5 meses en la de ejecución de las obras. El Tribunal de Cuentas critica que, pese a que “en todos los contratos analizados en los que se hicieron modificaciones, se autorizó la continuación provisional de la obra justificándose que era para evitar la paralización de la obras durante la tramitación de la modificación y así cumplir los plazos de ejecución”, lo que acabó ocurriendo en que “en todos los contratos se superó ampliamente el plazo establecido”.

Como marca la Ley de Contratos del Sector Público y recuerda el órgano fiscalizador, las modificaciones sólo se permiten en el caso de que existan causas imprevistas o nuevas necesidades. Pero, en muchas ocasiones, esas modificaciones fueron consecuencia de “deficiencias del proyecto constructivo” o de “una ejecución defectuosa”.

El peor tramo, el de L’Hospitalet-La Torrasa

La “mala ejecución”, según el mismo informe, fue la causa también de la realización de cinco obras de emergencia en el tramo entre L’Hospitalet y La Torrasa, lo que supuso una desviación del presupuesto del 229,6%. Además, Adif no ha presentado ante el organismo los documentos acreditativos del pago de sobrecostes a ciertos contratistas y no ha exigido indemnizaciones a la UTE encargada de las obras.

Otra de las críticas del Tribunal de Cuentas va dirigida a que casi la mitad de los contratos de consultoría y asistencia técnica fueron adjudicados a TIFSA (ahora INECO), empresa dependiente del Ministerio de Fomento, ya fuera en solitario o junto a otras empresas en Uniones Temporales (UTEs). El 81% de los contratos con ella se aprobaron vía convenio, como encargo directo, y no mediante un concurso abierto lo que, según el informe, encareció los costes.

En total, cada uno de los 621 kilómetros de vía costó una media de 14,4 millones de euros, cuando el precio firmado en los contratos de adjudicación fue de unos 11 millones.

Buenos días.

Rectificación

El titular inicial de este artículo y algunas cifras en el texto afirmaban, erróneamente, que el sobrecoste de todas las obras del AVE Madrid-Barcelona era del 43%. Esa cifra, en realidad, es la del sobrecoste desde 2002 hasta la puesta en funcionamiento del servicio, fechas que fiscaliza el informe del Tribunal de Cuentas]**

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