Las leyes de presupuestos de cada año incluyen, además de las cuentas y su aplicación, multitud de disposiciones que regulan aspectos muy variados. En algunos casos, esas regulaciones poco o nada tienen que ver con los presupuestos en sí, pero acaban formando parte de ese cajón de sastre. Así pasó en las cuentas de 2011, en las que el Gobierno de Zapatero incluyó aspectos que, según el Tribunal Constitucional, no podían formar parte de ese articulado.

El BOE de hoy recoge la sentencia firmada el pasado 25 de septiembre que da la razón, en parte, al recurso presentado por el PP. El TC considera que la inclusión de tres de las disposiciones incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 es inconstitucional y, por lo tanto, las anula.

Así, el TC tumba la conversión de Loterías y Apuestas del Estado en una sociedad mercantil, ya que la medida afectaba al régimen de los trabajadores de la hasta entonces entidad pública (disposición adicional 40ª). Por otro lado, declara inconstitucional el establecimiento de nuevos requisitos para recibir subvenciones públicas (disposición final 8ª).

En último lugar, anula los requisitos establecidos en esa ley para el acceso a los centros militares de formación (disposición final 11ª). El TC ya tumbó por el mismo motivo la equiparación de los oficiales de la antigua escala militar con las carreras universitarias, incluida en los presupuestos de 2009.

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