El pasado 6 de octubre denunciamos en este blog que la Comunidad de Madrid (CAM) había licitado una campaña de publicidad institucional para presumir de política fiscal antes de las elecciones. El anuncio de la misma incluía dos objetivos: por un lado, “fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias” de los madrileños; por el otro, y ahí está la clave, poner en valor “la política fiscal llevada a cabo que ha hecho que los madrileños sean los ciudadanos que menos impuestos pagan en toda España”.

Esta declaración de intenciones se reforzaba en los pliegos, que destacaban la importancia de que la campaña reflejara que existe “una política fiscal de impuestos reducidos para incentivar la economía y prestar mejores servicios a los ciudadanos”. A raíz de la publicación del artículo, que recordaba que la ley prohíbe el uso de la publicidad institucional para el autobombo de las administraciones públicas, el grupo de UPyD de la Asamblea de Madrid trasmitió sus quejas al Gobierno de Madrid, que ha tenido que rectificar.

El BOE recoge hoy la corrección de pliegos de los anuncios, en los que ha eliminado justo las dos expresiones de las que nos hacíamos eco en este espacio, aquellas que obligaban a la empresa que se hiciera cargo de la campaña a alabar las bondades de la gestión de impuestos del gobierno madrileño. Así, de forma oficial, esta publicidad institucional ahora sólo está destinada a fomentar el pago de impuestos de forma voluntaria entre los madrileños, aunque habrá que esperar a la publicación de la misma para saber si incluye alguno de los elementos suprimidos.

La campaña, que durará tres semanas, se difundirá entre la fecha de firma del contrato y el 15 de marzo, a poco más de dos meses de las elecciones autonómicas en Madrid y otras comunidades, además de municipales. El presupuesto estimado para la compra de espacios en medios de comunicación es de casi un millón de euros.

La ley que regula la publicidad institucional, como denunciamos entonces, prohíbe explícitamente este tipo de anuncios: “No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por los integrantes del sector público. Aunque esta norma está destinada a regular la publicidad institucional en organismos estatales, las prohibiciones afectan a todos los organismos públicos, como afirma este análisis de la propia Comunidad de Madrid.

Buenos días (y pequeñas victorias).

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