El señor de la grúa
El BOE de hoy recoge la declaración de pérdida de la condición de funcionario de dos policías nacionales, condenados hace casi un año un delito de detención ilegal y una falta de lesiones. Se llevaron a la fuerza a una chica de una discoteca, pero un hombre que circulaba con su grúa les siguió y alertó a la policía.
El BOE de hoy recoge la declaración de pérdida de la condición de funcionario de dos policías nacionales, condenados hace casi un año un delito de detención ilegal y una falta de lesiones. La sentencia también incluía la inhabilitación de ambos, algo que el Gobierno ha hecho efectivo con la orden publicada hoy en el boletín.
Los hechos ocurrieron en 2009, cuando Antonio César y David, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se encontraban -fuera de servicio y en estado de embriaguez- en la discoteca New Garamount de Madrid. Ambos se acercaron a una chica y le hicieron proposiciones sexuales. Ella se negó. Poco después, la asaltaron a la salida y, ante una nueva negativa, le retorcieron la muñeca y le enseñaron sus placas, diciéndole que estaba detenida por no tener los papeles en regla, para después obligarla a meterse en el coche de uno de ellos a la fuerza.
Estaban en la plaza de Cuzco de la capital madrileña y, ante los gritos de la mujer, que pedía auxilio, un hombre que circulaba por la zona con una grúa acudió a preguntar qué pasaba. Los dos policías enseñaron sus placas y cerraron la conversación asegurando que no pasaba nada. Pero Secundino -nombre falso que usa la sentencia y que vamos a utilizar también para esta historia- no lo vio nada claro.
Así, cuando arrancaron el coche y condujeron a gran velocidad por la ciudad, saltándose semáforos en rojo, Secundino les seguía en su grúa. A la vez, avisó a la policía de lo que estaba ocurriendo. Cuando pararon y sacaron del coche a la chica, a empujones y amenazándola con llevarla a comisaría, la policía llegó, la liberó y puso fin al asalto.
El juez tuvo en cuenta, como atenuantes, que cada uno de ellos pagó 200 euros a la víctima como reparación de daños antes del juicio, la dilación indebida del proceso y su estado de embriaguez. Así, ambos fueron condenados a un año y siete meses de prisión, una multa de 360 euros, e indemnizaciones por las lesiones de 440 (por la baja) y 4000 euros (por daños morales), además de a la inhabilitación absoluta durante dos años y seis meses, lo que ha acabado con la pérdida de su plaza como funcionarios, publicada hoy en el BOE.
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