El nuevo reparto televisivo del fútbol arrancará cuando el 80% de los derechos estén libres
El Gobierno prevé que empiece a funcionar en 2016/2017. Eso sí, durante los seis primeros años los clubes mantendrán, como mínimo, el reparto de ingresos de esta temporada. Aprueba la norma vía Real Decreto Ley, sin pasar por Las Cortes, y no aclara qué nivel de concentración de derechos permitirá.
El BOE recoge hoy el Real Decreto Ley que regula los derechos televisivos del fútbol en España, aprobado ayer en Consejo de Ministros. La norma pretende que la venta de los derechos de La Liga de Primera y Segunda División, la Copa del Rey y la Supercopa se negocie de forma conjunta y no de forma individual por cada uno de los clubes, como ocurre ahora. El Gobierno defiende el uso del Real Decreto Ley, que esquiva el trámite parlamentario para su aprobación y está destinado de forma exclusiva a asuntos de “extraordinaria y urgente necesidad”, por tres razones: “la indiscutible relevancia social del deporte profesional, la reiterada y unánime demanda de dicha intervención desde todos los sectores afectados y la necesidad de promover la competencia en el mercado de la televisión de pago actuando sobre uno de sus activos esenciales”.
Aunque el preámbulo de la norma afirma que “la existencia de ineficiencias en un mercado de bienes y servicios constituye un asunto estrictamente privado”, entiende que en este caso existen razones de interés general que justifican la intervención del Gobierno. Además, razona que toman esta medida de urgencia para garantizar un mejor posicionamiento de los derechos en el mercado internacional, que aún no han sido comercializados para la próxima temporada. Pero estas nuevas normas no entrarán en funcionamiento, al menos, hasta la temporada 2016/2017.
La mayoría de los clubes de La Liga ya han suscrito contratos televisivos hasta la temporada 2015/16. A partir de ahora, quienes negocien nuevos acuerdos deberán tener el visto bueno de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) y no podrán firmar nada que vaya más allá de la próxima temporada, para permitir colocar a todos los clubes en la misma línea de salida para la aplicación de este decreto. En cuanto el 80% de los derechos estén libres, la LNFP podrá comercializar el paquete conjunto de derechos televisivos, algo que no ocurrirá hasta dentro de un año como mínimo.
El reparto
La LNFP será la encargada de comercializar, vía licitación, los derechos de Primera y Segunda División. Además, se encargará de gestionar los de la Copa del Rey (excepto la final y la Supercopa, cuyos derechos van directamente para promocionar el fútbol aficionado) si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le encarga la gestión de los mismos. Así, los clubes solo tendrán los derechos de emisión en diferido de los partidos en sus propios canales de televisión.
Los ingresos recabados por los derechos de emisión de La Liga se repartirán entre los clubes de la siguiente forma: el 90% para los clubes de Primera División y el 10% para los de Segunda. Entre los de Primera, el 50% se repartirá de forma equitativa entre los 20 equipos. La otra mitad se hará mediante dos fórmulas variables: la clasificación de las últimas cinco temporadas y la implantación social (abonados, taquilla, socios…). En cualquier caso, ningún club podrá ingresar por esta partida 4,5 veces más que el que menos reciba (3,5 veces si los ingresos globales superan los mil millones de euros).
En Segunda, el 70% se repartirá de forma equitativa y el resto mediante las mismas variables, pero teniendo en cuenta solo la clasificación de la última temporada. El 90% de los ingresos por derechos de la Copa del Rey, por su parte, se repartirán bajo las mismas reglas pero solo entre los equipos de Primera y Segunda División. El 10% restante irá para el fútbol aficionado.
Seis años de garantía del nivel de ingresos
El nuevo sistema de reparto, según el ministro José Ignacio Wert, reducirá la diferencia entre los grandes y los pequeños clubes de la Liga. Pero en realidad no empezarán a funcionar, de forma íntegra, hasta al menos la temporada 2022/2023. Y es que el decreto establece seis años de “garantía del nivel de ingresos”. Durante ese tiempo, y tomando siempre como base esta temporada (2014/2015), se han establecido mecanismos para mantener la distribución actual de las ganancias.
Así, si el total recaudado es inferior a la suma de lo que los equipos cobran en la actualidad, todos perderán lo mismo de forma porcentual y no se tendrán en cuenta los nuevos criterios de reparto. Si, por el contrario, la venta del paquete completo supone un aumento de los ingresos por derechos televisivos, se realizará el reparto pero se modificará para evitar que ningún club salga perdiendo. Si a uno de ellos le toca menos de lo que cobra esta temporada, se restará a los equipos que reciban más hasta que llegue a esa cifra, ignorando el ratio de 4,5 establecido en el decreto. De esta forma, la brecha entre pequeños y grandes se podrá mantener durante los primeros seis años de aplicación.
La previsión del Gobierno es que el nuevo sistema permita recaudar entre 400 y 500 millones de los derechos internacionales y que los 700 millones que se ingresan en la actualidad en el mercado nacional puedan llegar hasta 1.000.
Un máximo de dos lotes por empresa
El decreto establece que los contratos que se firmen con este nuevo sistema no podrán tener una duración mayor de tres años. Además, limita a dos los lotes que una misma compañía puede adquirir en exclusiva en el mercado nacional. El problema es que la norma no aclara cuál va a ser la composición de los lotes ni cuántos va a haber, por lo que no podemos saber cuál va a ser el nivel de concentración permitido.
Además de marcar los nuevos sistemas de licitación y reparto de los derechos e incluir más competencias para el Consejo Superior de Deportes (CSD), el decreto publicado hoy en el BOE establece unas obligaciones sociales para los clubes, que deberán destinar hasta un 7% de sus ingresos televisivos al fútbol aficionado (1%), a un fondo de compensación para los equipos que desciendan de categoría (3,5%), a la protección social de los deportistas (1%),a la promoción de la competición (1%) y a ayudas al fútbol feminino, Segunda B y asociaciones de deportistas (hasta un 0,5%).
Eso sí, el pago de deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social “tendrán preferencia” sobre el de todas esas ayudas.
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