El Gobierno anula los pliegos de la publicidad institucional en prensa de Melilla

El Tribunal administrativo central de recursos contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha anulado los pliegos del contrato de publicidad institucional en prensa de la Ciudad Autónoma de Melilla. En la resolución, que adelantaron el diario digital La Luz de Melilla y Cablemel TV, el organismo declara ilegales varios puntos encaminados a que los anuncios se repartieran entre los tres medios locales más destacados: Melilla Hoy, El Faro de Melilla y El Telegrama, como explicamos en este blog.

La decisión del tribunal da la razón, aunque de forma parcial, al recurso presentado el pasado 18 de febrero (cuatro días después de la publicación de la licitación en el BOE) por Julio Liarte, uno de los dos consejales-diputados del partido Populares en Libertad en la Asamblea de la Ciudad de Melilla.

Una de las claves de la resolución es que critica que la división por lotes no estaba justificada por ninguna necesidad técnica, como marca la ley, sino más bien por incluir a las tres cabeceras en el reparto. Así, la distribución de los anuncios en cada cabecera ya venía marcada, de fábrica, por las características del contrato: tres periódicos locales recibirían los tres lotes, uno de 216.000 euros (el 45% del total), otro de 192.000 (el 40%) y otro de 72.000 (el 15% restante). Tal y como marcaban los pliegos ahora anulados, las tres mejores ofertas se llevarían, por orden, cada una de las tres particiones.

Aunque el Gobierno de la ciudad se defendió alegando que ese sistema pretendía asegurar que ninguno de los tres medios locales se quedara fuera del reparto, el tribunal responde que, si el organismo público decide, como en este caso, no utilizar el habitual sistema de contratación a través de una agencia que distribuya los anuncios, debe establecer otros criterios para que más de un medio reciba el contrato, pero nunca una división por lotes contraria a derecho.

Además, los pliegos establecían como requisito para participar que el periódico fuera local. El recurrente considera que esta condición viola el principio de igualdad, puesto que excluye del reparto a, por ejemplo, diarios nacionales con difusión en la ciudad. Para defender este requisito incluido en los pliegos, el gobierno de Melilla argumentó que “de nada serviría que esa publicidad se insertara en La Voz de Galicia o en el El Periódico de Catalunya”. Pero el tribunal le recuerda que el recurso no critica el criterio de difusión, lógico y ajustado a los objetivos del contrato, sino el de arraigo territorial: tiene sentido que solo se permita participar a quienes publiquen en Melilla, pero su sede física “no puede ser requisito ni criterio” para acceder a la adjudicación.

Otro de los criterios que tumba el tribunal es el que otorga un 20% de la valoración dependiendo del número de trabajadores del periódico. Para el organismo, el tamaño del medio no tiene relación directa con la calidad del servicio que se ofrezca, como se argumenta en los pliegos, puesto que no toda la plantilla va a trabajar para incorporar esos anuncios en las páginas. El gobierno de Melilla, en su defensa, resaltó que se pretendía conseguir una “labor social” fomentando que se mantengan y creen puestos de trabajo, una meta que nada tienen que ver con el objeto del contrato: la difusión de la publicidad institucional.

Tras esta decisión, el gobierno local deberá volver a redactar los pliegos. La misma suerte podría correr el reparto de la publicidad institucional en radios, que sigue el mismo particular sistema, tal y como se muestra en la licitación publicada en el BOE. Los 300.000 euros para radios se repartirán entre 4 emisoras: para la mejor clasificada irán 102.000 euros (34%); para la segunda, 99.000 (33%); para la tercera, 66.000 (22%); y para la última, 33.000 (11%).

Hasta ahora, Melilla repartía la publicidad institucional sin contrato público, vía convenio directo con cada uno de los medios elegidos.

Buenos días.