El BOE recoge hoy la formalización del acuerdo marco entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tres editoriales judiciales para la adquisición de licencias de sus buscadores para jueces. El gasto máximo estimado es de 444.000 euros al año (888.000 para los dos años de ejecución, a contar desde el pasado 5 de agosto).

Las tres empresas que presentaron ofertas han resultado adjudicatarias. Se trata de Aranzadi (en la página web Westlaw), Tirant Lo Blanch (Tirant online) y Wolters Kluwer España (La Ley Digital). Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de estas cuatro bases de datos para consultar sentencias y leyes.

Este contrato es casi idéntico al firmado en 2013, adjudicado a las mismas tres editoriales y a la encargada de la web El Derecho. Pero entonces, el coste máximo permitido era mucho menor: de 271.500 euros anuales. Como las cuatro editoriales adjudicatarias en ese contrato presentaron exactamente la misma oferta, 123 euros por licencia, ese tope permitía adquirir unas 2.200 licencias anuales.

Esta vez, con una licitación de 123 euros, ninguna de las empresas ha rebajado su precio (excepto Aranzadi, que ha propuesto un casi simbólico 122,93), por lo que el tope estimado por el CGPJ permitiría adquirir 1.400 licencias más que hasta ahora, unas 3.600 anuales.

¿Qué pasa con el CENDOJ?

Este aumento de presupuesto contrasta con la mejora que, según los propios pliegos, ha experimentado el CENDOJ, el buscador propio de leyes y jurisprudencia del CGPJ, de acceso libre para todos los ciudadanos. Entonces, teniendo un buscador propio, ¿por qué se contrata un servicio externo de pago?

En 2013 se respondió de forma muy detallada a esa pregunta en los documentos del contrato. Aunque insistían en que el buscador público había progresado significativamente, destacaban que un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegaban dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ. Además, el expediente argumentaba que mantenían la compra de estas licencias para responder a una petición de alguna de las asociaciones profesionales de jueces (no especificaba cuál), determinadas salas de gobierno y, en ocasiones, de forma individual, algunos miembros de la carrera judicial.

¿Qué ha pasado en estos dos años para que se aumente el presupuesto? ¿Cómo va ese progreso del CENDOJ, un buscador abierto que pueden usar no solo los jueces, sino cualquier ciudadano? Los pliegos de este año son mucho más escuetos. Argumentan que el CENDOJ “ha culminado su proceso de dotación de legislación consolidada” y que ha añadido a su base de datos pública todas las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal de la Unión Europea y, en breve, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero, pese a esas mejoras, deciden volver a contratar buscadores externos para los jueces “para enriquecer los medios disponibles en el desarrollo de su trabajo”, sin especificar qué las diferencia del buscador del CGPJ.

Buenos días.