• Las ayudas de emergencia llegaron más tarde del límite legal

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior en 2012. El documento recoge irregularidades, falta de transparencia y carencias formales en la justificación y, sobre todo, el control de la efectividad de las ayudas.

En total, se presupuestaron 18,9 millones de euros en subvenciones, que acabaron alcanzando los 35,8 gracias a unas modificaciones que sumaron 16,9 millones extra, lo que supone un 89% de los créditos iniciales. Las obligaciones reconocidas a cierre del ejercicio eran de más de 24 millones.

En relación con las subvenciones de equipamientos, el informe desvela que Interior troceó un contrato para esquivar las obligaciones de publicidad y concurrencia. En concreto, adjudicó dos contratos menores, de 17.999 euros (rozando el límite del contrato menor para este tipo, que es de 18.000 euros) y de 13.600 euros, a una misma empresa, para recoger mercancías en el mismo puerto y en la misma fecha. Aunque esta práctica es ilegal, no se plantean sanciones. Los informes del Tribunal de Cuentas concluyen siempre en una serie de recomendaciones.

El Tribunal de Cuentas destaca, además de la falta de planificación, la falta de control posterior: Interior no incluyó en la Base de Datos Nacional de Subvenciones toda la información requerida por ley y que su plan estratégico de ayudas solo analizó algunas de transferencias realizadas y no de forma completa. De hecho, la crítica principal del organismo se basa en las graves carencias en su evaluación, es decir, en la falta de control sobre la eficiencia de las subvenciones. Así, pide al organismo liderado por Jorge Fernández Díaz que establezca criterios claros de control e indicadores para todas las ayudas, que permitan conocer si el reparto acordado ha sido eficiente, algo que ahora es imposible analizar.

Además, el organismo critica que las ayudas a situaciones de emergencia, como las que se concedieron durante ese año tras el terremoto de Lorca (Murcia), se resolvieron de media tras siete meses de espera, algo que supera el límite legal para este tipo de ayudas urgentes, establecido en seis meses.

El informe también desvela carencias en los plazos y formas de presentación, así como en la acreditación de requisitos para poder recibir las ayudas y, sobre todo, en la falta de justificación de quienes las recibieron (carencia de justificantes de pago, inclusión de gastos que no eran subvencionables…). Además, en las misiones de identificación en el exterior se adjudicaron dietas a los funcionarios participantes que, en ocasiones, doblaban el máximo legal permitido por día.

Buenos días.