¿Qué pasa si el escrutinio falla?
En caso de ejecución defectuosa, Interior puede imponer sanciones de hasta el 10% del valor del contrato. La UTE formada por Sctyl y Tecnocom venció a Indra en la adjudicación. En total, cobrará 11,858 millones de euros.
Los primeros datos de la jornada electoral han saltado a la web oficial con errores. A la hora de publicar los datos de participación a las 14.00 horas, la web mostraba cifras diferentes a las de la rueda de prensa y ofrecía extraños datos de participación a las 18.00 horas, cuando no eran ni las tres de la tarde. En algunas provincias, incluso, la participación a las 18.00 era, según dicha web, del 100%. Los fallos han llevado incluso al Ministerio del Interior a afirmar, según Eldiario.es, que la mejor opción era no confiar en la página web oficial.
Fuentes de Interior recomiendan no prestar atención a los datos de participación que están publicando ya en su web pic.twitter.com/jmYE2jnVfv
— eldiario.es (@eldiarioes) 20 de diciembre de 2015
Sin querer llamar al mal fario, vamos a recordar qué dicen los pliegos sobre incumplimientos o ejecuciones defectuosas del contrato del escrutinio electoral para este año, que por primera vez en unas generales fue adjudicado a una empresa distinta a Indra, la UTE formada por Sctyl y Tecnocom. La licitación, que incluye la publicación de resultados en la página web, así como su traslado a prensa y el escrutinio provisional, entre otros trabajos, establece en sus pliegos técnicos (página 71) que la UTE debe contar con un plan de contingencia alternativo para que el servicio no quede interrumpido durante más de cinco minutos.
En los pliegos administrativos (página 14) se aclara, aunque con menos detalle que en otro tipo de contratos, qué responsabilidad tiene la UTE de Sctyl y Tecnocom en caso de fallos. En concreto, en caso de demoras graves es posible cancelar el contrato, algo poco probable. En caso de ejecución defectuosa o demoras leves, el Ministerio del Interior puede imponer sanciones de hasta el 10% del valor del contrato, dependiendo de su gravedad. La adjudicataria cobrará 11,858 millones de adjudicación, por lo que las sanciones -si los fallos son muy graves- pueden superar el millón de euros.
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