El BOE de hoy recoge hoy la autorización del Gobierno para que la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Mugardos (A Coruña), propiedad de Reganosa, siga funcionando como hasta ahora. En marzo y abril, dos sentencias del Tribunal Supremo tumbaron la autorización administrativa previa y la del proyecto de ejecución. Gracias a esta autorización, esas decisiones judiciales no paralizarán el funcionamiento de la instalación.

El Supremo consideró que la planta no contaba con un instrumento de ordenación urbanístico que respaldara el emplazamiento elegido. El Gobierno alega que, tras el plan de 2012, ahora sí cuenta con ese plan. Por esa razón, con los informes de la autorización anterior, ha dado luz verde al proyecto en tiempo récord.

Tras las sentencias en su contra, Reganosa pidió una nueva autorización el 10 de mayo. El 25 de ese mismo mes, el Gobierno en funciones decidió tramitar esta petición de urgencia. Para acelerar aún más el trámite, dos días después decidió eximir a la empresa de pasar por el proceso oficial de declaración de impacto ambiental. Sí incluye en el expediente el informe de evaluación ambiental que presentó la propia empresa.

Se basa en el artículo 8.3 de la Ley de impacto ambiental, que permite al Consejo de Ministros eludir este requisito si se dan “circunstancias excepcionales”. Y pone dos ejemplos que nada tienen que ver con esta situación: construcción de centros penitenciarios u otras instalaciones para salvaguardar la seguridad pública o reparar infraestructuras básicas dañadas por desastres o emergencias.

La plataforma Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol y En Marea se oponen a la continuidad de la planta en su actual ubicación en Mugardos y han criticado al Gobierno por realizar un trámite a medida para permitir la autorización a tiempo.

La autorización, que cuenta con el visto bueno de la CNMC y ha recibido alegaciones tanto de la propia empresas como de asociaciones de vecinos como la Plataforma de Veciños O Cruceiro de Mehá, está fechada el 7 de julio y firmada por la Directora GEneral de Política Energética y Minas, Maria Teresa Baquedano. Además de incluir una obligación de cumplir las leyes que le aplican, establece una fianza temporal de 6,7 millones de euros para Reganosa.

El pasado mes de febrero, la Xunta de Galicia gastó 8,9 millones de euros en la compra acciones de la empresa gestora de la planta, lo que aumentó su participación del 17,5 al 24,3%.

Buenos días.