El BOE recoge hoy las cuentas de 2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo que empezó a andar a finales de 2014 como consecuencia de la aplicación de la Ley de Transparencia. Del presupuesto asignado, unos dos millones de euros, el organismo gastó unos 1,2 y ahorró unos 800.000 euros, según el balance de la entidad.

Los gastos se destinaron en su mayoría (785.255 euros) a pagar al personal, formado a 31 de diciembre del año pasado por 19 personas. La mayoría de sus trabajadores son mujeres, 15, entre las que se cuenta su presidenta, Esther Arizmendi. El resto de los gastos (446.195 euros) corresponden a suministros y costes externos, como el alquiler de sus oficinas (162.000 euros anuales).

Los ingresos proceden casi de forma exclusiva de la aportación consignada en los Presupuestos Generales del Estado para su funcionamiento, unos dos millones de euros. De ellos, un millón aún no había sido cobrado a fecha de creación de las cuentas. La otra única fuente de ingresos, muy poco significativa, son los 660 euros que cobró la presidenta por impartir cursos o charlas en el INAP.

Además de las transferencias para su funcionamiento, las cuentas reflejan una aportación patrimonial del Estado de 540.000 euros como inversión destinada al arranque de los servicios, pero que no se contabilizan como ingresos.

El presupuesto destinado al CTBG para 2016 es algo superior, de unos 2,3 millones de euros.

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