El BOE publicó ayer el resumen del informe del primer semestre del año sobre el cumplimiento de la ley reguladora del alto cargo, que regula los conflictos de intereses y vigila que se entreguen declaraciones de bienes y actividades.

El documento ofrece cifras generales: expedientes iniciados (2) y cerrados (3); y número de declaraciones presentadas al cese (33 de actividades y 36 de bienes), al nombramiento (25) y anuales (530), aquellas que presentan quienes están en activo. Pero, ¿cuántos altos cargos incumplieron su obligación y no presentaron, en plazo, estas declaraciones?

Aunque el artículo 22 de la Ley reguladora del alto cargo aprobada en 2015 establece que este resumen debe incluir el número de altos cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones previstas en esta ley, esa cifra no aparece de forma directa en la disposición publicada ayer en el BOE.

El documento solo ofrece el número de altos cargos a 30 de junio de 2016: 641. Así, ya podemos concluir que es muy probable que una parte no presentara su declaración anual, pero seguimos sin saber cuántos. Para comparar, necesitaríamos saber el número de nombramientos, ceses y altos cargos obligados a fecha de cierre del ejercicio, por ejemplo. Un cálculo que, con la información disponible, no podemos realizar. Y que no deberíamos tener que realizar, porque la ley es clara sobre este punto.

Más allá del resumen que publica el BOE, el informe completo de la Oficina de Conflictos de Intereses se envía al Congreso y se publica en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este documento contiene los nombres de todos aquellos que presentaron las declaraciones obligatorias. Pero, una vez más, no contiene los de aquellos que incumplieron la norma.

El artículo 22 de la Ley reguladora del alto cargo aprobada en 2015 también es claro sobre este informe: incluirá “la identificación de los titulares de los altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones”. Y tampoco se cumple en el informe completo. Hemos enviado una solicitud de información para solicitar que esas cifras -y nombres- se hagan públicos.

Sí sabemos con seguridad que algunos ex altos cargos no presentaron en plazo (tres meses desde el cese) su declaración de actividades. Se trata de Enrique Hernandez Bento, que fue subsecretario de Industria, Energía y Turismo; y Jorge Sainz González, ex director general de Política Universitaria. En ambos casos, lo sabemos porque sí presentaron declaración de bienes pero no aparecen en la lista de quienes presentaron la de actividades, ni en este informe ni en el del segundo semestre de 2015.

Abren expediente al director del Teatro Real y a Gustavo de Arístegui

En este informe completo podemos encontrar información sobre a quiénes se les ha abierto expediente en estos primeros seis meses del año. Se trata de Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real; y Gustavo de Arístegui, exembajador en la India acusado de cobrar comisiones por mediar ante empresas españolas en el extranjero. En la declaración de actividades al cese de Arístegui, además, se informa de que se ha reincorporado a la administración.

Además, el informe también da datos sobre los expedientes cerrados, que han acabado con sanciones para tres exaltos cargos: Luis Hernández Ferrero, Almudena Muñoz Guajardo y Marta Plana Drópez. El documento que publica Hacienda en su web no contiene sus expedientes completos, pero sí están incluidos en la documentación que se envía al Congreso. En este blog ya adelantamos las sanciones a los dos primeros (aquí y aquí). Además de saber más sobre esos dos casos, gracias a esos expedientes hemos podido contar en profundidad la historia de Marta Plana, cuya sanción aún no ha llegado al BOE.

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