El pasado lunes, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó los convenios firmados por la Conselleria de Política Social gallega en el primer semestre del año. Entre ellos, tal y como alerta la Confederación Intersindical Gallega (CIG), encontramos 18 convenios firmados con sendos medios de comunicación para realizar acciones divulgativas sobre el fomento de la natalidad y la necesidad de incrementar las tasas de natalidad en la comunidad autónoma.

No es la primera vez que Galicia lleva a cabo este tipo de campañas de publicidad institucional. La primera que encontramos fue de 2013, y establecía un presupuesto de 640.000 euros, lo que incluía la creación de los anuncios y, sobre todo, el coste de su inserción en medios (unos 556.000 euros). En 2014, el Gobierno de Feijóo repitió y volvió a comprar espacios en los medios para esa misma campaña, entonces con un presupuesto algo inferior. El objetivo de todas estas campañas es el mismo: que los gallegos asuman su “responsabilidad” en el asunto y tengan más hijos.

Lo que hace diferente al reparto publicado esta semana en el DOG es que esta vez la Xunta no ha puesto en marcha una licitación pública para contratar estos servicios. Lo ha hecho vía convenio. Eso significa que puede esquivar las obligaciones de publicidad -los detalles de estos convenios no son públicos- y concurrencia -no sabemos quién fue invitado, por qué, y cómo se estableció la suma destinade a cada uno de ellos.

La Ley de Contratos del Sector Público establece (artículo 4.1.d) que están excluidos de su aplicación “los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”. En este caso, el objeto sí está establecido en la ley. En concreto, estaríamos hablando de “servicios de publicidad”, establecidos de esa forma en su anexo II.

Así, el servicio debería haberse adjudicado vía contrato. De hecho, excepto en este caso, este tipo de servicios se adjudica vía contrato de forma recurrente. En Galicia y en toda España. Y así se hizo en convocatorias anteriores para esta misma campaña.

Así, la Xunta ha adjudicado más de 341.000 euros a ocho medios de comunicación sin pasar por el trámite de una contratación reglada, transparente y que permitiera la concurrencia. La mejor parada ha sido La Voz de Galicia, con 150.000 euros.

Una práctica habitual

No es la primera vez que el Gobierno de Feijóo utiliza el método del convenio para esquivar las obligaciones de publicidad y concurrencia, marcados por ley, que debe regir la inserción en medios de la publicidad institucional. Un vistazo al buscador de convenios de la Xunta da cuenta de muchos más. Así se repartieron los anuncios vinculados a los programas de empleo y formación, I+D, la capitalidad de Santiago de Compostela y otros más genéricos.

En algunos casos, para que el acuerdo se asemeje a un convenio, se establece que el medio también aporte una cantidad mínima para cumplir el objetivo. En otros, ni siquiera eso. En todo caso, la gran cantidad de convenios firmados con medios para distribuir campañas de la Xunta da buena cuenta de cómo el organismo está utilizando esta vía para distribuir su publicidad institucional, esquivando así las obligaciones de la contratación pública.

Todos estos casos tienen algo en común: se utilizan convenios en lugar de contratos públicos. Pero la Xunta de Galicia también utiliza convenios en lugar de convocatorias de subvenciones -públicas, concurrentes, abiertas. Y así, de nuevo, esquiva las obligaciones legales.

En 2015 y 2016 han utilizado este sistema para repartir ayudas a los medios bajo el paraguas del convenio para fomentar la lectura de prensa escrita y el uso de tecnologías de la información por el alumnado no universitario. Así repartieron, por ejemplo, 485.274,32 euros en 2015. Estas ayudas bajo manga se suman a las subvenciones regladas, que se ampliaron en 2015.

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