El BOE de hoy recoge un anuncio del Tribunal de Cuentas en el informan de un procedimiento seguido contra un funcionario de Castellgalí (Barcelona). La entidad da plazo de nueve días a los interesados para personarse antes de reclamar la devolución de los fondos presuntamente sustraídos.

El organismo detectó irregularidades en las cuentas bancarias municipales. Según la información publicada, muy escasa, el funcionario habría ordenado transferencias a su cuenta y la de su esposa. Además, habría cogido dinero en efectivo de la caja municipal.

Los hechos se habrían producido durante cuatro años, entre el 7 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2015.

Estos procedimientos, denominados de “reintegro por alcance”, están destinados a recuperar el dinero público que haya sido sustraído o cuyo gasto no esté justificado. Como marca la ley, “se entenderá por alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”.

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