Defensa adjudica a una empresa de seguridad privada la vigilancia de cientos de edificios
El contrato está valorado en casi 19 millones de euros anuales. Marsegur releva en este contrato a Seguridad Integral Canaria, del empresario indultado.
El BOE de hoy recoge la formalización del acuerdo marco de servicios de seguridad para el Ministerio de Defensa. El contrato, que incluye la vigilancia en el interior de bases, acuartelamientos y otras propiedades del organismo, ha sido adjudicado a Marsegur Seguridad Privada. Aunque el coste final dependerá del trabajo realizado en cada centro, que podrán contratar a la empresa bajo este acuerdo marco sin necesidad de dar publicidad a esos acuerdos, el presupuesto anual estimado es de casi 19 millones de euros.
La empresa adjudicataria tomará el relevo a Seguridad Integral Canaria, la firma de Miguel Ángel Ramírez, indultado por el Gobierno y adjudicatario de varios contratos del Ministerio en los últimos años. De hecho, los 575 empleados que hasta ahora prestaban este servicios bajo Seguridad Integral Canaria pasarán a trabajar para Marsegur.
Las dos firmas tienen más cosas en común. Ambas están en Las Palmas de Gran Canaria. Y, como adelantó Voz Populi, pertenecen a una misma asociación. Marsegur contestó entonces que “no es ni ha sido en ningún momento una filial encubierta de la mercantil Seguridad Integral Canaria SA”.
El acuerdo marco incluye entre los lugares en los que se efectuará esta vigilancia 188 centros dependientes del Ministerio de Defensa, como bases, cuarteles, sedes regionales, edificios históricos y museos. Al concurso se presentaron siete empresas, y se valoraba de igual medida la propuesta económica (50%, precio por hora o día de servicio) que la técnica (50%, formación de los vigilantes, sistemas de geolocalización…).
El expediente de contratación no incluye el acta de adjudicación -que podría dar pistas sobre la valoración de cada una de ellas- y lo único que se ha hecho público es que la de Marsegur era “la oferta económicamente más ventajosa”, una coletilla habitual en contratación pública.
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