El BOE ha publicado un decreto que modifica las condiciones de acceso al bono social, el descuento en la factura de la luz para consumidores vulnerables.

Las familias numerosas tendrán un descuento del 25% independientemente de sus ingresos.

Hasta ahora, el bono social se aplicaba para potencias contratadas muy bajas (3 kW) y en pensionistas de más de 60 años con pensiones mínimas de cualquier tipo, familias con más de tres hijos y aquellas con todos sus miembros en paro. A partir de ahora, habrá tres vías para acceder a estos descuentos: para familias numerosas (independientemente de sus ingresos), pensionistas que solo reciban la pensión mínima por jubilación o incapacidad permanente (lo que deja fuera las pensiones de viudedad y las no contributivas); o personas o familias con bajos ingresos. Durante seis meses se mantendrán los descuentos para los actuales beneficiarios, que podrán postular al nuevo modelo.

Así, se pasa a un sistema centrado en ingresos y no en situación personal o potencia contratada, como hasta ahora, excepto en el caso de las familias numerosas, que mantienen su descuento del 25% independientemente de su nivel de renta.

Marca por primera vez límites al consumo, y el descuento ya no se aplicará a todo el gasto anual, sino a una parte.

Además, se incluyen por primera vez límites al consumo, lo que significa que no se hará el descuento sobre todo lo que se pague en la factura, sino hasta cierto consumo anual, que irá de los 1.200 kWh anuales a los 3.600, dependiendo del caso. Los límites son mucho menores a la media de consumo anual por tipo de familia, por lo que ya no se hará descuento a todo lo que se consuma en el año, sino a una parte.

La exclusión de quienes reciban pensiones de viudedad o pensiones no contributivas no afectará a su acceso al bono social en un principio, puesto que lo que ingresan por ellas está por debajo de todos los umbrales. Así, accederán por bajo nivel de renta de todas formas. Eso sí, excluirles de la lista de pensionistas beneficiados provoca otros efectos: sus límites de consumo -la cantidad de electricidad a la que se aplicará el descuento- es el general y no el específico para pensionistas, más beneficioso.

La CNMC ya criticó en su informe sobre el decreto que se excluyera a estos dos tipos de pensionistas. También criticó que los límites al consumo se aplicarán prorrateando el tiempo de cada factura, es decir: no se aplicará el límite total al final del año, sino que, si se factura un mes, se dividirá entre doce ese límite y se aplicará el descuento solo sobre esa parte.

Eso significa que en épocas de mucho gasto, como en invierno, solo una parte del gasto recibirá el descuento. Además, como puso en relieve la CNMC, las variables en la lectura de contadores -meses que se hacen estimaciones, por ejemplo, afectarán a la parte a la que se aplique el bono social.

¿Quién paga el bono social?

La clave de este modelo está en quién debe sufragarlo. El Gobierno, con este nuevo modelo, insiste en que lo hagan las propias compañías.

Unos 4,5 millones de personas en España están en riesgo de pobreza energética, alrededor de un 10% de la población.

El sistema anterior fue tumbado por el Tribunal Supremo en varias sentencias, que consideraban que las compañías no debían hacerse responsables de esos descuentos tal y como estaban planteados. De hecho, esta misma semana, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicaba en el BOE una orden ministerial que devolvía los descuentos por bono social de 2015 y 2016 a las eléctricas. En 2015, Endesa, Iberdrola y Gas Natural asumieron el 94% del coste del bono social.

Según el propio decreto, unos 4,5 millones de personas en España están en riesgo de “pobreza energética”, alrededor de un 10% de la población.

Buenos días.