El BOE de hoy recoge el anuncio del Tribunal Constitucional (TC) que admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. Como marca la Constitución, y por petición del Gobierno, esta admisión lleva aparejada la suspensión temporal de la norma. Queda así sin efectos hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo de la materia y declare si es constitucional o no, o hasta que, en unos meses, si se retrasa el fallo, decida -o no- levantar esta suspensión.

El Gobierno considera que la norma, que permite el acceso a todas las personas a los servicios sanitarios, con independencia de si tienen los papeles en regla o no, invade sus competencias. La ley fue aprobada por todos los grupos del Parlament menos PP y Ciudadanos hace casi un año, cuando aún era conseller de Sanitat Toni Comín y antes de la aplicación del 155.

Hace solo unas semanas, el director general del Servei Català de Salut, David Elvira, adelantó que iban a desobedecer esta suspensión si se acababa suspendiendo, como al final ha ocurrido. Aseguraba entonces que van a mantener el acceso universal y que cumplen así “el mandato de la OMS”.

No es la primera vez que el Gobierno lleva al TC una norma que permite el acceso al sistema público de salud a todas las personas. Estas leyes, que se han ido aprobando en varios parlamentos autonómicos como respuesta a la reforma estatal de 2012 que vetó el acceso a los sin papeles, han sido recurridas, una a una, por el Gobierno. En enero, el Constitucional tumbó la ley extremeña; poco antes, en diciembre de 2017, había hecho lo mismo con la norma valenciana.

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