El BOE de hoy recoge un decreto que modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública para dar cabida a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el organismo creado por la nueva Ley de Contratos. La norma establece el rango del presidente, que será asimilable a un subdirector general, y las cuatro divisiones -una por cada vocal- entre las que se repartirán las funciones.

Eso sí: llega tarde. La Ley de Contratos, aprobada en noviembre, estableció que la puesta en marcha de los nuevos organismos de control de la contratación entraba en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el pasado 9 de noviembre. Y, a día de hoy, la Oficina no está en marcha.

No es la primera vez que el Gobierno retrasa la aplicación de las reforma de contratación. La Ley de Contratos es la aplicación en España de las directivas europeas aprobadas en 2014. Se aprobó un año y medio después de que se acabara el plazo para su transposición.

El decreto de hoy es el primer paso oficial para su puesta en marcha, casi seis meses después, pero solo uno de ellos. El Gobierno tiene que nombrar al presidente y los cuatro vocales, aprobar los reglamentos internos necesarios y, aún más importante, establecer el presupuesto para la nueva Oficina.

Sin presupuesto

De hecho, una de las modificaciones vía enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público es aquella que estableció que tanto la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación como la Junta Consultiva (que ya existe, pero asume nuevas funciones) contarían con fondos para llevar a cabo sus nuevas funciones. Pero la nueva entidad no aparece nombrada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que ha presentado el Gobierno.

Según el decreto publicado hoy, Hacienda realizará las “modificaciones presupuestarias necesarias” para su puesta en marcha. Eso sí, no sabemos aún ni cuánto dinero se le destinará -y si tendrá su propio presupuesto, aunque todo apunta a que, por el momento, no- ni cuándo empezará a trabajar.

La nueva Oficina contará con cuatro divisiones, una para cada uno de los cuatro vocales: la de Evaluación (que emitirá los informes sobre el estado de la contratación), la de Estrategia de Contratación (que analizará las concesiones), la de Supervisión de la Contratación (que deberá vigilar irregularidades) y la de Estudios, Profesionalización y Formación Especializada (para formar a los funcionarios en la aplicación de la norma).

Un presidente con rango de subdirector nombrado por el Gobierno

La Oficina lleva el concepto “independiente” en su nombre pero, en la práctica, no lo es tanto. Su presidente y los cuatro vocales son nombrados directamente por el Gobierno y no por el Congreso, como ocurre con otras entidades adscritas al Ministerio de Hacienda como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La oficina está adscrita a la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, que dirige Felipe Martínez Rico, hermano del exsocio y ex jefe de gabinete de Montoro.

La Ley no establecía qué rango tendría el presidente de la Oficina. Lo hace el Gobierno, ahora, vía decreto. Tendrá nivel de subdirector general. Dado que depende de una subsecretaría, las posibles opciones estaban entre director general o subdirector. Hacienda ha optado por el rango más bajo.

De hecho, en la misma Subsecretaría sí tienen nivel de subdirector general otros altos cargos como la jefa del gabinete técnico o el director general del Parque Móvil.

Buenos días.