El BOE recoge hoy el inicio del procedimiento para sacar el cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos que aprobó el Gobierno el pasado 31 de agosto, y que da 15 días a la familia para comunicar qué van a hacer con los restos.

El texto marca el inicio de un proceso que, entre consultas a otras administraciones y posibles alegaciones de la familia del dictador, pase lo que pase, caduca en un año. Antes de entonces, el cuerpo debe estar fuera del Valle.

Pero, además, muestra cómo los argumentos que se dan en declaraciones del Gobierno y aquellos que sustentan los textos legales no siempre son los mismos.

Tras el Consejo de Ministros que aprobó el arranque del procedimiento, la Ministra Portavoz, Isabel Celaá, aseguró que “no puede haber ningún mausoleo, en un sistema democrático, erigido para un dictador”. En esa misma línea se ha manifestado el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la Vicepresidenta, Carmen Calvo, en las últimas semanas.

Pero las razones que se incluyen en los textos legales no apuntan de forma directa a que la decisión se base en que Franco fuera un dictador, sino en que no es víctima de la Guerra Civil.

Así, en el Decreto-Ley que aprobó el Gobierno el pasado día 24, aunque sí se nombra a Franco en la exposición de motivos, se elude una alusión directa en el articulado. Lo que establece es que solo permanecerán allí tumbas de víctimas de la Guerra Civil y que el resto serán trasladados. Como Franco no fue víctima de la Guerra Civil, va fuera.

El texto del acuerdo de incoación publicado hoy va un paso más allá en la misma línea, de acuerdo con el Decreto Ley. Pone en marcha la exhumación porque, “consta en Acta Notarial de 20 de noviembre de 1975 su fallecimiento por causas naturales y no tiene, por consiguiente, la condición de víctima de la Guerra Civil española”.

Ninguna de las normas, por tanto, establece de forma directa en su parte ejecutiva que se saque a Franco del Valle de los Caídos porque fue un dictador, sino porque no fue víctima de la Guerra Civil.

Buenos días.