100 millones en ayudas para la compra de vehículos eléctricos, estaciones de recarga, sistemas públicos de bici eléctrica y reformas en las vías públicas
Las ayudas por compra de un vehículo sostenible del plan MOVES II pueden llegar hasta 5.500 euros en el caso de un coche de hasta nueve plazas si se achatarra el anterior y alcanzan los 15.000 en autobuses eléctricos para ayuntamientos.
El BOE de hoy recoge un Decreto que pone en marcha el plan MOVES II, cuyo objetivo es, según el propio texto, fomentar la movilidad sostenible, y que ha cambiado algunos de sus destinatarios para adaptarse a la crisis del coronavirus. Así, además de las ayudas por la compra de un vehículo eléctrico (o a gas en caso de vehículos pesados) y estaciones de recarga, incluye subvenciones para que los ayuntamientos y las empresas pongan en marcha sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, creen carriles bici o fomenten el transporte público, entre otras medidas.
En total, se destinarán 100 millones de euros (frente a los 37,2 que se ejecutaron del anterior plan MOVES), una cantidad que podrá ser ampliada. Buena parte irá a cargo de los fondos Feder. Dependiendo de la ayuda, los destinatarios últimos serán los ayuntamientos, empresas, autónomos, comunidades de propietarios o particulares.
El organismo encargado de coordinar las ayudas será el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), pero serán las comunidades autónomas las que pongan en marcha las convocatorias de cada una de las actividades. Deberán hacerlo en tres meses, y cada convocatoria estará vigente durante un año desde que se abra el plazo. Así, hasta que las comunidades autónomas no publiquen las convocatorias no se podrá empezar a solicitar.
Eso sí, pero solo en el caso de particulares que compren un coche eléctrico a partir de mañana, podrán pedir la ayuda aunque la adquisición sea anterior. En el resto de casos, la compra debe ser posterior a que se convoque y se pida la ayuda. Además, se irán concediendo ayudas por orden de presentación y hasta que se agoten los fondos de cada convocatoria.
El reparto de fondos entre comunidades depende de su población. Así, Andalucía gestionará unos 18 millones, Cataluña unos 16 y Madrid, 14. Y esas cantidades asignadas se repartirán entre las cuatro actividades de este plan: la adquisición de vehículos eléctricos (o a gas en vehículos pesados), la puesta en marcha de estaciones de recarga y de sistemas de bicicleta eléctrica y el “fomento de la movilidad sostenible al trabajo”, que incluye varias posibles acciones.
De 600 a 15.000 euros para la adquisición de vehículos sostenibles
Hasta un 70% de la cantidad asignada a cada comunidad se podrá destinar a ayudas por la compra de vehículos eléctricos (o de gas natural para vehículos pesados). Solo se podrá cobrar por un vehículo en el caso de particulares, pero para ayuntamientos (que también lo podrán usar para la compra de autobuses, por ejemplo) y autónomos ese límite sube hasta 30. Las ayudas van de los 600 euros por la compra de una moto eléctrica hasta los 15.000 euros para autobuses eléctricos.
Si se achatarra un vehículo anterior a 2013 con la ITV en vigor las cantidades son mayores. Así, por ejemplo, un coche eléctrico con autonomía superior a 90 kilómetros, si se retira otro vehículo anterior, puede recibir una ayuda de 5.500 euros. Además, se añaden 750 euros extra si el usuario es una persona con discapacidad y ha adaptado el vehículo a sus necesidades. En el caso de las empresas estas cuantías son algo menores y dependen del tamaño: son más altas en el caso de pymes.
El nuevo vehículo debe matricularse por primera vez en España (o hasta 9 meses antes si ha sido inscrito por un concesionario) y comprarse después de pedir la solicitud, excepto en el caso de los particulares, que podrán pedirla posteriori si compran uno de estos vehículos desde mañana día 18 de junio. También se permite en casos de leasing y renting, pero en este último el alquiler debe ser de al menos dos años. En el caso de coches y furgonetas pequeñas, el concesionario está obligado a hacer un descuento de 1.000 euros sobre el precio de venta.
Puntos de recarga y sistemas de bicicletas eléctricas
La segunda línea de las ayudas, que puede suponer hasta la mitad de la asignación a cada comunidad autónoma, va destinada a la puesta en marcha de puntos de recarga eléctrica por parte de empresas, autónomos y ayuntamientos. También podrá sufragar parte de los gastos de la preinstalación en caso de bloques de viviendas.
Estas ayudas se destinarán tanto a puntos privados (en hoteles, empresas, gasolineras…) como a públicos (en la calle o en un edificio de un ayuntamiento, por ejemplo). La ayuda asumirá hasta el 30% del coste en el caso de empresas y el 40% para el resto de beneficiarios. Y no podrá superar los 100.000 euros por beneficiario.
La tercera está destinada a ayudar hasta con un 30% del coste de la implantación de sistemas de alquiler de bicicletas. Eso sí, solo en el caso de que sean eléctricas. También tiene un tope de 100.000 euros por beneficiario y podrán ponerlo en marcha tanto ayuntamientos como empresas, por ejemplo, en polígonos industriales.
Carriles bici, transporte público y ampliación de aceras
La última pata, a la que las comunidades deberán destinar de forma obligatoria al menos un 10% de su asignación, es la que contempla actuaciones más variadas, todas ellas destinadas a fomentar la movilidad sostenible al trabajo. El máximo por cada beneficiario es de 500.000 euros. Empresas y autónomos podrán solicitarla para sufragar parte de los costes de crear un aparcamiento para bicicletas, vestuarios para cambiarse, autobuses lanzadera plataformas de vehículos compartidos, entre otras medidas.
En el caso de las entidades locales, podrán solicitar esta subvención si fomentan el transporte a pie, en bicicleta o en moto con sistemas de préstamo, adaptación de carriles, actuaciones para calmar el tráfico o para fomentar sistemas para que los camiones no entren en la ciudad, ampliación de aceras o de espacios públicos o creación de carriles bici. También en las actuaciones de transporte público, ya sea poniendo en marcha sistemas multimodales, ampliando carriles para autobuses, mejorando las tarifas o digitalizando sistemas.
En todos estos casos, no podrán acceder las empresas en concurso voluntario o todos aquellos que entren en las categorías incompatibles para recibir subvenciones: condena que lo impida, altos cargos o quienes no estén al día con el pago de impuestos, entre otros.
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