El BOE de hoy recoge un Decreto Ley que modifica varias normas sobre energía. Por una parte, prorroga la obligación de las comercializadoras de aportar financiación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que acababa este año. Así, deberán seguir contribuyendo a este sistema diez años más, hasta 2030.

Por otra, modifica la vigencia de los permisos de acceso y conexión a las redes de distribución de energía para vincularlos a su uso efectivo. Así, los perderán aquellas empresas que no presenten en los plazos establecidos los permisos necesarios para poner en marcha las instalaciones. Y, si no renuncian a ellos, perderán también la garantía que pusieron.

Esta modificación afecta a todos los permisos concedidos desde 2014 y a los que se aprueben a partir de ahora. Además, se simplifica el proceso para que una misma instalación incluya varios tipos de generación de energía siempre que una de ellas sea limpia y se modificará el sistema de retribución de las energías renovables. Eso sí, este último cambio se detallará en un futuro reglamento.

En paralelo, el Decreto Ley permite que el superávit del sector eléctrico se utilice para paliar las bajadas de ingresos de las compañías por culpa de la crisis sanitaria y los cálculos de costes de explotación también tendrán en cuenta el bajón en el consumo energético durante el estado de alarma.

Las estaciones de carga eléctrica de coches de más de 250 kW, de utilidad pública

La norma declara las infraestructuras de carga eléctrica de coches de más de 250 kW de utilidad pública, lo que da facilidades en términos de expropiación de terrenos. La puesta en marcha de este tipo de instalaciones deberá ser aprobada por el Gobierno y se podrán reducir los trámites siempre que no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental.

Otra medida destinada a hacer más sostenible el sector del automóvil es que se aumenta la deducción en el impuesto de sociedades en 2020 y 2021 para las empresas que inviertan en mejoras tecnológicas hasta un 25%. Y permite que amorticen de forma libre todas las inversiones que reduzcan impacto ambiental hasta medio millón de euros y siempre que mantengan la plantilla que tenían en 2019.

En la misma línea, los ayuntamientos podrán gastar hasta un 7% de su superávit en 2019 en la compra de vehículos eléctricos (o, si el tipo no lo permite, con etiqueta ECO) o en la puesta en marcha de estaciones de recarga. Y podrán destinarlos a los servicios de basura, seguridad, protección civil, incendios o transporte de viajeros.

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