El BOE de hoy recoge un Decreto Ley que mezcla varias medidas totalmente distintas. Por un lado, exime buena parte del Ingreso Mínimo Vital del pago de IRPF; por otro, amplía créditos para pagar a los bancos su aportación al Proyecto Castor; y, ya que estamos, da más flexibilidad a las aportaciones a organismos internacionales y a las inversiones subvencionadas en Canarias.

Las rentas mínimas de las comunidades autónomas y las ayudas básicas para alimentación o educación de los ayuntamientos están exentas de IRPF, esto es, de pagar impuestos por recibir esos ingresos, hasta un tope en conjunto de 1,5 veces el IPREM, esto es, 11.279,39 euros anuales. Lo que hace el Decreto Ley de hoy es incluir en ese listado también el Ingreso Mínimo Vital (ImV).

Así, cuando se presente declaración de la renta el próximo año sobre 2020, quienes hayan cobrado esa ayuda no tendrán que pagar impuestos hasta ese tope. Si lo único que se cobra es el IMV, solo lo superan quienes cobran el máximo, 12.183 euros (familias con dos adultos y tres menores, o con tres adultos y dos menores, cuatro adultos y un menor o más grandes). Eso sí, ese tope se aplicará a la suma de todas las ayudas de este tipo recibidas en un año, de forma conjunta. Así, si una persona recibe rentas autonómicas o ayudas locales además del IMV, deberá sumar todos esos ingresos. La cifra final estará exenta del pago del impuesto solo hasta esos 11.279,39.

638 millones extra para pagar a los bancos por el Castor

La norma también amplía en 638 millones la partida presupuestaria destinada a hacer frente a las responsabilidades patrimoniales del Estado. Su presupuesto inicial era de 500 millones, ahora queda en 1.138. El objetivo, según el propio texto, es hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno a devolver a Banco Santander, Caixabank y Bankia los 1.351 millones que aportaron para comprar los derechos de cobro de las indemnizaciones públicas por el cierre del Proyecto Castor.

Y es que, cuando se decidió que dejara de funcionar tras provocar varios temblores, el proyecto pasó de la constructora Escal (participada en su mayoría por ACS) a Enagás, que se quedó con él a cambio de cobrar las indemnizaciones que estableció el Gobierno de Rajoy por el cierre del depósito de gas natural. El plan era que cobrara esas indemnizaciones durante 30 años, y los tres bancos le adelantaron el dinero a cambio de quedarse con ese derecho de cobro. Un derecho de cobro que se fue al traste cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Decreto Ley que aprobaba las indemnizaciones.

Así, ya en octubre de 2020, el Supremo decidió que el Estado debía compensar a Santander, Caixabank y Bankia y devolverle los 1.351 millones que pagaron a Enagás.

En paralelo, el Decreto Ley también incluye mayor flexibilidad para las aportaciones a organismos internacionales, permitiendo que se comprometan créditos de ejercicios posteriores; y da más plazo para ejecutar inversiones en Canarias derivadas de ayudas públicas.

Buenos días.

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