El BOE de hoy recoge la formalización del contrato con Ilunion, del Grupo ONCE, para que se encarguen de gestionar y enviar a la Audiencia Nacional los expedientes de nacionalidad por residencia recurridos. Se adjudicó en agosto de 2020 por unos 120.000 euros para ocho meses, prorrogables por otros seis.

El Ministerio de Justicia acumula un colapso considerable desde hace años en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, que hace que quienes ya tendrían derecho tengan que esperar meses y años para obtener su nacionalidad. En noviembre de 2019, según la propia justificación del contrato tenían 312.000 solicitudes recibidas sin resolver. La cifra podría haber crecido desde entonces, puesto que reciben, de media, unas 90.000 al año.

Si en un año no se ha resuelto la solicitud, algo que pasa constantemente, se entiende que no se admite (silencio administrativo negativo). Y las personas afectadas solo tienen una opción: presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Así, el colapso inicial dentro del Ministerio se traslada a los tribunales. Y supone un coste extra: la gran mayoría de las sentencias dan la razón a quien recurre y la administración tiene que pagar las costas judiciales.

El Ministerio de Justicia recibe más de mil recursos al mes presentados ante la Audiencia Nacional, la gran mayoría por no resolver en plazo

De hecho, cada mes reciben más de mil recursos de este tipo en el Ministerio. Y es entonces cuando tienen que enviar el expediente a la Audiencia Nacional para que lo valore. Ese paso, que podría o debería parecer fácil, no lo es. Y es para el que se ha contratado a Ilunion.

De hecho, los documentos del contrato estiman que se tarda entre una y tres horas en cargar cada expediente y que muchos de ellos están en papel sin digitalizar. Así, entre otras cosas, el trabajo de los siete empleados de Ilunión que formarán parte del contrato también incluye desgrapar, escanear y buscar papeles en carpetas.

Cuando se planteó el contrato por primera vez, en noviembre de 2019 (se anuló y volvió a convocar por un problema en los pliegos), contaban con más de 4.600 expedientes pendientes de remisión a la Audiencia Nacional, con sus miles de requerimientos asociados que avisaban de la imposición de multas de 300 a 1.200 euros por no enviarlos en el plazo máximo establecido, 20 días.

De esos, más de mil no estaban ni dados de alta en la plataforma y estiman que, del resto, un 75% son concesiones. Es decir: están ahí parados y han tenido que ser recurridos pero deberían haber concedido la nacionalidad a la persona solicitante hace tiempo. Y esto hace más de un año: lo más probable es que la cifra de expedientes pendientes de envío a la Audiencia Nacional creciera durante ese tiempo, a unos mil al mes.

Un tapón que no se ha solucionado en años

La memoria justificativa del contrato, el documento que argumenta por qué se recurre a una empresa externa, asegura que se hace por la falta de recursos humanos pero que se trata de un problema “coyuntural”, esto es, que con esto se desatasca y listo.

Pero lo cierto es que el tapón en las solicitudes de nacionalidades por residencia es histórico. Y ninguna de las medidas puestas en marcha en los últimos años (como cambiar el procedimiento, poner a funcionarios a hacer horas extra o privatizar parte del proceso) ha conseguido resolverlo. Han sido parches. Mientras, todos los gobiernos admiten cuando externalizan parte de estos servicios que no tienen suficiente personal en el Ministerio para hacerse cargo de la gran cantidad de solicitudes de nacionalidad por residencia, sumada ahora a las de los sefardíes, que gestiona el mismo departamento.

Así, en 2015 se modificó el sistema para, según la propia norma, agilizar esas tramitaciones. Uno de los avances pasaba por digitalizar el proceso. Pues bien, la plataforma para gestionarlos (GENARES) no estuvo operativa hasta 2018 y solo en parte, como recogen los documentos del contrato.

Buenos días.

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