Interior impide a las mujeres con endometriosis el acceso a la Policía Nacional

Un decreto actualiza el catálogo de exclusiones médicas para los aspirantes que quieran acceder al Cuerpo Nacional de Policía: es la primera vez que la endometriosis figura como veto para quienes deseen ingresar en la Policía Nacional. En años previos, sus exclusiones médicas no incluían esta enfermedad ginecológica.

La medida del Ministerio del Interior es inédita, ya que otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no impiden el acceso a las mujeres con esta patología. Los Mossos d’Esquadra, por ejemplo, vetaron la endometriosis por última vez en 2017, pero en sus convocatorias posteriores -de 2019 y 2021- eliminaron este impedimento. En el caso de la Guardia Civil y el Ejército, sí se contempla la endometriosis como causa de exclusión médica, aunque solo en aquellos casos donde resulte “incapacitante”, matiz que no contempla la norma recién aprobada sobre la Policía Nacional.

De forma habitual, las causas de exclusión médica están reguladas en la normativa sobre el ingreso a determinados empleos públicos, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército o las policías autonómicas, entre otros cuerpos. Con estos vetos se busca que las personas candidatas demuestren un estado de salud idóneo para el puesto al que aspiran. Pero, a veces, las exclusiones médicas contemplan impedimentos desfasados o no adaptados a la evidencia científica disponible, según han criticado en el pasado diversos expertos. Así ocurre también con el veto impuesto ahora por el Ministerio del Interior, según las fuentes consultadas por Civio.

“Es una auténtica barbaridad”, dice Maribel Acién, jefa de la Sección de Ginecología del Hospital Universitario San Juan (Alicante) y profesora de la Universidad Miguel Hernández. “Que la pongan como exclusión general me parece denigrante. La endometriosis afecta a una gran cantidad de población femenina. Es como si dijeran que excluyen a los rubios”, afirma por teléfono. Varias estimaciones apuntan que el 10% de las mujeres en edad fértil padecen endometriosis -unos dos millones de personas en España-, aunque una reciente revisión señala que el porcentaje de afectadas ronda el 1-5%. Para el ginecólogo Juan Antonio García Velasco, “no tiene sentido que la ‘endometriosis’ en general sea motivo de exclusión”. “Muchísimas mujeres tienen la enfermedad, pero a la mayoría no les incapacita. Algunas incluso pueden ser completamente asintomáticas, y otras con un tratamiento médico pueden hacer vida absolutamente normal”, explica el director de IVI Madrid y catedrático de Ginecología de la Universidad Rey Juan Carlos. “No es razonable que una enfermedad tan frecuente, tan diversa y con afectación tan variable se considere de forma universal, está claro que es por falta de información”, afirma.

“Hay muchísimas mujeres que pueden hacer vida normal”, corrobora Emi Escudero, portavoz del colectivo EndoSpain, que agrupa a pacientes con esta enfermedad. En la actualidad, según Acién, no existe un tratamiento que cure la endometriosis, pero es habitual que las afectadas tomen antiinflamatorios, para aliviar el dolor, que puede aparecer en distintos grados. A veces también se prescribe la píldora anticonceptiva, con el fin de que sus niveles hormonales se mantengan relativamente bajos. “Cuando todo ha fallado, puede haber algunos casos que acaben en quirófano”, añade la ginecóloga, que destaca que el porcentaje de pacientes que ven muy condicionada su calidad de vida es bajo, inferior al 3%.

A los problemas que pueden sufrir las mujeres con endometriosis se suma ahora una decisión que, para Emi Escudero, supone “una discriminación absoluta” ya que “deja a muchísimas mujeres fuera”. Además, según la portavoz de EndoSpain, la medida resulta discriminatoria “por la doble vara de medir” de las administraciones públicas. “A las pacientes que están peor, los tribunales médicos les dicen que están aptas para trabajar en cualquier cosa y, sin embargo, en la Policía Nacional directamente te descartan”, critica. “Las mujeres con endometriosis deben tener las mismas oportunidades, deben ser ellas las que decidan acceder o no al cuerpo. De lo contrario se limitan sus derechos”, explica Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. A juicio de esta experta en salud y género, la medida aprobada no es equitativa. Al cierre de este artículo, ni el Gabinete de Prensa del Cuerpo Nacional de Policía ni el del Ministerio del Interior habían respondido a las preguntas de Civio.

La actualización también trae consigo la desaparición de algunas enfermedades del catálogo de exclusiones médicas de la Policía Nacional. Por ejemplo, las jaquecas dejan de ser consideradas como un veto, mientras que el asma bronquial ya no es un impedimento para quienes deseen acceder, salvo en los casos en los que la enfermedad sea persistente, es decir, en aquellos pacientes que sufran crisis asmáticas de manera frecuente. Por último, el decreto también veta a todos aquellos que tengan lentes fáquicas. En la práctica, la medida deja fuera de la Policía Nacional a quienes padezcan problemas visuales, como la miopía, en un alto grado o tengan una córnea muy delgada, de forma que tengan contraindicada la cirugía láser. En estos casos, la operación para corregir la vista consiste en implantar lentes intraoculares, consideradas ahora como causa de exclusión médica para acceder al Cuerpo Nacional de Policía. Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), según publica El Norte de Castilla, la medida es entendible por motivos de seguridad. Menos comprensible resulta la decisión para quienes se han costeado una operación que ronda los 6.000 euros y ahora ven frustradas sus aspiraciones profesionales de la noche a la mañana.