El BOE de hoy recoge un Decreto ley con rebajas de algunos impuestos que afectan a la factura de la luz. Así, desde el sábado 26 de junio, el IVA de la energía eléctrica baja del 21 al 10% para todos los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW, ya sean particulares o empresas. Y se mantendrá en ese 10% hasta fin de año, siempre que el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros por MWh. En junio, por ejemplo, está superando -y mucho- los 80 euros.

Si baja de esos 45 euros, la medida dejará de aplicarse de forma general a toda la población, pero se mantendrá hasta final de año para los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, una categoría creada para distinguir a una parte de las personas que tienen derecho al bono social, los que están en una situación más difícil. Pero, eso sí, no se aplicará a los que están clasificados solo como vulnerables, aunque también reciba la ayuda del bono social.

En paralelo, la norma suspende durante tres meses el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Según el Gobierno, esta suspensión también repercutirá en la factura final de los consumidores.

Además de estas dos medidas para rebajar la factura de la luz, que ha alcanzado precios desorbitados en los últimos meses, la norma aprovecha para modificar otras leyes, como las que tienen que ver con instalaciones de energía en el mar, cobro de cánones de agua o la necesidad de autorización de inversiones extranjeras en empresas clave.

Por un lado, prorroga hasta fin de año (acababa el 30 de junio) la obligación de que el Gobierno autorice inversiones relevantes de empresas extranjeras, aunque sean europeas, en empresas cotizadas o si la inversión supera los 500 millones.

Además, desde hoy y hasta que se reforme el sistema, no se aceptarán solicitudes de nuevas autorizaciones para algunas instalaciones de generación de energía eléctrica en el mar. E incluye entre los criterios a valorar en los concursos de acceso a la red eléctrica aquellos socioeconómicos y ambientales.

Otra modificación incluida en el texto publicado hoy permite que los organismos de cuenca cobren los cánones durante el mismo año al que se refieran, y que no tengan que esperar al año siguiente para liquidar esos derechos.

El Decreto ley incluye, además, un aumento del límite de deducción del impuesto de sociedades para inversiones en producciones de cine, series o de espectáculos en Canarias, que pasa de 5,4 a 12,4 millones.

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