El BOE publica hoy un decreto ley mediante el que se establece un tipo de contrato indefinido dirigido al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta modalidad, que recibe el nombre de contrato de actividades científico-técnicas, servirá para contratar a personas que realicen tareas vinculadas a líneas de investigación o se encarguen de servicios científico-técnicos, incluida la gestión científico-técnica de dichas líneas. Estos contratos no estarán sujetos a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Quienes disfruten de este nuevo tipo de contrato tendrán derecho a indemnización en el caso de que la relación laboral finalice. Además, la norma exige que las personas que sean contratadas con esta modalidad dispongan de un título académico (técnico, técnico superior, licenciatura, ingeniería o arquitectura, incluyendo las técnicas, diplomatura, grado, máster o doctorado). En todo caso su contratación debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia.

Por otra parte, los contratos no tendrán que ser autorizados de forma previa en el caso de que estén vinculados a financiación de carácter externo o que proceda de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva en su totalidad. El decreto-ley, que entra en vigor hoy, con su publicación en el BOE, da luz verde a que se formalicen estos contratos en los organismos públicos de investigación, como el CSIC, en universidades públicas, en los consorcios y fundaciones públicas, así como en centros del Sistema Nacional de Salud y fundaciones y consorcios de investigación biomédica.

La aprobación de este decreto-ley llega después de la reciente entrada en vigor de la reforma laboral, que, entre otras medidas, eliminó los contratos de obra y servicio. Un gran número de personas que trabajaban en el ámbito de la ciencia tenían este tipo de contratos, asociados a proyectos de investigación, por lo que, una vez que estos últimos terminaban, podían ser despedidas. En muchos casos, tiempo después, volvían a ser contratados dentro del mismo grupo de investigación, encadenando contratos temporales durante años, lo que implicaba una gran precariedad laboral.

Aunque el proyecto de ley para reformar la vigente Ley de la Ciencia incluía el establecimiento de esta modalidad de contratación indefinida, lo cierto es que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria y aún quedaban meses para que pudiera ser aprobada. En la práctica, por tanto, la entrada en vigor de este decreto-ley adelanta el establecimiento de esta figura contractual. Las recientes medidas permitirán abordar la elevada tasa de temporalidad en la ciencia española, que en algunos organismos, como el CSIC, según datos de Comisiones Obreras, rondan el 40% de la plantilla.

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